Desde hace años los taxistas comprueban a diario cómo les van rapiñando su forma de vida. El Taxi siempre convivió armónicamente con otras modalidades de transporte de viajeros, como por ejemplo los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). Pero, a partir de una exorbitante liberalización del sector (Directiva Bolkestein), el cambio fue brusco. Hoy los taxistas suelen llamar “cucas” a los VTC negros que les piratean el negocio, captando clientes de forma ilegal en aeropuertos, hoteles, estaciones ferroviarias y a lo largo y ancho de todas las vías urbanas. El Taxi se ha ido ahogando en el miedo a su desaparición.
Los VTC siempre han supuesto un servicio de transporte especial, para quien arrendaba un vehículo con chófer pactando de antemano (horas o días antes) las circunstancias singulares del mismo, tales como que la prestación sea mediante una limusina (tamaño del vehículo), o que abarque varios días u horas (disponibilidad); que el coche sea de alta gama o disponga de wifi (características del vehículo); o que se trate de un viaje prolongado, Bilbao-Ceuta, por ejemplo (alcance del trayecto). Bajo estas circunstancias, que mayormente siguen rigiendo esta clase de transporte, el Taxi sobreviviría en su nicho de mercado como servicio de interés general, garantizando, bajo tarifa segura, un medio de transporte urbano espontáneo y generalizado, sin requerir las circunstancias especiales que definen originariamente a los VTC.
¿Por qué se ha roto la concurrencia pacífica entre el Taxi y los uvetecistas? La respuesta se llama “uberización”.
Manipulando hasta la extenuación el filón de los VTC, la llamada “economía colaborativa” se ha colado de lleno en el transporte urbano discrecional de viajeros, hasta el punto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que subrayarlo: Uber no es un mero mediador, realiza “contratos de transporte de viajeros”; de economía colaborativa, nada.
Vivimos en un mundo plagado de posverdades donde mandan las frases publicitarias como “economía colaborativa”, “liberalización” o “el Taxi es un monopolio”. Estas consignas encubren estrategias de negocio, proyectadas a la pura y dura expansión de algunas Corporaciones en el mercado de servicios. De hecho, hoy el Taxi es la principal barrera para que no exista un monopolio de Uber o Cabify en el transporte urbano discrecional de viajeros. La posverdad nos conduce a una ignorancia que mata. Si el Taxi no se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo, si el sector no se hubiera puesto en pie frente a los depredadores, hoy prácticamente no existiría. La uberización, bajo el glamour de la economía colaborativa, te suprime; y cuando vas a darte cuenta ya has perdido tu forma de ganarte la vida.
Alrededor de este asunto se desempolva otra vieja argucia. La tecnología como relato que suplanta a las personas, primando un progreso que aparenta ser objetivo, neutro o meramente técnico. Ya dijo Aristóteles en La Política que si las maquinas tejieran solas los Señores no necesitarían siervos ni esclavos. Es decir, como existen plataformas digitales, ya no hacen falta taxistas. La posmodernidad ha embalsamado la técnica, la ha consagrado en una mentalidad votiva, donde cada nuevo dispositivo de vanguardia se publicita como un auto de fe. Las plataformas digitales de VTC no suponen mejora alguna en la prestación del servicio que no pueda asumirse fácilmente por el Taxi. Y en cualquier caso, si se trata de suprimir a los taxistas, tratándose de expectativas y derechos tan asentados a lo largo del tiempo, nos hallaríamos ante una verdadera expropiación encubierta, e incumpliríamos la Directa Bolkestein, que excluye expresamente al Taxi de la liberalización del mercado de servicios.
La guerra del Taxi se debe a que, durante años, la política se ha dejado llevar por esta posverdad sobre las bondades del neoliberalismo y la economía colaborativa. Nadie ha puesto coto a los uvetecistas que han ido buitreando y laminando sistemáticamente al Taxi. Las licencias “estatales” de VTC se multiplicaron por miles, sin dotar la más mínima supervisión para que se explotaran dentro de sus límites, sin mermar deslealmente al Taxi. En el colmo de la confusión algunos pensaron, incluso, que una licencia “estatal” de Fomento pasaba por encima de nuestro sistema de distribución de competencias (Constitución Territorial), negando espacio regulador y supervisor a Municipios y Comunidades Autónomas (CCAA). La posverdad de un relato depredador en lo económico consiguió infartar la supervisión y regulación de los VTC, hasta tal punto que algunos llegaron a concebir que ninguna Administración llegaría a tomar cartas en el asunto. Ningún político negará que el Taxi, del que viven unas 70.000 familias, es un servicio de interés general. El vértigo electoral le hará enmudecer, antes que defender en público la posverdad de la llamada “economía colaborativa”. Pero en la sombra se ha fortalecido la falta de proactividad, se ha reforzado una Administración pasiva, que ha dejado solo al Taxi frente a la piratería de los uvetecistas durante años. Cuando una masa crítica de taxistas ha salido de la narcosis, cuando se ha advertido el riesgo de supresión, el sector ha estallado. La crisis que está viviendo el Taxi es hacia fuera (frente a Uber o Cabify), pero también hacia los suyos (taxistas que se han sumado a solicitar o adquirir miles de licencias de VTC). Pero al menos hoy la mayor parte del sector ha elaborado un posicionamiento político claro: Los partidos que defiendan, o favorezcan, la ausencia de supervisión en el transporte urbano discrecional de viajeros, en realidad, promueven la uberización. Van en contra del Taxi.
En este trance se ha aprobado el denominado Decreto Ábalos (Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre). Es una Norma cuya médula es un recordatorio dirigido de forma directa a los uvetecistas: Todo el mundo sabe que España se organiza en un Estado integrado por CCAA y Corporaciones Locales, las cuales siempre han gozado de competencias para supervisaros. Otra cosa es que nunca se ejercitasen. Se acabó el festín.
¿Por qué era necesario nada menos que un Real Decreto-ley para aclarar algo tan básico como que las CCAA y los Municipios podían supervisar y regular la explotación de los VTC? Sencillamente, por la fuerza del relato de posverdad inherente a la economía colaborativa, por su impacto jurídico a través de la Directiva Bolkestein y por su maquillaje tecnológico. Se puso el foco sobre la liberalización, y de modo dramático se omitió algo que ni tan siquiera permite dicha Directiva: Saltarse la trama competencial del Estado español. Los uvetecistas comenzaron a multiplicarse por las principales ciudades españolas y, valiéndose de que la supervisión era inexistente y de que el Taxi estaba narcotizado, han generado una burbuja bestial, inflando los precios de una licencia de VTC de 32 € a más de 50.000 € (1.562,5 veces el valor inicial).
¿Qué hacemos ahora? ¿Quién se hace cargo de otra burbuja en España? Tanto quienes pervirtieron ese mercado invadiendo al Taxi, como la Administración del Estado por no supervisar la explotación de miles de licencias “estatales” de VTC que estaban irrumpiendo, indebidamente, en el mercado “urbano” de transporte de viajeros.
El Decreto Ábalos contempla una moratoria indemnizatoria para los uvetecistas durante 4 años, pero obviamente no podrán acogerse a la misma quienes hayan alimentado de forma ostensible la burbuja. España se organiza territorialmente de forma muy descentralizada. La anomia competencial de un Estado en materia de transportes, antes que disminuir el riesgo jurídico, más bien incrementa su incertidumbre. Las competencias administrativas no se extinguen por el desuso. Cualquier inversor bien informado pudo pronosticar el riesgo jurídico de circular por Madrid o Barcelona prestando servicios de transporte a todas horas, pero sin licencia alguna de los Ayuntamientos respectivos. Quien ignoró “deliberadamente” la arquitectura competencial del Estado español no puede aprovecharse de tal hecho, no sólo no debe ser indemnizado, sino que además debe responder por la burbuja generada. La ignorancia no sólo mata a los pueblos, sino también a los inversores que ignoran normas básicas de “compliance” en relación con el Derecho aplicable en cada país. El Decreto Ábalos es una Norma enteramente aclaratoria del sistema competencial vigente en España desde la Constitución de 1978, cuando se liquidó formalmente el Régimen Franquista. Puede ser discutible en lo que toca a su moratoria indemnizatoria, pero en absoluto al reconocer las competencias autonómicas y municipales en materia de transporte urbano. Los uvetecistas están sometidos bajo su licencia de transporte a una “relación especial” con la Administración, y ello provoca que deban asumir las normas administrativas por las que se rija la explotación del servicio de transporte en cada momento. Así está obligada a saberlo toda Corporación titular de estas licencias en virtud de sus deberes de “compliance”. No estamos en absoluto ante contenidos expropiatorios. La ignorancia arruina la inversión. No se rescata.
La información mediática sobre la guerra del Taxi puede que sea incoherente en sinergia con los lobbies e intereses en liza. Quizá el lector no deba ignorar en qué contexto vive España este conflicto al que le queda mucho recorrido. Relatos falsos, manipuladores y mezquinos han acabado por encubrir -o banalizar- la realidad de millones de víctimas por la falta de supervisión en el sector bancario (hundimiento de las Cajas y del Banco Popular), o el hecho de que hoy el trabajador vive en permanente indefensión, ante unas reglas de mercado que han degradado la fuerza del Derecho del Trabajo hasta el límite de lo que es reconocible como jurídico. El Decreto Ábalos ha tenido trascendencia, no por su contenido meramente aclaratorio y muy generosamente indemnizatorio, sino, más bien, porque pincha el contenido de un relato esperpéntico sobre cómo se podía ganar dinero explotando un VTC. Hoy, ante tanta posverdad y posderecho, ser ignorante puede pasar más desapercibido, pero al final el error se padece, como en cualquier otra cultura. En realidad, más que nunca la ignorancia mata. En los capítulos de la guerra del Taxi, el miedo de los taxistas a perder sus puestos de trabajo juega un papel crucial, pero no menor que el de gobernantes ausentes de sus obligaciones promoviendo confusión y caos jurídico, ni tampoco menor que el de operadores que han aprovechado este filón para inflar burbujas económicas. La liberalización del mercado de servicios, sin supervisión, pone en riesgo al sistema en su conjunto. Ante la ausencia de las mínimas normas de obligado cumplimiento no prevalece el más capaz o eficiente, sino el políticamente más fuerte. Si un colectivo víctima de expolios masivos no se organiza tomando una posición política claramente difundida en la esfera pública, está muerto en la defensa de sus derechos. Lo hemos visto con desahuciados, preferentistas y hoy con los damnificados por el hundimiento del Banco Popular. Y al mismo tiempo, si los inversores no se aseguran de cuáles son las reglas básicas del juego jurídico (fair play) en los países donde invierten, correrán serios riesgos de sufrir severas pérdidas, amén de otras consecuencias legales. La ignorancia puede matar, tanto a los depredadores, como a las víctimas que no sepan defenderse. En ambos casos ignorar es susceptible de reproche. Pero cuando indemnizamos al ignorante deliberado, al que no le interesa saber cuáles son los límites, todas y todos nos convertimos del modo más crudo en víctimas de Gobiernos títeres al servicio de poderes económicos. Entonces, no cabe duda, la ignorancia mata a los pueblos (J. Martí).