Declaran la incompetencia del Fuero Comercial en un reclamo por daños y perjuicios derivados de un contrato de locación de obra
En la causa "R., R. D. c/C., L. M. s/Ordinario", la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se pronunció sobre un conflicto de competencia. El actor apeló la decisión del juez de primera instancia donde se declaró incompetente para entender en una demanda por daños y perjuicios derivados de un contrato de locación de obra con el demandado.
La demanda se basaba en el supuesto incumplimiento de un contrato para la construcción de una vivienda. El juez de grado sostuvo que el fuero comercial no era competente porque el demandado no era "comerciante matriculado o una sociedad mercantil". A pesar de que la Fiscalía General apoyó el recurso del actor, este fue desestimado.
Los magistrados confirmaron lo decidido en grado. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 43 bis, inciso c) del Decreto-Ley 1285/58, que establece que "los Juzgados nacionales de primera instancia en lo civil conocerán en los asuntos regidos por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuído a los jueces de otro fuero..." incluidas las causas "relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes o a la responsabilidad civil de aquellos".
A su vez, el art. 43 bis, inc. c) del mismo cuerpo legal atribuye competencia a los jueces comerciales para entender en los "Juicios derivados de contratos de locación obra y servicios, y los contratos atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquellos, cuando el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil", más aclarando que "cuando en estos juicios también se demandare a una persona por razón de su responsabilidad profesional, el conocimiento de la causa corresponderá a los jueces nacionales de primera instancia en lo civil".
El tribunal concluyó que, aunque el demandado pudiera ser considerado un empresario individual, no cumplía con los requisitos taxativos de la norma, ya que no se encontraba matriculado.
Sumado a ello, y respecto a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, los Dres. Chomer y Kölliker Frers explicaron que "si bien no hay discusión acerca de que la norma legal que regula la defensa de los derechos del consumidor se integra con la Ley de Defensa de la Competencia (22.262), norma esta última que en su art. 4° dispone la intervención de la justicia comercial para su aplicación, de ello no se deriva necesariamente que este fuero deba intervenir en todos aquellos conflictos suscitados entre los consumidores y los prestadores de servicios".
Es decir, "las relaciones y consecuencias jurídicas que regula la ley 24.240 son estrictamente las referidas a las que se establecen con los consumidores, y por tanto, no resultan necesariamente aplicables las normas de competencia fijadas en la Ley 22.262, en tanto las reglas que rigen los posibles conflictos que se susciten por afectación a los consumidores, son diversas de aquellas que se refieren a las que se dan entre los competidores, más allá de que ello tenga influencia o efectos en el consumidor".
Para los jueces "resulta claro que el conflicto motivo de esta "litis" se circunscribe a la relación entre el consumidor y el constructor de la obra contratada quien suscribió el contrato como persona física, sin que se haya alegado en el escrito inaugural ningún hecho encuadrable en los supuestos previstos en el art. 1° de la Ley de Defensa de la Competencia".
Así resolvieron el pasado 13 de agosto, desestimando el recurso interpuesto.
La Cámara Federal de La Plata confirmó la reincorporación de un agente de ANSES cesanteado tras un cambio de gestión.
En el caso “Vitale García, Fausto Marcelo c/ ANSES s/ amparo”, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata ratificó la decisión de reincorporara un trabajador de ANSES que fue cesanteado pese a haber accedido a la planta permanente.
Según se puede leer en la causa, el agente logró la estabilidad en el empleo público tras aprobar un curso-concurso en 2021 y haber sido formalmente designado mediante resolución administrativa.
La demandada alegó que el vínculo laboral podía extinguirse sin causa, invocando el artículo 26 inciso c) del Convenio Colectivo de Trabajo 305/98 E., que permite finalizar la relación laboral mediante el pago de la indemnización del artículo 245 de la LCT. La Cámara no convalidó ese criterio y confirmó lo decidido en primera instancia: la desvinculación fue ilegítima, se trató de una vía de hecho, y la norma convencional es inconstitucional.
“La existencia 6. de un Convenio Colectivo de Trabajo que autorice el despido de un trabajador estatal de planta permanente sin justa causa, y la aplicación del régimen de indemnizaciones del art. 245 L.C.T. no resulta ser una reglamentación razonable del artículo 14 bis de la C.N. que hace referencia a la “estabilidad del empleo público””
El Tribunal, integrado por los jueces Di Lorenzo y Álvarez, sostuvo que la cláusula del convenio que admite el despido sin invocación de causa de personal de planta permanente vulnera directamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Para fundarlo, citó el fallo “Madorrán”, donde la Corte Suprema invalidó normas análogas que habilitaban despidos arbitrarios en la Administración Nacional de Aduanas.
La sentencia subraya que la estabilidad del empleado público -a diferencia de la protección contra el despido arbitrario prevista para el sector privado- exige una causa justificada y debido proceso y que la existencia de un convenio colectivo no puede neutralizar una garantía constitucional, y mucho menos permitir un despido sin fundamento:.
"La existencia 6. de un Convenio Colectivo de Trabajo que autorice el despido de un trabajador estatal de planta permanente sin justa causa, y la aplicación del régimen de indemnizaciones del art. 245 L.C.T. no resulta ser una reglamentación razonable del artículo 14 bis de la C.N. que hace referencia a la “estabilidad del empleo público”, subrayó la alzada.
“Así, cabe poner de resalto que la propia Anses a pesar de negarle al actor la estabilidad propia, lo incluyó como personal de planta permanente, según constancias de autos, y que sumado a ello, para proceder a la extinción del vínculo laboral recurrió a las normas del Convenio Colectivo de Trabajo de que resultarían aplicables al personal de planta permanente” resumió la sentencia,
Labor Day en USA: ¿Por qué se celebra en septiembre y no en mayo? Origen y significado del Día del Trabajo
A diferencia de otros países que celebran el Día del Trabajo en mayo, en Estados Unidos es el 1 de septiembre. Conoce la razón, origen y significado del Labor Day.
Este lunes, 1 de septiembre, se conmemora el Labor Day en Estados Unidos, también conocido como Día del Trabajo en español, siendo uno de los once días feriados a nivel federal. Esta celebración conmemora el origen del movimiento obrero, así como los logros adquiridos por y para los trabajadores a través de diversas huelgas y mítines, incluida una de las más importantes: La Revuelta de Haymarket o Masacre de Haymarket, del 1º de mayo de 1886.
En estas huelgas, los trabajadores exigían mejoras laborales, pues en ese entonces, estaban obligados a trabajar 12 horas al día, los siete días a la semana. No tenían derecho a pedir descansos y las condiciones laborales eran insalubres y deplorables.
La Revuelta de Haymarket es una fecha clave en los orígenes del Día del Trabajo, por lo que diversos países conmemoran esta fecha el primer día del quinto mes del año. Sin embargo, en Estados Unidos la situación es diferente, con la fecha de celebración recorriéndose hasta el primer lunes de septiembre.
Labor Day en USA 2025: ¿Por qué se celebra en septiembre y no en mayo?
Según diversos registros, el primer Día del Trabajo se celebró en la Ciudad de Nueva York el 5 de septiembre de 1882, derivado de los deseos de varias organizaciones, incluidas Central Labor Union, por crear un día festivo en honor a los trabajadores; pero no fue hasta 1894 que esta celebración fue promulgada como un día feriado federal por el presidente Grover Cleveland.
La fecha se fijó el primer lunes de septiembre y no en mayo por dos motivos principales. El primero, según historiadores, para “no reforzar el carácter revolucionario y socialista” del origen de la celebración, y, el segundo, para recortar la brecha entre el Día de la Independencia (4th of July) y Thanksgiving (finales de noviembre).
Fue así como se estableció que cada primer lunes de septiembre se celebraría el Día del Trabajo en Estados Unidos.
TUTELA SINDICAL. EXCLUSIÓN. CARGA DE LA PRUEBA. PRUEBA DIGITAL. ACTA NOTARIAL. CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA. ARTÍCULOS 47, 48 Y 52 LEY 23.551. ARTÍCULO 242 LCT. ARTÍCULO 63 LCT.
Fallo de la Justicia del Trabajo confirmó el rechazo de la acción sumarísima de desafuero promovida por la empresa actora, que alegaba incumplimiento del trabajador a cláusulas de exclusividad y no competencia por publicaciones que éste había realizado en su perfil de la red social LinkedIn. Consideró que el acta notarial acompañada no acreditó autoría ni autenticidad del perfil ni las actividades denunciadas, y que no se produjo otra prueba idónea que respaldara las imputaciones. Mantuvo costas y honorarios conforme lo decidido en grado.
Expediente N° 11.220/2023 - "Wipro Technologies S.A. c/ F., J. N. s/ juicio sumarísimo" - CNTRAB - SALA X - 08/08/2025
TUTELA SINDICAL. EXCLUSIÓN. CARGA DE LA PRUEBA. PRUEBA DIGITAL. ACTA NOTARIAL. CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA. ARTÍCULOS 47, 48 Y 52 LEY 23.551. ARTÍCULO 242 LCT. ARTÍCULO 63 LCT. La actora promovió acción sumarísima para obtener autorización judicial a fin de despedir con justa causa al trabajador protegido por la tutela sindical, alegando violación a cláusulas de exclusividad y no competencia mediante actividades paralelas publicitadas en LinkedIn. La Cámara entendió que la carga probatoria recaía en la actora (art. 377 CPCCN) y que el único elemento acompañado —acta notarial de constatación de un perfil en dicha red social— no acreditó autoría ni autenticidad, ni demostró la realización de actividades incompatibles con el vínculo. Tampoco se produjo otra prueba idónea sobre la similitud de actividades entre las empresas mencionadas o la supuesta actividad independiente. Confirmó el rechazo de la exclusión de tutela, mantuvo la imposición de costas a la actora y ratificó los honorarios fijados.
"En el caso de autos la parte actora promovió acción sumarísima solicitando la exclusión de la tutela sindical que ampara al trabajador J. N. F., con la intención de proceder a su despido invocando la existencia de una justa causa. Fundó su pretensión en los artículos 47 y 52 de la Ley 23.551, el artículo 242 de la LCT y el artículo 498 del CPCCN."
"No se encuentra controvertido que el trabajador se encuentra bajo la protección establecida por los artículos 48 y 52 de la Ley 23.551. Por lo tanto, el análisis de la procedencia de la exclusión de tutela debe ceñirse a las exigencias impuestas por dicha normativa, en particular lo dispuesto por el artículo 52, que exige resolución judicial previa para que pueda válidamente disponerse el despido de un trabajador protegido. Tal como establece la ley, el empleador no puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, suspender ni despedir al trabajador tutelado salvo autorización judicial obtenida mediante el procedimiento sumarísimo previsto en el artículo 47."
"La empresa Wipro Technologies S.A sostuvo que el trabajador habría incurrido en una grave inconducta laboral, incompatible con la continuación del vínculo. Afirmó que el contrato firmado por las partes establecía expresamente en su cláusula 6 el deber de lealtad y conciencia en el desempeño de sus tareas y, en la cláusula 14, la prohibición de realizar actividades concurrentes o competitivas con la empresa durante la vigencia de la relación laboral. Alegó que el trabajador incumplió dichas cláusulas al mantener empleos simultáneos en empresas del mismo rubro y al desarrollar actividades por cuenta propia, también similares a las de su empleadora. Indica que tal conducta constituye una violación tanto de las condiciones pactadas como de la buena fe contractual exigida por el artículo 63 de la LCT."
"Con el fin de acreditar la conducta denunciada, la empresa acompañó un acta notarial labrada el 13 de marzo de 2023, en la cual se habría constatado el contenido del perfil del demandado en la red social profesional LinkedIn. Según lo transcripto en la demanda, allí se consignarían antecedentes laborales vigentes como “IT Recruiter” en distintas empresas, entre ellas Pierpoint International, y también como trabajador independiente en igual rol, lo cual —a criterio de la actora— evidencia una competencia directa e incompatible con su puesto en Wipro."
"Por su parte el Sr. F. negó enfáticamente los hechos que se le atribuyen. En particular, negó ser miembro de LinkedIn y también la existencia de publicaciones en esa red con empleos actuales. Asimismo, cuestionó los alcances de las imputaciones formuladas, rechazando haber violado el deber de exclusividad o incurrido en competencia desleal y denunció que “cualquier persona puede crear un E-Mail (correo electrónico) y con dicho único requisito, abrir una cuenta de linked in e inventar su nombre y apellido ”.sin ningún chequeo efectivo"
"Sentado ello, cabe destacar que conforme al artículo 377 del CPCCN, la carga de la prueba recaía sobre la parte actora."
"En el caso, la prueba acompañada se limita al acta notarial mencionada."
"Sostuvo el sentenciante –con criterio que se comparte– que tal acta únicamente da cuenta de la impresión de cinco páginas del sitio web indicado, sin contener constatación alguna respecto a la autoría, veracidad o titularidad del perfil en cuestión. La escribana interviniente –debido al alcance del cometido para el que fue convocada– no brindó certeza sobre si el perfil correspondía efectivamente al demandado (se efectuó una búsqueda de Nicolas F. sin siquiera individualizarse su DNI) ni si el contenido allí publicado era actual o auténtico. A diferencia de lo que se invoca en la queja no puede extraerse de dicho instrumento que el demandado ejerciera tareas en violación a la exclusividad que tenía acordada con la accionante dado que arriba firme a esta instancia que no se produjo en autos otra prueba idónea que permita corroborar los extremos fácticos invocados ni ninguna que demuestre que efectivamente F. Julio Nicolas fuera miembro de la red social LINKEDIN y el autor de los diversos posteos impresos."
"La declaración testimonial ofrecida por la actora no se concretó, por habérsele declarado decaído su derecho a producirla ."
"Asimismo, las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte demandada tampoco apuntalan la versión de la actora ya que ninguno de ellos refirió conocimiento sobre actividades independientes o paralelas por parte del trabajador que puedan resultar incompatibles o similares a las de su puesto en Wipro."
"A lo expuesto se agrega –solo a mayor abundamiento– la ausencia de prueba sobre la violación al deber de concurrencia dado que si bien la actora afirmó en autos que Pierpoint International presta servicios similares a los brindados por Wipro, dicha afirmación también fue expresamente negada por el demandado y no se acompañó ningún elemento probatorio que acredite esa supuesta coincidencia de actividades. Igual suerte corre la imputación de una actividad independiente presuntamente similar a la que el trabajador realizaba para Wipro, ya que no se explicó ni demostró concretamente en qué consistía, ni se establecieron comparaciones específicas con las tareas contratadas."
"En consecuencia, no se ha demostrado en autos que el trabajador hubiera incurrido en las conductas que la empresa le imputa y por las razones expuestas, corresponde confirmar el rechazo de la acción sumarísima de exclusión de tutela sindical intentada por WIPRO TECHNOLOGIES S.A. contra el trabajador J. N. F.."
¿Seguridad nacional o xenofobia?: Texas prohíbe comprar o alquilar propiedades a ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia
Jason Yuan, dueño de una tienda de autos usados, cierra el capó de un vehículo después de apretar la última tuerca del terminal de la batería, una rutina con la que está muy familiarizado.
Texas siempre se ha sentido como su hogar, como ciudadano estadounidense nacido en China. Pero una ley estatal recientemente aprobada está haciendo tambalear la fe en su patria elegida.
El Proyecto de Ley 17 del Senado de Texas de 2025, también conocido como SB 17, entrará en vigor el 1 de septiembre y restringirá la compra y el alquiler de propiedades a personas y empresas de China, Irán, Corea del Norte y Rusia.
Las autoridades afirman que el proyecto de ley busca proteger la seguridad nacional. Pero para personas como Yuan, transmite un mensaje discriminatorio: que las personas con su aspecto no son bienvenidas en Texas.
"Es antiasiático, antiinmigrante y, específicamente, contra los chino-estadounidenses", dice Gene Wu, legislador estatal demócrata que lidera la lucha contra el proyecto de ley.
La nueva ley también podría perjudicar a las empresas en Texas, declaró Wu a la BBC. Las compañías que suelen invertir millones de dólares en el estado están buscando opciones en otros lugares.
Pie de foto,El representante de Texas Gene Wu ha liderado la lucha contra el proyecto de ley.
La SB 17 fue propuesta a principios de este año y promulgada el 20 de junio por el gobernador Greg Abbott, quien la calificó como la "prohibición más severa de Estados Unidos" para mantener alejados a los "adversarios" extranjeros.
Prohíbe a ciertas personas y organizaciones de países designados como amenazas a la seguridad nacional adquirir propiedades en Texas, incluyendo viviendas, locales comerciales y terrenos agrícolas. También restringe el plazo de alquiler de propiedades a menos de un año.
China es el primer país mencionado en la legislación, que acusa a Pekín de utilizar "actividades coercitivas, subversivas y de influencia maligna para debilitar a Estados Unidos" en su intento de superarlo económica, militar y políticamente.
Quienes violen la ley podrían enfrentarse a multas de más de 250.000 dólares o penas de prisión.
Los ciudadanos estadounidenses y los titulares de tarjetas de residencia permanente están exentos, y los titulares de visas válidas podrán seguir siendo propietarios de una residencia principal.
Sin embargo, los opositores afirman que, independientemente de las excepciones, el proyecto de ley es de naturaleza discriminatoria y que cualquier persona con apariencia china podría estar sujeta a un escrutinio injusto.
En julio, la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda), una organización sin fines de lucro, presentó una demanda en nombre de tres titulares de visas de China, argumentando que la ley era inconstitucional.
Posteriormente, el juez desestimó el caso, dando la razón al fiscal general del Estado, quien afirmó que los demandantes -titulares de visas de estudiante y de trabajo que residen en Texas- no se verían personalmente afectados por la ley.
Por lo tanto, parece que los tres demandantes se salvan por ahora. Sin embargo, para el grupo más amplio de titulares de visas de los cuatro países, la falta de una interpretación clara de las cláusulas legales aún genera incertidumbre.
Calda afirma haber presentado una apelación.
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Pie de foto,Texas es el segundo estado más grande del país, después de Alaska.
Los ciudadanos chinos son el grupo más grande afectado por la nueva ley. Al menos 120.000 personas nacidas en China continental vivían en Texas en 2023.
Qinlin Li, recién graduada de la Universidad Texas A&M y demandante en la demanda interpuesta contra la SB 17, dijo que se sorprendió al enterarse del proyecto de ley.
"Si no hay derechos humanos, entonces volvemos a como hace 150 años, como los trabajadores del ferrocarril", dice Li.
'La Ley de Exclusión China de 2025'
Li vivía en un apartamento alquilado en una tranquila zona residencial a las afueras de Austin. Ocupada con su trabajo y la demanda, no tuvo tiempo de buscar un nuevo apartamento que se ajustara a sus necesidades hasta dos semanas antes del vencimiento de su contrato de arrendamiento.
Estaba en plena mudanza cuando la demanda fue desestimada. Aunque el fallo judicial declaró que la ley no la afectaba, ella afirmó que todo el proceso había afectado su salud mental.
"Creo que esto va a impedir que la gente estudie y trabaje aquí, porque es muy problemático", indica Li.
Fuente de la imagen,Ning Li
Pie de foto,Jason Yuan en un discurso en la manifestación contra la SB 17 frente al edificio del capitolio estatal en Austin en mayo.
Jason Yuan ha dedicado su tiempo, además de su trabajo en el taller mecánico, a ser activista comunitario.
Antes de la aprobación del proyecto de ley, encabezó manifestaciones frente a la capital de Texas y testificó en una audiencia pública, declarando ante el comité que el nuevo proyecto de ley de tierras debería llamarse "Ley de Exclusión China de 2025".
En 1882, se aprobó la Ley de Exclusión China, una ley impulsada por el sentimiento antichino. Esta controvertida ley prohibió la inmigración de trabajadores chinos a Estados Unidos.
"Prohibirle a personas como yo la propiedad de una vivienda por su país de origen es discriminatorio", declara a la BBC Yuan, dueño del taller de coches.
Yuan estaba preocupado por el futuro de sus dos hijos, y cuando habló en una manifestación reciente, su hijo de 13 años lo apoyó.
"Les dije a todos que esto vale la pena", dice.
"En el futuro, les diré a mis hijos que, cuando sufran discriminación, cuando alguien los moleste, esta es una forma de contraatacar", añade.
Las empresas chinas consideran mudarse
Como propietario de una pequeña empresa, a Yuan también le preocupa el impacto financiero del proyecto de ley, ya que al menos un tercio de sus clientes son inmigrantes chinos.
"Es un ecosistema del que dependen los empresarios de la comunidad china", afirma Yuan.
Además de las pequeñas empresas, las empresas transnacionales chinas podrían verse directamente afectadas por la ley.
Entre 2011 y 2021, 34 empresas chinas registraron 38 proyectos de inversión, US$2.700 millones en inversiones de capital y 4.682 empleos en Texas, según un informe de funcionarios estatales.
Se cree que algunas empresas chinas están ya buscando alternativas a Texas.
Nancy Lin, agente inmobiliaria comercial con sede en Dallas, declaró a la BBC que varios posibles clientes chinos con los que ha hablado están pausando sus planes de inversión, incluidos algunos en los sectores de vehículos eléctricos y paneles solares.
"Si no se resuelve este problema, creo que será más difícil para las empresas chinas entrar en Texas. Quienes ya tengan contratos de arrendamiento no podrán renovarlos. Si lo hacen, solo podrán hacerlo por un máximo de un año".
El derecho a la propiedad de tierras ha sido una lucha para los chino-estadounidenses desde hace más de un siglo.
Una ley de tierras para extranjeros en Texas, que restringía la compra de tierras a ciudadanos no estadounidenses, estuvo vigente hasta 1965. Se consideró "irrazonable y discriminatoria" y contraria al "desarrollo económico".
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Pie de foto,La prohibición cubre terrenos agrícolas, residenciales, comerciales, industriales y arrendamientos de más de un año.
El gobernador Abbott afirma que su máxima prioridad es la seguridad de los tejanos.
Al ser consultado por la BBC, su oficina se refirió a declaraciones previas sobre el asunto, incluyendo un comunicado de prensa que afirmaba que "no se debe permitir que los adversarios extranjeros hostiles, incluida China, posean tierras en Texas".
Chuck DeVore, del grupo de expertos conservador "Texas Public Policy Foundation", fue uno de los que se pronunció a favor del proyecto de ley, destacando la necesidad de "mantener a los regímenes hostiles alejados de nuestras bases militares, tierras de cultivo e infraestructura, como la Base Aérea Laughlin en Del Río, Texas, o los ranchos que alimentan a nuestro estado".
Un proyecto cerca de la base aérea
El esfuerzo legislativo fue impulsado en parte por la controvertida compra entre 2016 y 2018 por parte del empresario chino Sun Guangxin de 140.000 acres de terreno en Texas para un parque eólico. La extensión incluía terrenos cerca de la Base Aérea de Laughlin.
Aunque inicialmente fue aprobada por el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), Texas aprobó una ley en 2021 que prohíbe los acuerdos con ciertas empresas extranjeras en "infraestructura crítica", y el proyecto de Sun fue frustrado.
El senador texano John Cornyn declaró en 2024 que, como miembro del Partido Comunista Chino (PCCh) y exlíder de alto rango del ejército chino, Sun probablemente tenía otros planes de vigilancia en nombre del gobierno chino.
Sun refutó tales afirmaciones. Una demanda presentada en 2024 por una de sus filiales comerciales destacó que las autoridades estadounidenses habían tomado medidas de mitigación y habían eximido al proyecto de considerarlo una amenaza para la seguridad nacional.
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Pie de foto,La ley fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 20 de junio y entra en vigor este ¡1 de septiembre.
Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios con sede en Washington, recopiló 224 casos de espionaje contra Estados Unidos por parte de China entre 2000 y 2023 a partir de fuentes públicas.
Expertos en seguridad nacional han sugerido que las amenazas relacionadas con el PCCh a Estados Unidos han aumentado en los últimos años.
"El riesgo es real", declaró Holden Triplett, exjefe de la oficina del FBI en Pekín, a la BBC.
"Atacar a Estados Unidos a nivel subnacional se ha convertido en una tendencia creciente en inteligencia. Los individuos y grupos a ese nivel tienden a ser menos conscientes de los riesgos y más propensos a establecer relaciones", dice Triplett.
Sin embargo, Patrick Toomey, de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmó que, en el caso de la SB 17, algunos funcionarios equiparaban erróneamente a los chinos con el gobierno chino.
"No hay pruebas de que la propiedad o el alquiler de viviendas en Texas por parte de ciudadanos chinos haya perjudicado la seguridad nacional", afirma.
Los expertos también cuestionan la necesidad de la nueva ley de Texas desde un punto de vista regulatorio. Era preferible que el gobierno federal manejara estos asuntos para evitar superposición de jurisdicciones, dijo Sarah Bauerle Danzman, del grupo de expertos Atlantic Council.
Una tendencia nacional
La SB 17 no es el primer proyecto de ley de este tipo en Estados Unidos.
26 estados, la mayoría controlados por los republicanos, han aprobado 50 proyectos de ley que restringen la propiedad extranjera de propiedades en China desde 2021, según el "Comité de los 100", una organización no gubernamental chino-estadounidense.
La mayoría de las leyes estatales se aprobaron desde 2023, el mismo año en que un globo espía chino sobrevoló el espacio aéreo norteamericano, en un incidente que marcó un nuevo punto bajo para las relaciones entre Estados Unidos y China.
La administración Trump también ha anunciado que planea prohibir a los ciudadanos chinos comprar tierras de cultivo en Estados Unidos.
"La ley de Texas debería ser una señal de alarma", declaró Toomey, añadiendo que la legislación instrumentalizaba falsas alegaciones de seguridad nacional contra inmigrantes asiáticos y otras comunidades.
Yuan cree que si los chino-estadounidenses no se resisten, la nueva ley de Texas podría dar lugar a la aprobación de leyes similares en otros estados.
Ohio, por ejemplo, está considerando una prohibición contra los "países adversarios", pero con un alcance más estricto que podría incluir también a los titulares de la green card (el documento de residencia permanente). Activistas se han manifestado en contra.
"Intentan reescribir las reglas de la democracia", afirma Yuan, "pero aún existe la posibilidad de que cambiemos el rumbo.
"De lo contrario, Estados Unidos se parecerá mucho más a China".
