jueves, 28 de febrero de 2019

LABORAL / MERCADO DE TRABAJO. Trabajo doméstico y voluntariado. Gratuidad. Precarización



Voluntarios, implicados en causas del mundo asociativo, parados o personas en situación de asistencia social. Todos ellos trabajan gratis o han trabajado gratis si han sido entrevistados por Maud Simonet (París, 1972), socióloga y catedrática del Centro Nacional francés de Investigaciones Científicas (CNRS) en la Universidad de París-Nanterre.
Simonet lleva 20 años trabajando sobre esta dimensión poco conocida del mundo laboral. Esa dimensión que implica trabajo sin remuneración, con pocos derechos o sin el reconocimiento de ninguno de ellos. Así es el trabajo gratuito y así se llama, de hecho, la última investigación de Simonet publicada en Francia. Travail gratuit: la nouvelle exploitation?(Ed. Textuel, 2018) o Trabajo gratuito: ¿la nueva explotación?, se titula su último libro.


Esta socióloga plantea que el trabajo gratuito sirve hoy día para "dar una cara cívica al neoliberalismo". Entre otras cosas, porque en esta lógica se ataca lo público "en nombre del compromiso ciudadano, de los valores cívicos, de la buena voluntad de los ciudadanos o bajo la excusa de la reinserción de quienes reciben ayudas sociales", según explica Simonet en esta entrevista con eldiario.es.
¿Qué entiende usted por trabajo gratuito?
Yo tomo la idea de trabajo gratuito del análisis feminista previo sobre el trabajo doméstico, entendido como un trabajo gratuito asignado a las mujeres en nombre del amor, la maternidad, la familia, etcétera. Yo retomé este concepto para analizar muchas actividades que hoy se realizan fuera del ámbito doméstico, ya sea en asociaciones, en servicios públicos o a través de Internet y que hacen posible el funcionamiento de asociaciones y servicios públicos pero también de empresas. Esto, sin que haya un reconocimiento de que sean trabajo.
Hablamos de actividades que no cuentan con ningún tipo de protección social.
Exacto. Son actividades que, como trabajo, son invisibles. No están reconocidas como si fueran trabajo. Pueden no estar remuneradas o se realizan a cambio de una indemnización'. Pero nunca se realizan a cambio de un salario. Cuando una actividad es invisible' como trabajo significa también que se realiza al margen del derecho laboral, al margen de las instituciones del mundo laboral, ya sea la representación sindical, de los derechos sociales o de la protección social.
Esas formas de trabajo, ¿siempre están al margen del sistema de protección laboral?
Estamos ante nuevas formas del trabajo asociativo, como lo que se llama en Francia 'voluntariado'. Son formas de trabajo voluntario que tienen una duración temporal determinada, llevan asociada una pequeña indemnización y, eventualmente, puede haber asociados algunos derechos sociales. Por ejemplo, en Francia, cuando se es voluntario se cotiza para la jubilación pero no se cotiza para el subsidio de desempleo.
Sus investigaciones demuestran que estas formas de empleo pueden acabar utilizándose en el sector público.
Así es. Con John Krinsky [politólogo y profesor de la City College de Nueva York] hemos trabajado durante años sobre la transformación del mantenimiento de los parques de la ciudad de Nueva York. Ahí hemos demostrado que, entre la mitad de los años 70 y el periodo actual, ha habido una transformación del trabajo en ese servicio público. Disminuyó el número de funcionarios que limpiaban los parques y hemos visto multiplicarse el estatus de los trabajadores. Porque aparecieron en ese sector trabajadores del sector asociativo, por ejemplo.
Hablamos de gente que trabaja para asociaciones que se van a ocupar del mantenimiento de los parques, a través de acuerdos con la ciudad. Esas asociaciones emplean su propia mano de obra, pero son empleados sin derechos sindicales ni la misma protección que los empleados municipales pese a que llevan a cabo el mismo trabajo. Además, en el sector de los parques de Nueva York hemos visto aparecer diferentes tipos de voluntarios y hasta personas que reciben ayudas sociales obligadas a dar horas de trabajo a la ciudad para seguir recibiendo esas ayudas.
¿Se establece así una suerte de mercado laboral paralelo?
En nuestra investigación hemos visto la aparición, en el mismo sector, de trabajadores remunerados y no remunerados, trabajadores con derechos y sin derechos, de trabajadores que desarrollan un empleo que han elegido y otros que se ven forzados a trabajar. Todo esto, sin embargo, dentro de un sector público y sin necesidad de privatización. Lo que ocurre es que hay una parte del trabajo que se hace gratis. Hablamos de la gratisficación. No es una bonita palabra. Pero hay una parte del trabajo que se hace gratis porque la labor la realizan voluntarios o personas que reciben ayudas.
En cualquier caso, hablamos de gente a la que no se le paga por hacer su trabajo. A la ciudad le cuesta muy poco mantener estos trabajadores, pues los costes los asumen otros. Por un lado, hay una fundación que se ocupa de las asociaciones vinculadas a la actividad en los parques y el estado federal y el estado en particular se ocupa fundamentalmente de las ayudas sociales. Las autoridades de la ciudad nos han reconocido que, en su día, no perdieron la gestión de los parques en beneficio de empresas privadas porque tenían algo que no tenían las empresas: trabajo gratuito.
Habla usted del caso de Nueva York. Pero esas ideas de lagratisficación también tienen una influencia en Europa. ¿No es así?
Hace unos días el primer ministro francés [Édouard Philippe] dejaba caer esa idea de que a las personas que reciben una ayuda social había que pedirles una contrapartida en términos de trabajo.
Nueva York parece ocupar, en su investigación, un lugar de laboratorio sociológico. Aunque usted ya dice que hay en Francia reflejos similares. ¿Ha visto el fenómeno del trabajo gratuito en otros puntos de Europa?
Este fenómeno, en otros puntos de Europa, ha sido señalado, por ejemplo, en Italia por Andrea Muehlebach. En su libro The Moral Neoliberal (Ed. University of Chicago Press, 2012) demostraba que, en Italia, se aplicaban políticas por las cuales el Estado ponía a trabajar a través del voluntariado a parte de la población. Muehlebach señalaba cómo a través de ese trabajo gratuito se demostraba'' que uno era un buen ciudadano pese a estar en paro o recibiendo ayudas del estado. Se presenta ese trabajo gratuito como una forma de reparar la ciudadanía.
En el Reino Unido, todo el trabajo de investigación que se ha hecho sobre la 'Big Society' demuestra que hay un claro discurso que invita a los ciudadanos a implicarse también en los servicios públicos y que, en definitiva, ataca los servicios públicos. En Francia ya existen formas de trabajo gratuito. Ya se utiliza esa idea de que los 'buenos jóvenes' son aquellos que prefieren hacer un tiempo de lo que aquí se llama servicio cívico en lugar de estar en el paro.
¿Qué relación guarda este fenómeno con las luchas feministas que defienden el trabajo doméstico como un trabajo que debería de ser reconocido?
Esta idea del 'buen joven' es comparable a la idea de la buena mujer'. Una mujer que es una 'buena mujer', 'buena esposa' o 'buena madre', es una mujer que hace su trabajo doméstico. Aquí, ese trabajo gratuito 'sirve' para probar el valor de los individuos.
La extensión de ese trabajo gratuito, ¿se hace en detrimento del funcionariado?
Absolutamente. Lo que desaparece es el funcionario. A saber, la desaparición del trabajador del sector público protegido por la función pública, por el sindicalismo, los derechos sociales y demás. No es que los voluntarios sustituyan uno por uno a los funcionarios. Pero hay una sustitución en el desempeño de tareas. En la medida en la que hay tareas desempeñadas por voluntarios hay una desprofesionalización.
¿En qué medida representa el 'trabajo gratuito' una nueva evolución del neoliberalismo?
Aquí la neoliberalización de los servicios públicos se hace con el trabajo gratuito en nombre del compromiso ciudadano, de los valores cívicos, de la buena voluntad de los ciudadanos o bajo la excusa de la reinserción de quienes reciben ayudas sociales. A esto yo lo llamo una cara cívica del neoliberalismo, un fenómeno que no ha sido estudiado lo suficiente y que resulta complicado de ver, porque se apoya sobre valores y se desarrolla en nombre del compromiso, de la comunidad y de la inserción social.
En definitiva, son valores que reconocemos como positivos y que no se suelen asociar automáticamente al neoliberalismo. Pero, sobre el terreno, en el lugar de trabajo, hay una neoliberalización, porque hay disminución del número de funcionarios, una precarización de la función pública y la aparición de una gran diversidad de estatus laborales sin protección laboral.
En suma, estamos ante una precarización del empleo público y una pauperización del servicio público.
Así es. Así se puede acabar consiguiendo, como ha demostrado el propio Krinsky, un ejército de trabajadores gratuitos para desarrollar políticas públicas.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en este fenómeno del trabajo gratuito?
Los sociólogos que se han ocupado del trabajo en los nuevos medios de comunicación, desde el principio, han estado interrogándose sobre este fenómeno de la gratuidad del trabajo. Desde los años 2000 se habla en este contexto de Free Labor, un término muy ambiguo, que significa, a la vez, 'trabajo gratis' y 'trabajo voluntario'. Claramente, aquí se plantea también la cuestión de si hay explotación o no. Es muy curioso que muy rápido se haya planteado ese interrogante en este contexto y menos directamente en el del mundo asociativo, del voluntariado y del compromiso ciudadano.
El trabajo gratuito en el contexto de las nuevas tecnologías se hace en nombre de la 'pasión', del mismo modo que el trabajo doméstico las mujeres lo hacen en nombre del 'amor' y que los voluntarios lo hacen en nombre de la 'ciudadanía'. Pero ese trabajo en Internet plantea las cuestiones que planteaban ya las luchas feministas desde hace 40 años o más.
Movimientos políticos como La República en Marcha, liderado por Emmanuel Macron, o la campaña que llevó al liderazgo del Partido Laborista a Jeremy Corbyn estuvieron marcados por el trabajo de voluntarios que se implicaron muchísimo en Internet con sus líderes. ¿Hay una relación entre ese trabajo y el trabajo gratuito que usted investiga?
En esos movimientos hay una dimensión de trabajo por militancia, pero también la hay de construcción de una carrera profesional. Lo que resulta innegable es que actualmente hay una institucionalización extremadamente fuerte del trabajo gratuito en el funcionamiento del mercado laboral. Puede ser a través de las prácticas o del servicio cívico en Francia. Se les dice a los jóvenes que ese trabajo gratis puede llevar a un empleo.
En Estados Unidos a esto se le llama Hope Labor. O sea, trabajar gratis con la esperanza de conseguir el trabajo de 'tus' sueños en el futuro. Este tema guarda relación con el conflicto en 2011 de los blogueros del Huffington Post en el momento de la venta a AOL por parte de Arianna Huffington a cambio de 315 millones de dólares (unos 230 millones de euros).
¿En qué sentido?
En aquella época, ese medio tenían un pequeño centenar de periodistas en plantilla y 9.000 blogueros voluntarios. Éstos se movilizaron, hicieron huelga, un boicot y una acción judicial en Nueva York. Defendían que el valor añadido del medio lo habían creado también ellos, por eso querían recuperar parte de ese valor. Perdieron.
Ese trabajo gratuito tenía para ellos un doble sentido. Por un lado, escribir ahí era una forma de militancia y de estar comprometido con la crítica a los Estados Unidos de visión republicana. Y, también, para muchos de ellos que venían del mundo del periodismo, de las letras o de la literatura, escribir ahí era algo bueno y prometedor para su carrera profesional.
Da la impresión de que el 'trabajo gratuito', como tal, aún tiene que ser reconocido como lo que es: trabajo. Sus investigaciones apuntan a esa dirección. ¿Cómo cree usted que uno puede protegerse ante este fenómeno?
Las soluciones son difíciles de encontrar. Yo siempre trato de mirar qué conflictos hay o ha habido que tratan de rechazar esa asignación del trabajo gratuito. Actualmente hay un movimiento social en Québec (Canadá). Allí, hay becarios que están haciendo huelgas. Hubo paros en noviembre y los hay anunciados para esta primavera. Es un movimiento donde se señala particularmente que los trabajos como becarios no remunerados son fundamentalmente trabajos desempeñados por mujeres, ya sea en educación, sanidad o el sector social.
Hay jóvenes movilizadas y han unido su causa a la de las feministas, que desde siempre han denunciado el trabajo no remunerado e invisibilizado pero que es indispensable para el funcionamiento del capitalismo. El movimiento de estas becarias es un movimiento que busca el reconocimiento del trabajo de las mujeres en los sectores afectados. Reivindican ser consideradas como trabajadoras. Reivindican una remuneración y no una ayuda ni una indemnización.

miércoles, 27 de febrero de 2019

LABORAL / MERCADO DE TRABAJO. Perú. Jurisprudencia.

Estabilidad laboral, entre el deseo y la realidad


En el tema laboral, las buenas intenciones han ido perdiendo conexión con la realidad. El problema no nace con la sentencia Telefónica laboral del Tribunal Constitucional sino de la perspectiva ideológica de la Constitución, proveniente de la doctrina socialcristiana y, por tanto, de la Encíclica Laborem Exercens de 1981 de la que es posible rescatar lineamientos permanentes, como el reconocimiento y protección de la dignidad humana y la importancia del esfuerzo humano en la creación de riqueza; pero, al mismo tiempo, no se puede sostener la supuesta superioridad del factor trabajo por encima del factor conocimiento, pues entre  capitales con accionariado difundido, fábricas en China o Vietnam, y diseños tecnológicos en Múnich o Milan, la economía moderna exige ser observada con sujeción a los hechos comprobados y con honestidad intelectual.
En sendos amparos de 2001, contra un programa de despidos remunerados de acuerdo a la ley vigente y luego, en el caso Eusebio Huasco, el TC decide que contra el despido injustificado no solo procede el pago de una indemnización, sino la reposición. Expresamente señala que no se plantea modificar la estabilidad laboral flexible por una rígida o absoluta, sino que intentaría proteger al trabajador desarrollando el derecho constitucional al trabajo establecido en el artículo 22 de la Constitución, proscribiendo así cualquier despido que no se sustente en causa justa, lo que es coherente con una visión jurídica basada en la primacía de la persona humana, pero que ha conspirado contra la generación de empleo formal, siendo el puesto laboral resultado de una determinada circunstancia económica, sujeta a variaciones. Ni el Estado ni los particulares incorporan en planilla a nuevos trabajadores, por el temor fundado en una jurisprudencia laboral excesivamente proteccionista, de no poder desprenderse de un mal empleado; así, se consolida una profunda injusticia: no se puede garantizar el derecho al trabajo a los 350,000 jóvenes que cada año pretenden incorporarse a la Población Económicamente Activa (PEA), de forma que la estabilidad laboral se ha convertido en un privilegio estamental, esencialmente relacionado con trabajadores mayores de 45 años de edad. El 80 % de jóvenes no tendrá jamás la posibilidad de tener un empleo con protección superlativa, y desarrollará su trayectoria ocupacional en diversos regímenes legales o informales.
Para promover empleo es necesario revisar la jurisprudencia constitucional adecuándola a la realidad económica, sin renunciar a nuestras bases doctrinarias, pues al no responder a las circunstancias actuales, condenamos a las nuevas generaciones a seguir nutriendo el 75 % de desempleo y subempleo en nuestro país.

LABORAL / CONTRATO DE TRABAJO. España. Precarización en la Salud Pública.



Dificultad para conciliar, para planificar vacaciones o solicitar hipotecas son algunas de las complicaciones con las que tienen que lidiar algunos trabajadores del Hospital Gómez Ulla –dependiente del Ministerio de Defensa y hospital público desde 2005– que encadenan contratos eventuales durante años.
El foco principal del problema es la alta temporalidad de la mitad de la plantilla del hospital. 702 empleados están bajo un contrato eventual, de sustitución o forman parte del personal estatutario interino. "Es un problema acrecentado, no se están cubriendo las plazas del personal que se jubila", explica Alejandro de Marcos, delegado de CCOO y celador interino del centro.


Según los datos proporcionados por el Gobierno –mediante una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este medio– en 2018, 596 empleados estaban bajo un contrato eventual, 67 empleados se encontraban cubriendo una sustitución y 39 personas formaban parte del personal interino. El resto –766 trabajadores– estarían en régimen de personal estatutario fijo.


Los contratos eventuales son los más habituales entre los trabajadores en situación de temporalidad. Este tipo de contratos responden a una circunstancia de la producción concreta, "como un alto grado de actividad que no puede ser cubierto por la plantilla existente", explica Mª José Iglesias Toro, abogada experta en derecho laboral.
Los expertos consultados coinciden en que este tipo de contratos responden a un aumento "ocasional" de la actividad. La abogada detalla que esta figura esconde una gran precariedad laboral: "cuando un trabajador encadena contratos temporales este se convierte en fraude de ley. La empresa utiliza un medio lícito para un fin ilícito", subraya Iglesias Toro.
"No existe un aumento ocasional de la actividad", explica Carmen Hernández, auxiliar de enfermería del centro y delegada de CCOO. Hernández, con 38 años de antigüedad, conoce de primera mano el foco del problema y lo explica en conversación con eldiario.es: "los 596 eventuales son necesarios para que el hospital funcione, sin ellos no podríamos dar atención al Servicio Madrileño de Salud".
El hospital emplea la contratación temporal para hacer frente a unas necesidades permanentes del servicio, una vez finalizado y superado el plazo pactado, ante las mismas necesidades extingue el contrato eventual y vuelve a contratar al mismo trabajador con un contrato eventual para desempeñar la misma función, recoge uno de los puntos de la denuncia de los trabajadores ante la Inspección de Trabajo.
"La contratación es desastrosa y no tenemos con quién hablar", denuncia Alfonso López, médico de urgencias de 62 años e interino desde 1996. López lamenta la situación desalentadora que se vive en Urgencias en caso de incapacidad temporal de algún facultativo: "si se produce alguna baja, no hay posibilidad de contratar y asumimos entre todos esa carga de trabajo". Celia (nombre ficticio) corrobora estas prácticas y añade que para el personal eventual la situación es peor: "Algunos compañeros se dan de alta estando enfermos para que les renueven".
Ante las supuestas irregularidades en la contratación, CCOO ha interpuesto una denuncia –a la espera de resolverse– ante la Autoridad Laboral en la que señala la falta de transparencia del hospital en relación a los 596 contratos eventuales. "Esta cifra puede ser mayor a día de hoy debido a la falta de información que existe al respecto", recoge el documento al que ha tenido acceso eldiario.es. Los representantes de los trabajadores, por su parte, exigieron a la dirección del hospital que les proporcionara la información relativa a estos contratos y aseguran que no les han respondido.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para preguntar sobre este tema y aún no ha recibido respuesta.

"Si me quedo embarazada, no me renuevan"

Los trabajadores con los que ha hablado este medio no quieren publicar sus verdaderos nombres y cargos por miedo a que no les renueven el contrato. Todos tienen contrato eventual y varios años de antigüedad. Los sindicalistas y los expertos en el ámbito del derecho laboral subrayan que "la concatenación de contratos eventuales extendida en el tiempo se considera fraude de ley, para ajustarse a la legalidad tendrían que pasar a suscribir un contrato fijo o de interino".
Alejandro es interino desde hace 13 años. Comenzó a trabajar en el hospital en el año 2005 con un contrato de cuatro meses y luego encadenó cuatro contratos seguidos de 14 días de duración. En 2007, cuando el Gómez Ulla suscribe el acuerdo con el Ejecutivo de Madrid para convertirse en hospital público, se abrió un proceso de estatutarización y se convirtió en interino hasta el momento actual. Ahora, quiere optar a una plaza fija y, para ello, tendrá que opositar para poder optar a una de las 65 plazas convocadas mediante Real Decreto 19/2019, de 25 de enero.
"Las 65 plazas convocadas son necesarias pero insuficientes", sostiene Miguel Bustamante, diputado de Unidos Podemos. Explica a eldiario.es que realizó una visita al hospital para escuchar las historias de los trabajadores afectados por esta situación. Lamenta que las condiciones de trabajo del centro contribuyan a la precarización de la vida de los trabajadores, "no puedes hacer planes de futuro si estás pendiente de tu renovación".
El caso de Celia es distinto, lleva 11 años trabajando en el Gómez Ulla. Encadenó contratos eventuales de un mes. Reconoce las dificultades que tiene para conciliar y afirma que no tiene posibilidad de elegir días de asuntos propios: "los impone la dirección del centro".
Laura, por su parte, ha sido personal eventual desde hace cuatro años. A menudo se pregunta qué pasaría si se quedase embarazada: "no me renuevan". Cuenta que a una de sus compañeras la despidieron durante los meses que le correspondían de baja por maternidad y "después la volvieron a contratar". Una de sus principales dificultades es pedir una hipoteca: "Mi pareja la ha firmado, con mi contrato es imposible aunque lleve cuatro años en el mismo puesto".
El diputado de Unidos Podemos recuerda al Gobierno que "un servicio público de calidad tiene que garantizar estabilidad en el empleo" y destaca que seguirán insistiendo para que esta situación se revierta "con la organización de los trabajadores y de las instituciones". Carmen (CCOO) resume que "la solución es el diálogo" y llama a la dirección del centro a abrir una línea de negociación para solventar la situación de los 596 trabajadores eventuales, "que ven cada día vulnerados sus derechos".

martes, 26 de febrero de 2019

LABORAL / CONDICIONES LABORALES. Costa Rica. Facultad de dirección. Teletrabajo. Procedencia.

Sala Segunda respalda derecho de patronos a dirigir colaboradores que realicen teletrabajo


21/02/2019 5:57 pm




Sentencia avala despido de trabajadores que no cumplan bien sus funciones


Por: Andrés Navarro
andres.navarro@monumental.co.cr
@anavarro0810

El teletrabajo es cada vez más común en nuestro país y la Sala Segunda sentó un precedente con respecto al tema: el patrono tiene total derecho de dirigir a los colaboradores que desempeñen sus funciones mediante esta nueva modalidad.
La resolución de la Sala Segunda es resultado de una disputa entre un trabajador, quien era gerente de proyectos de tecnología en una empresa privada, y su patrono, por diferencias en la prestación de servicios mediante teletrabajo.
El colaborador fue despedido en el 2014 por faltar a sus funciones en un cargo de confianza, que le permitía tener un horario flexible, pero disponibilidad las 24 horas. Tras ser cesado, interpuso una demanda y la ganó, por lo que la empresa se vería obligada a pegarle cesantía, preaviso y daños y perjuicios. Ante esto, la defensa de la compañía elevó el caso a la Sala Segunda, donde revocaron la resolución a favor del trabajador y le dieron la razón al patrono.
Eric Briones, especialista en derecho laboral, explicó por qué el patrono puede ejercer el poder de dirección sobre sus colaboradores, cuando estos desempeñan sus funciones mediante el teletrabajo.
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Además, el especialista comentó que el lugar donde el colaborador debería de realizar sus funciones mediante teletrabajo debería ser especificado por escrito en conjunto con el patrono, para evitar futuras disputas.
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La sentencia de los magistrados añade que “la única forma de poder declarar el despido como justificado es acreditando fehacientemente que el trabajador cometió una falta que le es imputable con absoluta certeza; lo cual sí sucede en el caso en estudio”.



LABORAL / PREVISIONAL. España. Mochila Austríaca. Fondo de Capitalización.


JUBILACIÓN

'Mochila Austriaca': ¿la solución al problema de las pensiones?





La 'mochila austriaca' vuelve a la palestra, esta vez impulsada por el PSOE. Con ella se pretende implantar un sistema basado en un fondo de capitalización destinado a los trabajadores que incluye indemnizaciones por despido y un complemento a las pensiones. Los expertos apoyan esta medida, pero reconocen que su implantación en España no será fácil. 
Implantar la 'mochila austriaca' en España ha estado en el punto de mira tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y con ella pretendían impulsar un mercado laboral eficiente y generar un complemento para las pensiones. Pedro Sánchez ha sido el último en retomar esta idea y tenía previsto iniciar su implantación gradual a partir de 2020, pero tras el rechazo de sus presupuestos y la convocatoria de nuevas elecciones generales este proyecto se quedaría en 'stand-by' a la espera del resultado de los comicios.
La 'mochila austriaca' consiste en un fondo de capitalización para los trabajadores que se mantiene a lo largo de toda su vida laboral y que se puede hacer efectivo en caso de despido (en forma de indemnización), de movilidad geográfica y en el momento de la jubilación. Si el trabajador cambia de empresa se lleva consigo ese fondo. Este modelo, implantado en Austria, establece que la empresa provisiona cada año una parte del despido, aportándolo a un fondo individual de cada trabajador, que se incrementa con las rentabilidades logradas con la inversión de ese capital.
«Se trata de un buen modelo que tendría consecuencias positivas de aplicarse en España y supone una gran oportunidad de complementar el sistema público de pensiones con el ahorro privado», afirma Sandalio Gómez, profesor emérito de Dirección de Personas en las Organizaciones delIESE.
También Eva María Blázquez Agudo, vicedecana de la Universidad Carlos III de Madrid y profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, valora «muy positivamente» esta iniciativa porque es «una forma de apostar por la protección complementaria, pero fuera del sector privado. Con ella se podría asegurar una mejor relación entre salarios y rentas obtenidas en la jubilación (una mejor tasa de sustitución), dejando al margen las cuestiones intergeneracionales y el sistema de reparto». A su juicio, «no es la única medida que hay que tomar en el sistema de pensiones, pero puede ser un gran complemento».
Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, es de la misma opinión: «La 'mochila austriaca' elimina incertidumbres porque lo que acumula el trabajador a lo largo de su vida laboral en el fondo de esa mochila le va a dar mayor poder adquisitivo y le ayudará a complementar la pensión pública de jubilación».
UN PROYECTO RECURRENTE
La idea de implantar este modelo no es nueva en nuestro país. Sobre ella se empezó a debatir en el año 2000, cuando Gobierno, sindicatos y empresarios analizaron su aplicación. Pero no fue hasta 2010, al aprobar el PSOE su reforma laboral, cuando se creó una comisión interministerial para implantar este fondo. Idea de la que desistieron cuando se enfrentaron a la necesidad de eliminar las indemnizaciones por despido. Un año más tarde la incluyó el Partido Popular en su programa electoral y ahora ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha pretendido impulsarla, pero que cuaje o no esta iniciativa dependerá de si gana o no las próximas elecciones generales. 
No obstante, instaurarla en España no es fácil, aseguran los expertos porque, a pesar de sus bondades, su puesta en marcha requiere de un consenso entre sindicatos, patronal y los distintos partidos políticos que, en principio, parece complicado conseguir.
DIFÍCIL IMPLANTACIÓN
Por el momento, todos los implicados ponen objeciones; los empresarios relacionadas con su financiación y los sindicatos temen que este sistema suponga un abaratamiento del despido y la supresión del subsidio de desempleo.
«El único 'pero' que encuentro al establecimiento de la 'mochila austriaca' en España es el mismo que hizo fracasar esta iniciativa en 2010, y es quién va a pagar el fondo. Los trabajadores han visto bajar sus salarios en la última década y las pymes no pueden soportar más presión», se pregunta Eva María Blázquez.
También Sandalio Gómez considera que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es aclarar cómo se «llenará» la mochila, quién la financiará, porque en el caso de España no está claro si será el trabajador, la empresa o la Seguridad Social. «Este es un punto muy importante y más si se tiene en cuenta que su objetivo prioritario es servir de complemento para la jubilación».
En su opinión, las partes implicadas deberían dar un salto por encima de «la pura ideología política» y plantearse la necesidad de solucionar el tema de las pensiones. «Tienen que sentarse a negociar y llegar a un acuerdo en que todas las partes cedan algo. Pero dadas las circunstancias políticas, la situación de los sindicatos y la realidad económica del país es mucho soñar que se llegue a un consenso». Muy necesario para «llegar a una solución que permita mantener el sistema público de pensiones a largo plazo».
Y su mantenimiento vendría de la mano de la creación de un trabajo de calidad, impulsado por la 'mochila austriaca', con el establecimiento de un contrato único en que no exista indemnización por despido, ya que el trabajador podría acceder a los fondos de su mochila para sustituirla, y que no diferencie entre contratos indefinidos y temporales. «En muchas ocasiones, los empresarios rechazan hacer contratos indefinidos por la incertidumbre que les provoca la indemnización que deben asumir en caso del despido de un trabajador y optan por el contrato temporal o por no contratar a nadie. Esta es una de las razones por la que no se consolida un empleo de calidad en nuestro país», asegura Roberto Pereira. 
Cree que «existe un vaso comunicante entre las pensiones y la 'mochila austriaca' porque la contratación indefinida que propugna este sistema reduce la precariedad de nuestro mercado laboral. Crear empleo de calidad supone un fortalecimiento de nuestro sistema de pensiones, ya que estas se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. Esta es la mejor manera de asegurarnos las pensiones a largo plazo».
En definitiva, para Roberto Pereira, con la 'mochila austriaca' «se pueden corregir los agravios existentes en el mercado de trabajo, eliminar la dualidad de la contratación, fomentar la movilidad laboral, eliminar malas prácticas en los despidos, reducir las incertidumbres del empresario respecto a la contratación e, incluso, se crea riqueza y ahorro» en el país.
PROS Y CONTRAS DEL MODELO
Ventajas
El dinero que se ingresa en la mochila es en exclusiva del trabajador y puede disponer de él incluso si deja su trabajo.
La empresa no incurrirá en elevados gastos al reestructurar su plantilla o al despedir. 
Se favorece la contratación indefinida y se eliminan los contratos temporales.
Se incentiva la productividad. 
Desventajas
Los sindicatos advierten de que podrían aumentar los despidos y recortar los derechos de los trabajadores.
Aumentan los costes laborales: el empleador debe aportar un porcentaje del salario bruto a la mochila, lo que aumenta los costes salariales de la empresa y esta puede reducir los salarios en la misma medida.
No queda claro en qué se invertirán los fondos de la mochila, quién los gestionará ni qué grado de implicación tendrá el trabajador en la gestión de esos fondos.
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lunes, 25 de febrero de 2019

LABORAL / RELACIÓN DE EMPLEO. México. Precarización.

Coneval advierte “extendida precariedad laboral”


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México la mayor parte de la población sufre una “extendida precariedad laboral”: gana salarios de miseria, carece de un contrato escrito –lo que abre la puerta a abusos-, ni prestaciones de seguridad social–, y además los trabajadores suelen ser despedidos de la noche a la mañana, según un estudio que publicó hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las principales víctimas de esta precariedad son las mujeres, las poblaciones indígenas, los migrantes, los jóvenes y las personas con discapacidad, observó el Coneval en el amplio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018.
Según el Coneval, los nuevos empleos que se generaron mediante “campañas o fiscalización” desde 2012 fueron de “bajos salarios”; a la fecha siete de cada diez trabajadores formales ganan menos de tres salarios mínimos, y cuatro de cada diez trabajadores tienen un ingreso que no les permite comprar los productos de la canasta alimentaria.
Cada año desde 2005 y 2015, un millón de jóvenes se incorporaron a la población económicamente activa, y se convirtieron en potenciales buscadores de empleo; a la par, la caída del crecimiento económico redujo la generación de empleos. Ambos factores combinados provocaron un disparo de 32.7% en la tasa de desempleo, de 16% de la informalidad, y la mayor precariedad laboral.
En años recientes, la precariedad se agravó con el incremento del número de trabajadores con contratos temporales y la práctica cada vez más frecuente de recurrir a la subcontratación. Aunado a ello, el informe destacó la “falta de organizaciones sindicales verdaderamente representativas y de un terreno de juego más nivelado en los órganos tripartitos y los espacios de diálogo social”.
De acuerdo con el estudio, el 26% de los trabajadores lleva menos de un año en su trabajo, y solamente el 8.6% de ellos lleva más de dos décadas, y la tasa de “rotación anual” de los puestos de trabajo es de poco más de un año; es decir, que cada año se sustituyen los trabajadores de tres de cada diez puestos, sobre todo en los sectores de la construcción y la agricultura.
A pesar de que México firmó 79 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y estableció el derecho al trabajo hace cien años en el artículo 123 de la Constitución, el 76% de la población considera que el Estado mexicano incumple con su deber de garantizar un “trabajo bien remunerado”, y nueve de cada diez personas preferirían tener un trabajo formal.
El Coneval también observó que “en 2016, la mitad de los entrevistados no escucharon siquiera hablar de los derechos sociales, es decir, apenas hubo una leve mejora respecto de dos años atrás (…) entre aquellos que respondieron que sí conocían estos derechos, apenas 5.4% escuchó hablar del derecho al trabajo y solo 2.5% mencionó la seguridad social”.
Las empresas pueden abusar de sus asalariados con una impunidad casi absoluta, dado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) prefiere “asesorar” las empresas a imponerle sanciones.
El estudio muestra que el Estado abandonó a los trabajadores. En 2010 por ejemplo, el gobierno destinó el 0.07% del gasto público para la capacitación y la intermediación. “Al comparar los presupuestos destinados al financiamiento de la formación profesional, México tiene menos de la décima parte de los recursos que se destinan en Brasil”, subrayó.
Por si fuera poco, el gobierno recortó el presupuesto del Servicio Nacional del Empleo, que sirve para acercar las empresas con los solicitantes de empleo y de por sí es insuficiente: Según el estudio, en 2016 el SNE recibió 2 millones de solicitudes de empleo, y solo pudo canalizar 477 mil, dejando fuera a ocho de cada diez personas que buscaron un empleo formal por esta vía. En Campeche, el 93% de los solicitantes no tuvo respuesta.
“La principal vía utilizada para encontrar vacantes y empleo fueron los medios informales, lo que llevaría a personas de bajo nivel socioeconómico a ocupar empleos precarios”, observó el Coneval, según el cual siete de cada diez trabajadores obtuvieron su empleo por medio de parientes o amigos.
Brechas de género
En México solamente el 42.8% de las mujeres participa en el mercado laboral, y ello principalmente en las áreas urbanas, pues solamente una de cada tres mujeres indígenas tiene un trabajo remunerado.
El informe del Coneval subrayó algunos indicadores que muestran la gravedad de la brecha de género en el país: en realidad, las mujeres trabajan en promedio 74.6 horas a la semana, contra 64.4 horas para los hombres. Sin embargo, las mujeres ganan un ingreso por solamente 20.5 horas de trabajo, ya que destinan 54.1 horas para labores domésticas no remuneradas.
Los hombres trabajan en promedio 44.9 horas remuneradas, y solo destinan 19.5 horas al trabajo en el hogar.
“Estas diferencias representan obstáculos para que las mujeres puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres”, subrayó el informe, el cual insistió en que el acceso a guarderías para las madres trabajadores “es fundamental para lograr el aumento de la tasa de participación femenina”.
Y ello, en medio de la polémica que levantó el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar su decisión de eliminar los subsidios a las Instancias Infantiles y de otorgar 800 pesos al mes a las familias para que guarden a sus hijos menores de 4 años.
El Coneval también mostró que, en promedio, ocho de cada diez indígenas en el país nunca fueron afiliados a un mecanismo de seguridad social, y encontró que “en todos los casos las personas indígenas se encuentran en peor condición”.
En cuanto a los jóvenes, el Coneval observó que esta población es la principal víctima de la falta de oportunidades laborales, y reporta los mayores porcentajes de informalidad, con 60.6%, contra 57.2% en la población en general.
Ello genera que los jóvenes batallen para acumular experiencia y a su vez pretendan a mayores ingresos, lo cual a su vez obliga a muchos de ellos a permanecer en el hogar de sus padres durante años y puede conducir a la marginación social, alertó el Coneval.
El organismo también señaló la “enorme brecha en la población ocupada informal según nivel de escolaridad”, pues mostró que el 91% de las personas que no fueron a la escuela trabajan en la informalidad, contra el 26.2% para los que fueron a la universidad.