Aunque el juez laboral de primera instancia
Alfredo Vilarullo se
negó
a hacerlo, deberá citar a declarar a la empresa Arcos
Dorados S.A., concesionaria de McDonald's en Argentina y
definir dentro de 15 días si frena o no la aplicación del convenio
firmado en mayo por el ministro de Trabajo Jorge Triaca y
McDonald's dentro del Plan de empleo Joven para promover
la “capacitación laboral” de “hasta cinco mil” jóvenes
“pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social”. Este jueves
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revirtió la decisión
de rechazar "in límine"el pedido de "no innovar" que presentaron
en junio (hace cuatro meses) las diputadas nacionales del bloque
Peronismo para la Victoria
Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti y
Silvia Horne además del secretario de Juventud de la CTA
Matías
Zalduendo. Los querellantes pidieron la inconstitucionalidad y la
nulidad del convenio y también reclamaron que sea frenado en
forma urgente antes de que el juez se expida sobre la cuestión de
fondo.
Un dato particular del caso: el juez Vilarullo se tomó más de dos
meses para negarse a estudiar el caso, y la Cámara sólo siete días,
para definir un fallo que queda firme desde este viernes.
“No advierto configurada una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta ni
que el eventual daño invocado sólo pueda ser reparado acudiendo
a la vía urgente del amparo”, argumentó Vilarullo para rechazar el
recurso "in límine" luego de desconocer a la legitimidad de los
amparistas. Los tres impulsores del recurso apelaron en segunda
instancia y la Cámara les dio la razón: los reconoció como legítimos demandantes y consideró que existe un posible riesgo de
vulnerabilidad sobre los
jóvenes que estarán
encuadrados
dentro del
convenio.
Para los amparistas el
"convenio conforma a
todas luces un fraude
laboral, en donde una
persona trabaja seis
horas diarias, incluso
fines de semana y feriados sin percibir los
emolumentos que
ordenan
las leyes laborales,
con la excusa de una ‘capacitación’”
La naturaleza del acuerdo, y sus alcances encierran una maniobra
fraude laboral, porque puede ocurrir que a partir de la vigencia del convenio, Arcos Dorados S.A. profundice la ola de despidos que
aplica y luego reincorpore a los despedidos en el marco de la nueva "capacitación" e incluidos en el seguro de desempleo. "Es una una
flagrante flexibilización laboral de hecho encubierta por parte del
Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo con la sola finalidad de
subsidiar a empresas privadas”, denunciaron.En diálogo con Letra
P, el abogado Daniel Arenaza, patrocinante del caso, e integrante del Observatorio de Políticas Públicas (OPPLeC), detalló que
"el fallo establece la obligatoriedad de la primera instancia para tratar
dos cuestiones, porque presentamos una medida de amparo y una
medida cautelar: nosotros consideramos que hay un agravamiento
de las condiciones laborales y también buscamos que el juez tenga
la posibilidad de frenar la aplicación del convenio. El juez se negó a
hacerlo, pero la Cámara le exigió que defina si lo va a frenar o no,
es decir, que trate nuestro de no innovar" .
Entre las medidas que la Cámara le ordenó al juez Vilarullo está
el llamado a las partes, es decir que deberá citar al Ministerio de
Trabajo para que ofrezca explicaciones sobre el convenio. "Nosotros
incluímos al poder ejecutivo, pero no a McDonald's. La Cámara
entendió que había que hacerlo y mandó a incorporar en el
expediente a la empresa a Arcos Dorados que ahora tendrá
que dar explicaciones", detalló Arenaza.
Fuentes vinculadas a la causa confiaron que McDonalds le había
dicho a los querellantes que no había pedido ni esa cantidad de
trabajadores ni esos mecanismos, sino que habían sido impuestos
por la cartera laboral.
El 13 de mayo Triaca se mostró junto al jefe de Gabinete
Marcos
Peña y
vendió el convenio como "una oportunidad a los jóvenes en
todos los lugares del país donde esté la empresa, a través de las
gerencias y las oficinas de empleo, de inscribirse en las distintas
modalidades y de poder participar de estos programas de formación”.
Peña lo definió como "parte de una política muy activa para ayudar
a los más jóvenes a poder insertarse en el mundo laboral. Para ello
tenemos que trabajar de la mano el Estado, las empresas y los
sindicatos”. Desde entonces el convenio ya ha sido extendido a
distintas provincias del país y establece, entre otras cosas, que
l
os sueldos subsidiados por el Estado nacional que paga la cadena
internacional de hamburguesas McDonalds a los jóvenes son de
4500 pesos, es decir un 44% por debajo del Salario Mínimo, Vital
y Móvil, que fue fijado en 8.060 pesos, según anunció el propio
Gobierno.
rivarola_edgardo_federico_c._noto_maria_gracia_s._despido.pdf
