Feriados irrenunciables: Porque esto no es solo economía, es poder
Debilitar este derecho no es un ajuste técnico, es un cambio profundo en la relación entre trabajo, vida y familia. Y aquí es donde aparece una de las contradicciones más evidentes de este grupo de gobernantes y legisladores. Los mismos que pertenecen a sectores que se presentan como defensores de la familia, del tiempo compartido, de los valores tradicionales; son los que impulsan medidas que, en la práctica, implican que cientos de miles de personas trabajen precisamente en esos momentos donde esa vida familiar podría ocurrir.
No todos los derechos nacieron en el Congreso ni en una mesa técnica; la mayoría nació desde abajo, de jornadas que no terminaban nunca, de sueldos que no alcanzaban, de vidas donde el tiempo no era propio, de la experiencia misma del abuso. Nacieron cuando al trabajador no se le preguntaba nada, cuando su cuerpo y su tiempo estaban completamente disponibles para otro. Nacieron cuando decir “no” no era una opción real.
Por eso los feriados irrenunciables no son un detalle administrativo ni una anomalía del calendario anual. Son una conquista histórica. Son una línea que se trazó después de décadas de desigualdad, de organización, de protesta, de desgaste.
Los feriados irrenunciables son de esos pocos momentos donde la sociedad en su conjunto dice, sin ambigüedades: “hay días en que el trabajo se detiene”, y no porque el mercado lo decida, sino porque la vida lo necesita. Sin embargo, hoy la derecha -sin miedo y sin vergüenza- quiere correr esa línea.
Y no de manera frontal, sino estratégica, ningún político en su sano juicio dirá que serán quitados los derechos de los trabajadores. Por ende, actuar de manera más sofisticada y silenciosa es el juego perfecto para este nuevo gobierno: mantener el feriado, pero vaciarlo de contenido.
Debilitar al “asalariado” es uno de sus objetivos, y esto hay que decirlo con todas sus letras. La derecha no busca eliminar el feriado, busca la desprotección, la letra vacía, que ese descanso vuelva a depender de la necesidad del trabajador. Se habla de libertad, de crecimiento, de modernización. Se construye un relato donde el problema parecería ser una regulación rígida que impide que la economía funcione mejor. Pero cuando uno se detiene a mirar los datos, la historia es otra.
En Chile existen cinco feriados irrenunciables al año. Cinco días en total. Eso equivale aproximadamente a un 2% del calendario laboral. No estamos hablando de una carga estructural para la economía, ni de un obstáculo significativo para el crecimiento. De hecho, cuando se revisan las estimaciones disponibles, el impacto económico de estos días es marginal. Algunas cifras lo sitúan entre un 0,1% y un 0,3% del Producto Interno Bruto anual (PIB). Es decir, una variación prácticamente imperceptible a escala país.
Sin embargo, el argumento que ha usado legisladores, como los diputados, Diego Schalper, Felipe Donoso y Flor Weisse; es que el comercio pierde, que las ventas caen, que la economía se frena. Impulsando de ese modo, iniciativas para eliminar o modificar feriados cuando afectan la actividad comercial. Argumentos completamente deficientes, sin datos duros. Y si bien existen cifras diarias, no son suficientes para justificar la modificación de un derecho laboral de esta magnitud.
Recordemos que, en Chile, existen distintos análisis sobre actividad económica, que incluyen estimaciones basadas en el comportamiento del comercio y mediciones como el IMACEC del Banco Central de Chile, detallando que una parte importante del consumo no desaparece en estos feriados, sino que se reacomoda. Es decir, lo que no se compra ese día, se compra antes o después.
Entonces la pregunta es inevitable: si el impacto económico es tan bajo, ¿por qué la insistencia? La respuesta no es técnica. Es política. Porque esto no es un gesto económico, es un gesto de poder, entre quienes lo ostentan y quienes dependen de un sueldo.
El comercio en Chile representa cerca del 20% del empleo. Estamos hablando de entre 800 mil y más de un millón de trabajadores que dependen directamente de ese sector. Y una gran parte de ellos vive en condiciones de alta vulnerabilidad económica. Más de la mitad gana menos de $600.000 líquidos mensuales. En ese contexto, hablar de “libertad de elegir” no solo es discutible. Es profundamente desconectado de la realidad.
Porque la vida concreta del trabajador no se parece al discurso que ellos plantean. El trabajador intenta sobrevivir entre deudas, miedo e incertidumbre. Tienen jefaturas que no necesitan obligarlos directamente para que entiendan lo que se espera de ellos. Tiene una lógica donde siempre hay alguien dispuesto a aceptar condiciones peores.
Entonces, cuando se dice que el trabajador “puede elegir” trabajar en un feriado, lo que realmente se está diciendo es otra cosa. Es que ellos saben que necesitas el dinero, necesitas el recurso, y frente a eso, se genera manipulación y sometimiento. “No querrás perder, ni menos arriesgar tu estabilidad”. Por ende, la presión se hace incuestionable. Y claramente, eso no es la libertad de la que ellos hablan, es una presión estructural.
Por eso los feriados irrenunciables son importantes, porque suspenden esa lógica, aunque sea por unos días. Porque establecen un límite claro. Momentos donde el trabajador no tiene que negociar su descanso, ni justificarlo, ni ponerlo en riesgo, y de hacerlo, realmente acciona de manera libre sin presiones o tergiversaciones psicológicas.
Debilitar este derecho no es un ajuste técnico, es un cambio profundo en la relación entre trabajo, vida y familia. Y aquí es donde aparece una de las contradicciones más evidentes de este grupo de gobernantes y legisladores. Los mismos que pertenecen a sectores que se presentan como defensores de la familia, del tiempo compartido, de los valores tradicionales; son los que impulsan medidas que, en la práctica, implican que cientos de miles de personas trabajen precisamente en esos momentos donde esa vida familiar podría ocurrir.
No es un error discursivo, ni es sobre cinco días: es una disputa de poder. Sobre cuánto pueden avanzar los intereses económicos por sobre los derechos de los trabajadores. Obviamente esta no es discusión técnica, es una decisión política de una derecha que prioriza el mercado por sobre la vida y la familia, sin evidencia sólida ni datos que lo respalden.
Y cuando no hay sustento científico, ni académico, hacen política como siempre, retrocediendo derechos y cargando el costo en quienes menos tienen.
