domingo, 15 de noviembre de 2026

LABORAL / CONDICIONES DE TRABAJO. España. Nuevos derechos.

Elisa Cardona, abogada, avisa a los trabajadores: "Hay 4 nuevos derechos laborales que puedes exigir a tu empresa desde octubre"

La nueva regulación refuerza el derecho a conocer ciertas condiciones del puesto de trabajo y de las nóminas

Los derechos laborales son una de las principales herramientas de protección de los trabajadores frente a posibles abusos o decisiones empresariales que puedan perjudicar sus condiciones de empleo. Conocer qué obligaciones tiene la empresa, qué información debe facilitar y cómo debe comunicar cualquier cambio resulta fundamental para evitar situaciones de indefensión. Sin embargo, muchos empleados desconocen que tienen derecho a recibir explicaciones por escrito sobre aspectos tan importantes como sus horarios, sus retribuciones o las condiciones que regulan su relación laboral.

Horarios por escrito

Elisa T. Cardona, abogada, explica los cuatro derechos laborales que pueden exigir los trabajadores desde el 5 de octubre. El primero está relacionado con la información sobre los horarios, los turnos, las vacaciones y el convenio colectivo. Si una persona ya trabajaba en la empresa antes de esa fecha y no dispone de todos estos datos por escrito, puede solicitarlos. La compañía tendrá un máximo de 30 días hábiles para facilitar la información pendiente desde que reciba la solicitud.

Salario

El segundo derecho tiene que ver con el salario y la forma en la que se calcula. Las empresas deberán informar de manera clara sobre el sueldo base, los complementos salariales, su periodicidad y los criterios utilizados para calcular las cantidades variables. Esto incluye las comisiones, los incentivos y cualquier otro concepto que dependa de objetivos o condiciones específicas.

Sistemas automatizados

El tercer derecho está relacionado con el uso de algoritmos y sistemas automatizados en las empresas. Cada vez más compañías utilizan herramientas tecnológicas para organizar las plantillas, distribuir turnos, evaluar el rendimiento o intervenir en decisiones relacionadas con los salarios y los ascensos. La nueva normativa obliga a informar sobre la existencia de estos sistemas cuando se empleen para tomar decisiones que afecten a las condiciones laborales. Además, la información debe incluir las pautas, los criterios y las reglas de funcionamiento que utilizan. "Si tu empresa utiliza sistemas automáticos para decidir turnos, salarios, ascensos o incluso el despido, debe informarte de que los está utilizando y cómo funciona realmente", advierte.

Modificar condiciones laborales

El cuarto derecho es especialmente importante cuando la empresa pretende modificar las condiciones laborales de sus empleados. Si se producen cambios en aspectos como la jornada, los horarios, los turnos o el salario, la compañía debe comunicar por escrito las modificaciones que correspondan y explicar las condiciones afectadas."Si la empresa modifica tus condiciones, tales como horarios, turnos o salarios, debe informarte por escrito con una antelación mínima de 15 días y justificándolo adecuadamente". No obstante, conviene distinguir entre la obligación de informar sobre los cambios y los plazos legales aplicables a cada modificación.


LABORAL / CONDICIONES DE TRABAJO. Iberoamérica. Nuevas medidas y derechos para los artistas.

¿Cambiarán los derechos laborales de los artistas? Iberoamérica acuerda nuevas medidas

Ricardo Quiroga
dom, 8 de noviembre de 2026, 7:00 p.m. GMT-3

¿Qué pasaría si los artistas, músicos, escritores, intérpretes, creadores independientes y demás trabajadores de la cultura pudieran acceder a mecanismos de seguridad social adaptados a sus condiciones laborales, muchas veces caracterizadas por los ingresos intermitentes, los contratos temporales o la ausencia de un empleador fijo?

Esta discusión, que durante décadas ha acompañado las demandas de los gremios artísticos, comienza a tomar forma en una nueva agenda de cooperación internacional.

Durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, se anunció la aprobación de la Carta Iberoamericana de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura, un instrumento que busca establecer bases comunes para mejorar las condiciones laborales, económicas y de protección social de quienes se dedican a las actividades culturales.

La iniciativa, impulsada por la OEI, en alianza con la AECID y con apoyo de la UNESCO, plantea una hoja de ruta para que los países de la región revisen sus políticas públicas y, eventualmente, sus marcos legislativos.

Sin embargo, hay una precisión fundamental: la aprobación de la Carta no significa que los artistas iberoamericanos adquieran automáticamente nuevos derechos laborales o prestaciones. Su alcance es orientador y su implementación dependerá de las medidas que adopte cada Estado.

¿Qué derechos están sobre la mesa?

La elaboración del documento comenzó en 2024 y contó con aportaciones de gobiernos, organismos internacionales, especialistas e instituciones culturales.

En marzo pasado, la OEI informó que la propuesta se estructuraba en 12 capítulos, 82 artículos y 387 medidas, formuladas para atender las particularidades de un sector en el que predominan modalidades de trabajo que no siempre encuentran respuestas adecuadas en los sistemas tradicionales de protección laboral.

Entre los principales ámbitos de intervención se encuentran los derechos laborales, el acceso a la seguridad social, la protección de los derechos de autor y conexos, así como los regímenes tributarios aplicables a los profesionales de la cultura.

Por ejemplo, se busca propiciar mecanismos que consideren los ingresos irregulares de los trabajadores independientes, la alternancia entre periodos de empleo y desempleo, y las dificultades que estas circunstancias generan para acceder a servicios de salud, pensiones o prestaciones.

El proyecto también contempla herramientas de seguimiento para facilitar que los países adopten progresivamente sus recomendaciones.

No se trata, sin embargo, de una discusión completamente nueva. En 1980, la UNESCO aprobó la Recomendación relativa a la Condición del Artista, que ya exhortaba a los Estados a reconocer las particularidades económicas y sociales de la creación artística.

La nueva iniciativa iberoamericana busca dar continuidad regional a esos principios mediante un conjunto más detallado de orientaciones para las políticas públicas.

De manera paralela, la Cumbre también respaldó la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada originalmente en 2006, para incorporar desafíos contemporáneos relacionados con los derechos culturales, la transformación digital, la inteligencia artificial, la diversidad y la sostenibilidad.

¿Qué podría cambiar para los artistas mexicanos?

El acuerdo abre una discusión relevante para México, donde una parte del trabajo cultural se desarrolla mediante proyectos temporales, contratos por honorarios, actividades independientes o esquemas de ingresos variables.

Una eventual incorporación de las recomendaciones podría motivar la revisión de mecanismos de afiliación a la seguridad social, las condiciones de contratación, los derechos de remuneración y el tratamiento fiscal de las actividades artísticas.

Por ahora, no se ha anunciado un calendario de reformas mexicanas derivadas de la Carta ni compromisos legislativos específicos para su aplicación. No obstante, la discusión ya tiene antecedentes concretos en el país. Esta misma semana, durante un seminario organizado por la OEI y la UACM, especialistas abordaron las dificultades de protección social de los trabajadores culturales y plantearon la conveniencia de contar con registros e información que permitan dimensionar las necesidades del sector.

En el plano regional, la OEI anunció previamente asistencia técnica a Bolivia y Panamá para diseñar mecanismos de implementación de las medidas de la Carta, lo que representa una primera vía de acompañamiento institucional.

La versión íntegra del documento aprobado todavía no se encontraba disponible públicamente en los portales institucionales consultados, por lo que resta conocer el alcance definitivo de sus disposiciones y los mecanismos previstos para su seguimiento.

Así, la aprobación de la Carta representa, por ahora, un reconocimiento político regional de las condiciones particulares del trabajo artístico. El siguiente paso, y posiblemente el más importante para los creadores, será determinar qué países traducirán estos principios en leyes, presupuestos y prestaciones efectivamente accesibles.

sábado, 14 de noviembre de 2026

LABORAL / PREVISIONAL. Argentina. La CFSS declaró inconstitucional el aumento a jubilados durante el gobierno de Alberto Fernández.

La Justicia declaró inconstitucional el aumento a jubilados durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió en una demanda contra ANSES que el mecanismo de la Ley 27.609 causó una pérdida adquisitiva del 46,83%











La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley 27.609 que fue sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández.

El tribunal analizó una demanda particular contra ANSES y concluyó que ese mecanismo de cálculo provocó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83%. En consecuencia, ordenó recalcular el haber del danmificado y pagar las diferencias que surjan de la liquidación.

El fallo, firmado por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque, comparó el resultado acumulado de ambos esquemas y determinó que, con el índice cuestionado, las prestaciones aumentaron un 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, mientras que con el parámetro basado en la variación de precios habría alcanzado 1.129,07%.

La Cámara de Seguridad Social indicó que la fórmula prevista en la Ley 27.426 equivale a 70% de inflación y 30% de evolución salarial medida por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Desde entonces, el cálculo deberá enlazarse con el régimen de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024.

Esta sentencia no define que ANSES deba ajustar automáticamente los haberes de todos los jubilados, pero abre un camino para aquellos que promuevan su propio reclamo judicial. Asimismo, el futuro de esta decisión dependerá del criterio que apliquen los tribunales superiores, en el caso de una apelación.

El abogado previsionalista Adrián Trocoli precisó que el demandante de esta causa ya había ganado otro juicio al ANSES, cuando reclamó que el haber inicial había estado mal calculado al incorporarse al régimen.

Por otro lado, explicó que “para quienes se jubilaron antes del 2020 y que no cobran bono de 70 mil pesos que refuerza la mínima, es decir que reciben haberes medios y altos, podría implicar un aumento del 70% de su percepción”. A su vez, recordó que la Corte Suprema ya definió que en materia previsional deberá resolverse caso por caso.

La resolución

El tribunal sostuvo que “la validez constitucional de una norma no es un atributo estático que queda sellado al momento de su sanción”.

Indicó que la Ley 27.609 estableció actualizaciones trimestrales sobre la base de la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria destinada al sistema previsional. A diferencia de los regímenes anterior y posterior, no incorporó una pauta inflacionaria ni un piso que evitara la pérdida del valor real de los haberes.

En esa línea, consideró que ese diseño mostró sus límites cuando se aceleró la suba de precios a partir de 2022. Añadió que la fórmula “no merecía reproche al tiempo de su sanción” y que, durante su etapa inicial, acompañó la evolución del costo de vida, pero señaló que luego produjo un desfasaje sostenido.

El tribunal también consideró que los bonos, refuerzos y ayudas extraordinarias, a los que definió como subsidios asistenciales, no podían incorporarse a la comparación, porque no están integrados al haber ordinario ni tuvieron alcance sobre toda la pirámide previsional.

La sentencia remarcó que “la aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios”, afirmó el voto que integró la decisión.

La decisión se convirtió en el segundo antecedente judicial que declara inconstitucional la fórmula de movilidad prevista por la Ley 27.609, luego del fallo de la Cámara Federal de Mendoza que lleva más de un año en la Corte Suprema de Justicia.

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LABORAL / RENUNCIA. Costa Rica. Responsabilidad patronal en un caso de Acoso Laboral.

Sentencia en torno a la renuncia con responsabilidad patronal, en un caso de Acoso Laboral

Desde la promulgación del Código de Trabajo costarricense, se dejó estipulado, la posibilidad de que la parte trabajadora, pudiera dar por rota la relación laboral, con responsabilidad patronal, cuando ocurriera lo que se conoce doctrinariamente como despido encubierto (artículo 83), es decir, cuando el patrono incurra en cualquier falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato; por ejemplo, cuando no pague en tiempo y lugar convenidos la remuneración; acuda en forma reñida con la moral, propalando injurias, calumnias o a las vías de hecho, etc.

Por su parte el artículo 84, textualmente dispone: “Por cualquiera de las causas que enumera el artículo anterior podrá el trabajador separarse de su trabajo, conservando su derecho a las indemnizaciones y prestaciones legales. Tampoco incurrirá en responsabilidad alguna, salvo la de pagar el importe del preaviso y la de carácter civil que le corresponda, si posteriormente surgiere contención y se le probare que abandonó sus labores sin justa causa”.


Como se puede entender, aquí no se está ante una simple renuncia por parte de la persona trabajadora, sino ante una renuncia, producto de un hecho que atenta contra sus intereses en general, con causas justas que la facultan a dar por terminado la relación laboral, al volverse insostenible la continuidad, ubicándose la persona en una difícil posición, ya que, al no tomar la decisión, se mantendría en el empleo a costa de la vulneración de sus derechos. En estos casos, la terminación no es, entonces, imputable a la persona empleada, aunque sea una acción suya la que le haya dado efectividad, sino que tiene su causa en la una acción u omisión de la empleadora, atentando en contra de los principios generales que deben reinar en una relación laboral, sea esta de empleo público como privado.

Ahora bien, hay una sentencia de la Sala Segunda de la Corte (no. 02804-2025), en donde viene a discernir el caso de una persona servidora pública, que renuncia con responsabilidad patronal, tras haber indicado que enfrentó situaciones de maltrato y hostigamiento, sin embargo, no logró probar la existencia del acoso laboral, o "mobbing", según los criterios establecidos por la ley.


Ya que ha dicho este ente máximo de lo laboral, que, bajo los principios de buena fe, lealtad, comunicación oportuna, legalidad, cuando se considere que hay un despido encubierto originado por la parte patronal, debe probarse, es decir, tiene la parte trabajadora, la carga procesal de demostrar, a efecto de poder valorarse, si son lo suficientemente graves como para justificar el rompimiento de la relación con culpa patronal, por ende con las indemnizaciones correspondientes, conforme a la legislación patria.


Así, resulta crucial señalar que la sentencia resalta la insuficiencia de pruebas presentadas por la actora. A pesar de que existieron situaciones de maltrato, estas no fueron suficientemente documentadas ni vinculadas a un patrón de acoso laboral que justificara su renuncia.


Entonces, en el marco de esta sentencia, se abre un debate fundamental sobre el acoso laboral y la renuncia con responsabilidad patronal, por parte de la persona acosada, dentro de la temática del material probatorio. Tema que tanto los asesores laborales, como las autoridades públicas, deben tomar en cuenta a la hora de aconsejar o resolver un caso, dentro de un estado de seguridad jurídica.


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LABORAL / CONDICIONES DE TRABAJO. Chile. Reforma regresiva de Kast.

Reforma laboral de Kast: Los cambios a contratos por hora, horarios flexibles y Ley de 40 Horas

09 Noviembre 2026
El Gobierno de José Antonio Kast prepara una reforma laboral con contratos por hora, horarios flexibles y cambios en la distribución de las 40 horas. Revisa qué propone, cómo afectaría a trabajadores y empleadores y cuándo podría aplicarse.



¿Trabajar más horas una semana y menos la siguiente? ¿Tener un contrato por horas o elegir horarios más flexibles? Estas son algunas de las modificaciones que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast busca impulsar en Chile mediante una agenda de reformas laborales que contempla nuevas modalidades de contratación, cambios en las jornadas de trabajo y mayores posibilidades de adaptación para las empresas y sus trabajadores.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, adelantó durante los primeros días de noviembre de 2026 que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley con aproximadamente 10 a 11 medidas de adaptabilidad laboral, que sería presentado al Congreso durante las próximas semanas. La iniciativa forma parte de una agenda más amplia denominada "Empleo 360", cuyo objetivo es facilitar la contratación formal y contribuir a reducir el desempleo.

Sin embargo, los cambios todavía no están todos aprobados ni comenzarán a aplicarse inmediatamente. Algunas iniciativas, como los contratos por hora y la flexibilización de la distribución de las 40 horas, ya se encuentran en discusión legislativa, mientras que otras propuestas todavía están siendo elaboradas por el Ministerio del Trabajo.

Contratos por hora: ¿cómo funcionarían y cuánto se pagaría?

Una de las propuestas que ha generado mayor interés es la creación de contratos laborales por hora, con un máximo de 30 horas semanales o 120 horas mensuales. Esta modalidad permitiría que trabajadores y empleadores acuerden una determinada cantidad de horas, distribuyéndolas según las condiciones establecidas en el contrato.

El proyecto, correspondiente al Boletín 11929-13, fue presentado originalmente en 2018 y retomó su tramitación en el Senado durante 2026, luego de que el Gobierno de Kast le otorgara urgencia simple. La iniciativa busca incorporar una nueva modalidad de jornada parcial al Código del Trabajo, manteniendo derechos laborales y obligaciones previsionales.

Entre las condiciones propuestas se establece que el empleador deberá informar los turnos con al menos 24 horas de anticipación, mientras que el trabajador tendrá derecho a un descanso continuo mínimo de 12 horas dentro de cada periodo de 24 horas. Los contratos podrían celebrarse a plazo fijo, indefinido o por obra o faena determinada.

Respecto de las remuneraciones, el proyecto contempla que el valor de cada hora trabajada sea superior al doble del valor hora correspondiente al ingreso mínimo mensual. Utilizando como referencia el sueldo mínimo de $553.553 señalado por el Ministerio del Trabajo, la remuneración mínima por hora sería de al menos $6.151, según el cálculo presentado por la cartera.

Además, si el empleador no utiliza todas las horas contratadas durante el periodo acordado, el trabajador conservaría el derecho a recibir una remuneración equivalente, como mínimo, al 75% de las horas pactadas. La iniciativa también contempla cotizaciones para pensiones, salud y seguro de cesantía, junto con los demás derechos laborales correspondientes.

¿Qué cambios propone Kast a la jornada laboral de 40 horas?

Otra de las modificaciones más relevantes apunta a la Ley N° 21.561, conocida como Ley de 40 Horas. El Gobierno ha planteado flexibilizar la manera en que se distribuye y calcula la jornada semanal, sin modificar el objetivo de alcanzar las 40 horas de trabajo semanales establecido por la legislación.

Actualmente, la reducción de la jornada se encuentra en su segunda etapa: desde abril de 2026, la jornada ordinaria máxima es de 42 horas semanales. El calendario vigente establece que la disminución continuará hasta llegar a las 40 horas semanales en abril de 2028.

La propuesta del Ejecutivo busca ampliar de cuatro a 16 semanas el periodo sobre el cual se puede calcular el promedio de horas trabajadas. De aprobarse, esto permitiría distribuir las jornadas de manera diferente entre determinadas semanas, siempre respetando el promedio y los límites que establezca la normativa definitiva.

En el sector turismo, el Gobierno también ha planteado la posibilidad de extender hasta 52 semanas el periodo de cálculo, considerando que actividades como la hotelería y los servicios turísticos enfrentan temporadas de mayor y menor demanda de trabajadores.

El ministro Tomás Rau ha defendido estas modificaciones señalando que no buscan eliminar la reducción de la jornada laboral, sino cambiar la forma en que se organizan las horas. Por lo tanto, no corresponde afirmar que las 40 horas serán derogadas o que todos los trabajadores deberán cumplir jornadas semanales más extensas.

Horarios flexibles, teletrabajo y contratos a prueba: otras propuestas

La agenda laboral también contempla mayor flexibilidad para el teletrabajo, las modalidades híbridas y las bandas horarias. Estas medidas buscan permitir una organización distinta de las jornadas, especialmente en actividades donde no siempre resulta necesario mantener horarios presenciales tradicionales.

Entre las propuestas en preparación se encuentra la creación de contratos a prueba, que permitirían evaluar inicialmente la relación laboral y contemplarían condiciones especiales para su término durante ese periodo. Sin embargo, todavía deben definirse aspectos fundamentales, como su duración, requisitos y mecanismos de protección de los trabajadores.

También se estudia ampliar la edad máxima para acceder a contratos de aprendizaje, actualmente establecida en 21 años. El Gobierno ha mencionado como referencia experiencias internacionales donde esta modalidad se extiende hasta los 25, 28 o 30 años, con el objetivo de facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral.

Otras iniciativas consideran modificaciones relacionadas con la polifuncionalidad, las jornadas excepcionales, el trabajo híbrido y las condiciones de contratación. El Ejecutivo también analiza la factibilidad de avanzar hacia un mecanismo de indemnización a todo evento, aunque esta última alternativa continúa en evaluación y no constituye una modificación aprobada.

¿Quiénes podrían beneficiarse con la reforma laboral?

Según el enfoque presentado por el Gobierno, los cambios buscan generar oportunidades principalmente para jóvenes, estudiantes, mujeres con responsabilidades de cuidado y personas que actualmente trabajan de manera informal. La posibilidad de acceder a contratos de menor duración o distribuir horarios podría facilitar su incorporación al empleo formal.

Los empleadores también podrían acceder a mecanismos de contratación más adaptables a sus necesidades productivas, particularmente en sectores como comercio, gastronomía, hotelería, turismo, eventos y servicios, donde la demanda laboral puede variar durante el año.

Sin embargo, las propuestas también abren interrogantes sobre sus consecuencias para los trabajadores. La distribución variable de las jornadas podría dificultar la planificación de la vida familiar y personal si no existen mecanismos adecuados para garantizar descansos, ingresos suficientes y anticipación en la comunicación de turnos.

En el caso de los contratos por hora, otro aspecto relevante será comprobar si la nueva modalidad efectivamente permite formalizar empleos o si podría utilizarse para reemplazar puestos con jornadas y remuneraciones más estables. La discusión legislativa deberá determinar qué garantías serán necesarias para evitar eventuales abusos.

¿Cuándo comenzarán a regir los cambios laborales?

Por ahora, no existe una fecha única de entrada en vigencia para las modificaciones anunciadas por el Gobierno de Kast. Los proyectos que actualmente se encuentran en el Congreso deben completar su tramitación legislativa, mientras que las medidas todavía en preparación deberán ser presentadas formalmente antes de iniciar su discusión.

El ministro Tomás Rau anunció que el nuevo paquete de adaptabilidad laboral sería ingresado durante noviembre de 2026, aunque el contenido definitivo dependerá del texto que presente el Ejecutivo. En consecuencia, las condiciones actuales de contratación, remuneraciones, descansos y jornadas laborales continúan aplicándose conforme a la legislación vigente.

La discusión también será relevante para las pequeñas y medianas empresas, que deberán evaluar cómo podrían cambiar sus sistemas de turnos y contratación si las propuestas avanzan. En tanto, los trabajadores tendrán que conocer las condiciones de cada modalidad antes de suscribir nuevos acuerdos laborales.

De esta manera, la reforma laboral que prepara el Gobierno de José Antonio Kast plantea una pregunta central para el futuro del empleo en Chile: ¿más flexibilidad significará mejores oportunidades de trabajo o mayor incertidumbre para quienes dependen de un sueldo? La respuesta dependerá tanto de las condiciones que establezcan las futuras leyes como de su aplicación y fiscalización. Porque modernizar el mercado laboral no consiste únicamente en mover las horas de un calendario, sino también en determinar quién tendrá el control sobre ese tiempo.


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LABORAL / DESPIDO. Argentina. CSJN aplicar la nueva ley laboral para indemnizaciones de juicios en trámite.

Corte Suprema anti obrera: ordenó aplicar la nueva ley laboral para indemnizaciones de juicios en trámite

El máximo tribunal dejó sin efecto ocho sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían dispuesto actualizar créditos laborales mediante el IPC más un interés del 3% anual. Ordenó dictar nuevos pronunciamientos conforme a las pautas establecidas en la Ley de Modernización Laboral 27.802.


























En el acuerdo de este jueves 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto ocho resoluciones de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que disponían la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual para la actualización de los créditos laborales y ordenó el dictado de nuevos fallos conforme al régimen de actualización previsto en la Ley de Modernización Laboral.

Para hacer posible el reajuste de los créditos, la Cámara en sus decisorios declaró la inconstitucionalidad de las leyes N.° 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria, por variación de costos o por cualquier otra forma de repotenciación de las deudas. La Corte recordó que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de resolver, incluso cuando se hayan producido modificaciones normativas durante la tramitación del proceso.

En ese sentido, entendió que, en virtud de la operatividad del artículo 55 de la Ley N° 27.802, en tanto establece taxativamente los criterios en materia de ajuste de créditos aplicables a las causas laborales sin sentencia definitiva firme, resultaba inoficioso un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las leyes mencionadas.

El artículo 55 de la reforma establece que los créditos laborales de juicios que se encontraban en trámite y pendientes de sentencia definitiva al momento de su entrada en vigencia deben actualizarse mediante intereses moratorios calculados con la tasa pasiva que determine el Banco Central para cada período. A su vez, establece que el resultado no podrá ser superior al importe que surja de la actualización del capital original por IPC, más un interés del 3% anual; y que no podrá ser inferior al 67% del cálculo obtenido al aplicar las pautas del tope máximo.

Finalmente, el tribunal recordó que, según la normativa, estas disposiciones “son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte […]”.

En consecuencia, dejó sin efecto las sentencias apeladas en lo pertinente y devolvió las actuaciones para que se dicten nuevos pronunciamientos conforme al régimen legal vigente.

Así, la decisión establece un criterio de aplicación de la reforma laboral sobre los procesos judiciales en trámite que reúnen las condiciones previstas en el artículo 55, en los que deberá observarse el mencionado mecanismo de actualización, con su tope máximo y su piso mínimo.


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LABORAL / MERCADO DE TRABAJO. Argentina. Los esclavistas proponen diálogo social.

Visita del Papa. Las grandes patronales que impusieron la reforma laboral esclavista ahora proponen “diálogo nacional”

Son los grandes empresarios agrupados en la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, los grandes bancos y la Unión Industrial Argentina. Bancaron el ajuste brutal de Milei y siguen sosteniendo un proyecto que hunde a millones en la pobreza. Ahora, ante la debilidad política del presidente, buscan un acuerdo para seguir saqueando el país.



Las grandes patronales argentinas celebran la venida del Papa y al mismo tiempo buscan la forma de seguir sosteniendo el plan de esclavizar a la clase trabajadora y al pueblo pobre. En un comunicado que circuló ayer domingo, el llamado Grupo de los 6 -agrupa a la UIA, la Rural, bancos, las cámaras de la construcción y la Bolsa de Comercio- dijo que la visita puede ser una “oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no: la de preguntarnos qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”.

Enseguida, el cinismo escala a límites no vistos antes. Los mismos grandes empresarios que despiden, precarizan la condiciones laborales, cierran empresas y dejan en la calle a cientos de miles de familias hablan de “la dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común”.

Los impulsores de la reforma laboral esclavista que ataca el derecho de huelga, facilita los despidos y revienta conquistas laborales históricos se animan a decir que coinciden con el papa en que “el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”.

Las patronales que aplaudieron la represión brutal que impuso la Ley Bases y la Reforma laboral dicen que “la empresa, además de ser una organización que produce bienes y servicios, es principalmente una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias”.

Las mismas empresas que bancan al Milei que vetó y desconoce la Ley de Financiamiento universitario dicen querer “una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen”.

El cinismo descarado tiene una explicación: el gobierno de Milei está cada vez más débil. Tras las desastrosas derrotas de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, se queda sin aliados internacionales y se cae su discurso acerca de los “éxitos” de la ultraderecha. Eso, en el marco de una crisis económica y social aguda que está hundiendo las condiciones de vida de la inmensa mayoría del pueblo trabajador.

De la mano de la Iglesia Católica —histórica aliada del gran poder económico en la Argentina— los grandes empresarios proponen “dialogar”. Es la forma de sostener a un gobierno en crisis para que sigan avanzando los planes de ajuste severos. La propuesta que harán, cuando termine la visita del papa es una “mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno. Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer".

Ese “pacto social” no cuestiona ni cuestionará la reforma laboral esclavista. No cuestiona ni cuestionará la Ley Bases. No cuestiona ni cuestionarán la deuda ilegal y odiosa que hunde al país desde hace décadas y lo seguirá haciendo si no se desconoce y rompe con el FMI.

El dato fundamental a tomar en cuenta: esto vuelve a confirmar la debilidad del Gobierno. Confirma que se puede enfrentar y derrotar toda su política de ajuste. Con la más amplia movilización desde cada lugar de trabajo, de estudio y cada barriada. Preparando el camino para barrer este modelo esclavista, que se apoya en la reforma laboral que impusieron estas patronales, parte del peronismo votó y la CGT pactó. Es preciso organizarse desde abajo para imponerles a esas mismas centrales traidoras el paro nacional y un plan de lucha que vayan en el camino de la necesaria huelga general. De preparar una rebelión para tirar abajo todo este plan de ajuste.