El fin de las indemnizaciones laborales
Reforma laboral: sindicatos y fondos de cese bajo la lupa
La reciente reglamentación impulsada por el gobierno de Javier Milei desató críticas por el daño a los derechos de los trabajadores.
El núcleo del cambio es la creación de fondos de cese, que reemplazan las indemnizaciones por despido establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La clave está en que estos fondos dependerán exclusivamente de negociaciones colectivas (CCT), sin garantías mínimas, y podrían incluso ser financiados parcialmente por los propios trabajadores.
¿Qué cambia?
Los fondos de cese sustituyen el sistema tradicional, donde la indemnización equivalía a un mes de sueldo por año de antigüedad. Ahora, su monto, plazos y modalidades quedarán definidos en cada CCT, sin límites mínimos. Los sindicatos, como actores centrales en las negociaciones, tendrán poder para pactar sistemas alternativos:
1. Cancelación individual: Los CCT pueden ajustar libremente el monto (hasta reducirlo un 50%) o establecer pagos en cuotas.
2. Fondos individuales o colectivos: Operarán mediante cuentas bancarias, fondos comunes de inversión (FCI) o fideicomisos. Los aportes, regulados en los CCT, podrían provenir tanto de empleadores como de trabajadores.
3. Seguros individuales o colectivos: Similar a los anteriores, con cobertura definida contractualmente.
Riesgos y críticas
La reglamentación elimina cualquier piso mínimo legal, dejando a los trabajadores a merced de la negociación colectiva. Si bien el régimen es "optativo" para empleadores (pueden mantener la LCT), para los trabajadores la opción es ilusoria: rechazar el fondo en el contrato probablemente implicará no obtener el puesto. Además, los fondos podrían sufrir licuación por inflación o malas gestiones, sin ninguna garantía estatal.
Un punto polémico es la posibilidad de que los trabajadores aporten a su propio fondo de cese, una medida que sindicatos y economistas critican como contraria al derecho laboral internacional. Como ejemplo, se menciona el caso de las ya fracasadas AFJP (administradoras de fondos de jubilación implementadas en los años ´90), cuestionadas por privatizar derechos sociales.
¿Solución para problemas inexistentes?
El gobierno justifica el cambio argumentando que el sistema actual "ahoga" a las empresas. Sin embargo, datos oficiales muestran que las indemnizaciones en la Argentina no son un obstáculo para la generación de empleo. De hecho, comparan con el régimen de la construcción, vigente desde 1970, que no mejoró la formalización. La nueva norma, en cambio, profundiza la precarización: hoy, un trabajador despedido podría cobrar apenas lo acumulado en un FCI, expuesto a volatilidades financieras.
Adicionalmente, es necesario destacar que con la constitución del fondo de cese, el empleador encuentra que ya tendrá pagado cualquier despido. La ecuación que debía considerar antes –Costo de mantener al trabajador en la plantilla vs. Costo de despedirlo- ahora se hace innecesaria.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina (CNA) garantiza protección contra el despido arbitrario. Al delegar en CCT la definición de indemnizaciones, el Estado abdica de su responsabilidad de velar por mínimos sociales. Para sindicalistas, esto abre la puerta a un "despido libre", donde las empresas negociarán condiciones menos favorables en sectores con baja representación sindical.
Próximos pasos y escenarios futuros
La resolución 1066/25 de la CNV, que reglamenta los FCI y fideicomisos, es solo un eslabón de un plan más amplio. Analistas advierten que, tras las elecciones de octubre, podría avanzarse hacia una reforma laboral integral, con sistemas no vinculados a CCT o aplicables a nivel empresarial. Esto, bajo el pretexto de "flexibilizar" el mercado laboral, podría erosionar aún más derechos históricos.
La reforma laboral prioriza los intereses empresariales por sobre la protección de los trabajadores. Al eliminar pisos mínimos y permitir aportes de empleados a fondos de cese, se profundiza una tendencia que recuerda a las AFJP o a la regresión del salario real vía inflación.
Mientras el gobierno promueve la medida como "innovadora", sindicatos y especialistas alertan sobre un retroceso de casi un siglo, revirtiendo avances como la LCT de 1974 y acercándose a normas de la década de 1930. En un contexto de crisis económica y polarización política, el debate refleja la tensión entre un modelo de "libertad de contratación" y la defensa de derechos fundamentales en el mundo del trabajo.
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