Comentario de Xinhua: El mundo debe resistir perversa ley
estadounidense de "trabajo forzado"
Nota del editor: Esta semana, Xinhua publica una serie de
cinco comentarios sobre las acusaciones de "trabajo forzado" de
Estados Unidos contra China. A continuación la quinta y última entrega.
BEIJING, 1 jun (Xinhua) -- Las sanciones unilaterales
contra China, empresas o individuos chinos no se ajustan al derecho
internacional y constituyen medidas coercitivas unilaterales.
Esta conclusión no provino de ninguna declaración oficial
china, sino que fue trazada por Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre
medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, luego de su viaje de
investigación de 12 días a China, principalmente a la región autónoma uygur de
Xinjiang, en el noroeste del país.
De las seis ciudades que Douhan inspeccionó para
encontrar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los
derechos humanos, cuatro se ubican en Xinjiang, las cuales se han visto
"particularmente afectadas" por las medidas unilaterales de
Washington tomadas con el pretexto de luchar contra la malvada práctica del
"trabajo forzado".
Sin embargo, es el propio Estados Unidos el que practica
el mal en nombre del bien, lo que ha sido posible gracias a la llamada
"Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uygur", adoptada en diciembre
de 2021. Con esta "poderosa arma legal" en la mano, el gobierno
estadounidense ha realizado una serie de acciones dirigidas a personas y
empresas inocentes dentro y fuera de Xinjiang, resultando no solo en pérdidas
de empleos y cierres de empresas en la región, sino también en distorsiones del
mercado e interrupciones en la cadena de suministro en todo el mundo.
Según esta ley estadounidense, todas las empresas con
posibles vínculos con Xinjiang deben proporcionar pruebas creíbles de que sus
productos no se fabrican con trabajo forzado, de lo contrario se enfrentarán a
una prohibición total de importación.
Tal práctica, como señala el informe de Douhan, aplica
"la presunción de culpabilidad (alto riesgo) de existencia de cualquier
nexo con Xinjiang en cualquier etapa de la cadena de suministro" y viola
los "principios fundamentales del derecho internacional".
Irónicamente, Estados Unidos siempre se ha enorgullecido de su sistema legal,
que respalda la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
En el panorama más amplio de las sanciones de Estados
Unidos contra China, más de 1.300 entidades e individuos chinos han sido
incorporados a los regímenes de sanciones de Estados Unidos o incluidos en la
lista de entidades desde 2017. Solo una pequeña parte de ellos logró encontrar
una salida, ya que el proceso pertinente es "extremadamente largo y
costoso" y además existe "falta de transparencia".
Algunos casos citados en el informe de Douhan muestran
que "10.000 páginas de documentos con datos relativos a su personal para
cuestionar las acusaciones del trabajo forzado" todavía se consideran
"insuficientes" como prueba de inocencia.
China, a la que Washington considera un archirrival
frente al cual que no se detendrá ante nada para contener, ha sido el principal
objetivo de las sanciones estadounidenses en los últimos años. Sin embargo,
muchos más países y personas de los que uno podría imaginar se han visto
afectados por el castigo y la coerción desenfrenados e injustificados ejercidos
por Estados Unidos, en su mayoría de manera unilateral y a menudo sin tener en
cuenta el derecho internacional.
Se ha informado que actualmente una cuarta parte del
mundo sufre directamente las sanciones estadounidenses, ya que Washington
parece ser cada vez más adicto al uso de sanciones, en lugar de la diplomacia o
la persuasión, para desplegar su agenda e imponer su voluntad a los demás.
Solo en 2022, la administración Biden impuso una cifra
récord de cerca de 2.500 sanciones, frente a las 883 del año anterior, y con un
promedio de 1.688 por año. En comparación, la administración Trump promedió
1.027 sanciones al año, frente a 533 de la administración Obama y 435 de la
administración Bush.
Ante esta situación alarmante y cada vez peor, el mundo
ha llegado a un punto en el que debe preguntarse: ¿Quién le dio a Estados
Unidos un poder aparentemente infinito para actuar a voluntad? Y si todos
simplemente permanecen dóciles y guardan silencio, ¿quién puede garantizar que
ellos mismos no se convertirán en el próximo objetivo y presa de Washington?
En su informe, Douhan pidió a los órganos de tratados de
derechos humanos de la ONU que comiencen a revisar los casos sobre sanciones
relacionadas con violaciones de derechos humanos causadas por sanciones
unilaterales. Hizo hincapié en que estos exámenes deberían incorporarse en sus
informes y abordarse mediante presentaciones individuales.
En la historia hubo casos en los que incluso los aliados
cercanos de Estados Unidos lucharon valientemente contra la coerción de
Washington. En la década de 1990, en respuesta a la infame Ley Helms-Burton
destinada a cortar el comercio global con Cuba, la Unión Europea aprobó el
Estatuto de Bloqueo para neutralizar mediante legislación los efectos de la
jurisdicción de brazo largo de Estados Unidos dentro del bloque regional.
En los últimos años, este tipo de revueltas se han vuelto
más comunes en todo el mundo, y un Sur Global en rápido crecimiento y cada vez
más confiado a menudo dice no a las directivas o intimidaciones de Washington.
Algunos reportajes de la prensa también han notado una "prisa por la
desdolarización" que está ganando un impulso sin precedentes.
Esto debe servir como una severa advertencia y un llamado
de atención para los políticos estadounidenses arrogantes. Es hora de que se
den cuenta de que las sanciones y coacciones son más una muestra de debilidad y
ansiedad que de fortaleza y confianza. Estas malas prácticas son también un
arma de doble filo que puede no solo derramar sangre inocente, sino también
herir gravemente a quienes la ejercen, privándolos de cualquier atractivo moral
o de verdaderos aliados.
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