San Diego declara “la vivienda como derecho humano”, pero ¿significa algo jurídicamente?
El Ayuntamiento de San Diego llevaba considerando la declaración desde octubre. La medida fue elogiada por los grupos de inquilinos.
El Ayuntamiento de San Diego votó el martes por unanimidad declarar la vivienda como derecho humano, una medida poco habitual en una ciudad con muchos problemas de vivienda.
La resolución de San Diego declara que la vivienda es un “derecho humano fundamental y reafirma su compromiso de proporcionar más viviendas y servicios orientados a poner un techo sobre la cabeza de cada sandieguino”. Madison (Wisconsin) hizo una declaración similar en 2011, por lo que es probable que San Diego sea solo la segunda, o al menos parte de una pequeña minoría de ciudades estadounidenses, en poner por escrito que la vivienda es un derecho.
El consejo había votado en octubre a favor de que la resolución fuera revisada por la Oficina del Fiscal Municipal, preocupada por la responsabilidad legal. Tenía que volver el martes para una votación oficial.
Las preocupaciones jurídicas podrían haber nublado el debate en octubre, pero esta vez la Fiscalía Municipal no expresó objeciones a la resolución. La resolución del Consejo es amplia y la mayoría de los analistas jurídicos la describen más bien como un principio rector, no como una obligación legal de alojar a todo el mundo.
“Opto por un futuro en el que todos merezcan un hogar”, dijo el presidente del consejo, Sean Elo-Rivera. “Esta resolución es un primer paso importante. El statu quo de San Diego no funciona, ni en California ni en Estados Unidos”.
El abogado de San Diego Dan Eaton, que revisó los informes del personal y la resolución antes de la reunión, dijo el lunes por la tarde que la iniciativa era solo una aspiración, no una ley obligatoria. Señaló que el informe del personal decía que no habría obligación financiera para la ciudad de pagar el alquiler de miles de personas.
“Está bastante claro que no tiene ningún efecto legal”, dijo Eaton.
El concejal Kent Lee reconoció que la declaración debe ir seguida de cambios políticos si San Diego se toma en serio que la vivienda es un derecho.
“Tenemos mucho trabajo por delante”, dijo.
El año pasado, el consejo había estudiado una serie de protecciones para los inquilinos, como que el propietario pague al inquilino si éste es desahuciado sin culpa suya. El paquete de posibles leyes será examinado por el consejo en los próximos meses.
En octubre, algunos caseros, miembros del público y dirigentes empresariales expresaron su preocupación por que se convirtiera en una obligación que las personas tuvieran que ser alojadas gratuitamente. En la reunión del martes solo hubo dos comentarios en contra, frente a unos 50 a favor. Una posible razón de la escasa participación fue la confusión que se produjo en octubre al creer que la ciudad había aprobado la resolución, cuando el consejo solo había votado para que la Oficina del Fiscal Municipal la revisara.
“¿Cuál es la verdadera intención de esta resolución?”, preguntó Carol Watterson, residente que llamó a la reunión. “ ¿Reconocen que dependen de que los propietarios privados proporcionen viviendas? No estoy de acuerdo en que, en un mercado libre, la ciudad sea responsable de la vivienda”.
Aun así, los grupos de defensa de los derechos de los inquilinos dominaron la reunión, principalmente los miembros de la Alianza de Californianos por el Empoderamiento Comunitario. Argumentaron que la resolución era necesaria tras varios años de aumento de los alquileres, incremento del número de personas sin hogar y falta de opciones de vivienda. En el primer trimestre de 2022, los alquileres registraron el mayor aumento interanual —el 14 por ciento— en los registros de CoStar para el condado de San Diego, que se remontan al año 2000.
El alquiler medio de una habitación en San Diego era de 2500 dólares al mes, según el informe de noviembre del sitio web sobre vivienda Zumper, lo que lo convierte en el sexto más alto del país. La tasa de vacantes en todo el condado es del 3.7 por ciento, según CoStar.
Barbara Pinto, de 77 años, de San Diego, dijo al Consejo que gasta el 80 por ciento de sus ingresos fijos en vivienda y que ha sido desplazada muchas veces.
“Todos necesitamos una vivienda decente, limpia y accesible”, dijo Pinto, señalando que estaba en lista de espera para una vivienda subsidiada.
La resolución de San Diego afirma que la ciudad cree que la vivienda proporciona estabilidad y seguridad, y que toda persona debe tener un lugar seguro, pacífico y digno donde vivir.
La ciudad citó como precedente de su decisión la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas, que incluía el derecho a la vivienda como componente de un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de las personas.
No existe una base de datos de ciudades de Estados Unidos que hayan declarado la vivienda como un derecho, pero los artículos periodísticos y las personas familiarizadas con el movimiento por lo general suelen señalar solo un caso similar: El Ayuntamiento de Madison, que declaró la vivienda como derecho humano en 2011.
En Illinois, el condado de Cook —donde se encuentra Chicago— aprobó en 2019 una ley denominada “derecho a la vivienda como derecho humano” que impedía que se denegara la vivienda a los inquilinos por tener antecedentes penales eliminados o juveniles. Otras ciudades han aprobado leyes sobre el “derecho al alojamiento” que, con algunas variaciones, suelen implicar la obligación de que las personas sin techo tengan un refugio donde dormir.
A diferencia de las proclamaciones de San Diego y Madison, existen ejemplos más estrictos de derecho a la vivienda en el extranjero. En 2003, Escocia aprobó una ley de vivienda que obligaba al gobierno a encontrar un alojamiento permanente para todos los individuos sin techo en un plazo de 90 días.
Ha habido intentos en California y a nivel federal de declarar la vivienda como derecho, aunque todavía no se han aprobado.
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