La industria mundial de la confección se beneficia de la denegación del derecho de sindicación en los principales países proveedores
En los dos informes publicados, Amnistía Internacional expone cómo gobiernos, fábricas y marcas mundiales de moda se están beneficiando de la represión continuada de la mano de obra de la confección y de los abusos contra sus derechos laborales en Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka.
Ambos informes —La trampa de la moda: Negación de la libertad sindical al personal de la confección en Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka y Abandonados por la moda: La necesidad urgente de que las marcas de moda defiendan los derechos laborales— documentan abusos generalizados contra el derecho de sindicación, que se traducen en la vulneración de los derechos de trabajadoras y trabajadores y en actos de acoso y violencia por parte de las entidades empleadoras.
“Una infame alianza formada por marcas de moda, propietarios de fábricas y los gobiernos de Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka sirve de sostén a un sector conocido por sus abusos endémicos contra los derechos humanos. Esta industria, que no garantiza el respeto del derecho a la negociación colectiva y a la sindicación de la mano de obra, ha prosperado durante decenios a costa de la explotación de una mano de obra muy mal pagada, sobrecargada de trabajo y mayoritariamente femenina”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Se trata de una acusación formal contra todo el modelo empresarial del sector de la confección, que sacrifica los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la confección en Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka en su búsqueda incesante de beneficios para el accionariado de las empresas de moda, mayoritariamente occidentales”.
Estos dos documentos se basan en investigaciones de Amnistía Internacional efectuadas entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, que incluyen 88 entrevistas realizadas en 20 fábricas de los cuatro países mencionados. De entre la totalidad de quienes respondieron a las entrevistas —más de dos tercios, mujeres—, 64 personas lo hicieron en calidad de trabajadoras y trabajadores, mientras que 12 lo hicieron como dirigentes sindicales y activistas de los derechos laborales. Además, en noviembre de 2023, Amnistía Internacional envió a 21 grandes marcas y minoristas con sede en nueve países —Alemania, Bélgica/Países Bajos, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Suecia— una encuesta en la que solicitaba información sobre sus políticas, labores de seguimiento y medidas concretas relacionadas con la libertad sindical, la igualdad de género y las prácticas de compra. Adidas, ASOS, Fast Retailing, Inditex, Otto Grupo y Primark respondieron a toda la encuesta. Muchas otras empresas respondieron con información parcial, como M&S y Walmart , mientras que algunas no facilitaron ninguna información, como Bohío, H&M, Desigual, Next y Gap.
Desde hace tiempo se viene cuestionando al sector de la confección por los abusos contra los derechos humanos en su cadena de suministro. La mano de obra de Asia meridional —y sobre todo, la femenina— es sistemáticamente desempoderada por medio de contratos informales, salarios de miseria, discriminación y condiciones laborales precarias.
En los cuatro países, las personas que trabajan en la industria de la confección afirman que la amenaza de represalias por parte de las entidades empleadoras les ha impedido afiliarse a sindicatos. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional que se dedicaban a la organización sindical hablaron de un ambiente de temor en el que, con frecuencia, los supervisores y la dirección de las fábricas acosaban, amenazaban y despedían a trabajadoras y trabajadores por afiliarse a sindicatos, lo cual constituye un abuso flagrante contra el derecho a la libertad sindical.
“Cuando las trabajadoras y trabajadores elevan la voz, no les hacen caso; cuando intentan organizarse, los amenazan y despiden; y, por último, cuando protestan, les responden con golpes, disparos y detenciones”, explica Taufiq*, empleado de una ONG de Bangladesh dedicada a los derechos laborales.
Con el fin de disuadir a la mano de obra de organizarse o negarle sus derechos laborales, las autoridades de los cuatro países recurren a numerosas estrategias, como la represión sindical, los obstáculos al derecho de huelga —por ejemplo, barreras específicas a la organización sindical en las zonas económicas especiales (ZEE)— y la sustitución de sindicatos independientes por organismos favorables a la patronal.
En Bangladesh, en las numerosas zonas económicas especiales donde se produce la mayoría de las prendas de vestir, existen restricciones legales que niegan a las trabajadoras y trabajadores el derecho a la libertad sindical. En su lugar, se los anima a constituir asociaciones o comités de bienestar, que tienen capacidad limitada de representación y organización colectiva. Las autoridades han reprimido violentamente las protestas del personal de la confección y han instrumentalizado la ley para castigar a quienes participaban en protestas mayoritariamente pacíficas.
En India, la legislación laboral no reconoce como empleados o empleadas a un gran número de personas que trabajan desde sus casas —y, por tanto, fuera de las fábricas— en el bordado o el acabado de prendas, con lo que éstas no pueden optar a pensiones, a otras prestaciones sociales relacionadas con el empleo ni a la afiliación sindical.
En Pakistán, la mano de obra de la confección se enfrenta a diario a obstáculos para acceder al salario mínimo y a contratos de trabajo. El pago de salarios por debajo de lo debido es endémico a causa de la falta de contratos y supervisión adecuados. Además, la descentralización de la elaboración de la legislación laboral unida a la omnipresente represión antisindical por parte del gobierno han llevado a negar en la práctica el derecho a la libertad sindical a las trabajadoras y trabajadores de las zonas económicas especiales.
En Sri Lanka, se niega a quienes trabajan en las zonas de libre comercio el derecho a la libertad sindical mediante la imposición de medidas administrativas sumamente engorrosas que crean barreras, a menudo insuperables, a la constitución de sindicatos. Cuando el personal consigue sindicarse, sufre acoso, intimidación y, con frecuencia, despidos, al no contar con la protección de las autoridades frente a las represalias de los propietarios de las fábricas.
Las empresas de la moda contribuyen a la vulnerabilidad de la mano de obra, al incumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos, y reducir la correspondiente diligencia debida a códigos de conducta y a un mero trámite de cumplimentación de impresos. Así, han permitido el desarrollo de cadenas de suministro opacas, y no han mostrado reparos a la hora de abastecerse de mano de obra de empresas públicas y privadas que no supervisan ni corrigen prácticas laborales deficientes o que reprimen activamente la libertad sindical. En muchos países, la ausencia de legislación relativa a la diligencia debida ha impedido exigir responsabilidades a las marcas por sus cadenas de suministro y ha alimentado una industria extractiva y explotadora. En los lugares en los que sí existen estas leyes, aún no se aplican plenamente y su alcance sigue sin estar completamente definido.
El derecho y las normas internacionales —tales como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales — exigen a las empresas de la moda identificar y abordar todo peligro e impacto en materia de derechos humanos y, para ello, ejercer la correspondiente diligencia debida a lo largo de toda su cadena de suministro. Sin embargo, en la mayoría de los Estados productores de prendas de vestir, la falta de leyes vinculantes ha permitido la asimilación de los abusos contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores en las cadenas de suministro, sin que se tomen medidas significativas para combatirlos. Además, los gobiernos de los países donde tienen su sede esta marcas internacionales se han abstenido de tomar medidas para impedir que empresas de su jurisdicción cometan abusos en el extranjero.
Debido a la falta de transparencia en las cadenas de suministro mundiales, hay pocos datos disponibles para determinar si en las fábricas se aplican o no las políticas de derechos humanos. Las 21 marcas y empresas minoristas de moda encuestadas tenían un código de conducta para sus proveedores o políticas o principios de derechos humanos que afirmaban el compromiso de la empresa con el derecho de trabajadoras y trabajadores a la libertad sindical. A pesar de este supuesto compromiso con la libertad sindical por parte de las marcas en sus cadenas de suministro, Amnistía Internacional halló muy pocos sindicatos independientes operativos en las cadenas de suministro de las empresas de moda de los cuatro países. Esta negación de la libertad sindical y negociación colectiva sigue obstaculizando las iniciativas que tienen por objeto prevenir, mitigar y corregir abusos contra los derechos humanos en la cadena de suministro.
En Asia meridional, la mayoría de las personas que trabajan en el sector de la confección son mujeres que, con frecuencia, emigran desde zonas rurales o pertenecen a castas marginadas. Sin embargo, a pesar de su elevada presencia numérica, éstas están infrarrepresentadas en la gestión de las fábricas, lo que suele reflejar el sistema patriarcal que rige fuera de la fábrica, así como la discriminación existente por motivos de clase, etnia, religión y casta.
Las trabajadoras de la confección afirman sufrir constantemente actos de acoso, agresión y violencia tanto física como sexual en el trabajo. Sin embargo, en contadas ocasiones se les imparte justicia. La falta de mecanismos efectivos e independientes que escuchen sus quejas en fábricas dirigidas por hombres, unida a las restricciones estatales a la sindicación y a las amenazas de las entidades empleadoras contra la actividad sindical, impiden poner fin a su sufrimiento.
“Físicamente, me tocaron y, además, me agredieron verbalmente, pero en la dirección nadie escuchó mis quejas; así que animé a otras mujeres para que nos organizáramos. Me amenazaron muchas veces con el despido”, relata a Amnistía Internacional Sumaayaa*, organizadora sindical de Lahore (Pakistán).
Así lo resumió en su informe de 2016 el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad sindical y de reunión pacífica y de asociación: “Sin derechos de reunión y asociación, los trabajadores tienen poca fuerza para cambiar las condiciones que blindan la pobreza, alimentan la desigualdad y limitan la democracia”. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, “los derechos sindicales, la libertad de asociación y el derecho de huelga son medios fundamentales para instaurar, mantener y defender unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”.
Amnistía Internacional insta a los Estados a garantizar que todas las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho a la libertad sindical, lo que incluye poder constituir sindicatos y afiliarse a ellos en las fábricas, así como participar en la negociación colectiva. Además, los Estados deben investigar todas las posibles violaciones de la legislación laboral y de otras leyes pertinentes. Si concluyen que se han cometido delitos, deben sancionar adecuadamente a la entidad empleadora —recurriendo incluso a procesos judiciales— y garantizar una reparación adecuada y oportuna a las trabajadoras y trabajadores afectados.
Por su parte, las empresas deben emprender acciones concretas con urgencia para proteger los derechos de la mano de obra en sus cadenas de suministro y apoyar el empoderamiento de las trabajadoras. La obligatoriedad de la diligencia debida es una necesidad urgente, para garantizar que las marcas exijan responsabilidades a las fábricas en toda su cadena de suministro mundial y —lo que es fundamental— garantizar reparación a las trabajadoras y los trabajadores que hayan sido víctimas de abusos contra los derechos humanos, además de prevenir abusos futuros.
En palabras de Agnès Callamard, “en este momento, lo que se necesita es desarrollar una estrategia de abastecimiento respetuosa con los derechos humanos en el sector mundial de la confección. Una estrategia que recompense la auténtica libertad sindical, penalice su negación, prohíba las represalias contra sindicatos y reconsidere el abastecimiento en cualquier lugar donde se nieguen los derecho del personal a la libertad sindical y la negociación colectiva”.
“El éxito económico del sector de la confección debe venir acompañado de la realización de los derechos del personal. La libertad sindical es fundamental para combatir los abusos contra los derechos laborales. Es preciso protegerla, promoverla y luchar por ella”.
