Los trabajadores de California tendrán nuevas protecciones en 2023. Esto es lo que hay que saber
Nuevas leyes de gran alcance buscan mejorar las condiciones de trabajo de una amplia franja de californianos en 2023, desde empleados de cuello blanco a obreros agrícolas, camareros de comida rápida y trabajadores de la construcción.
Mariko Yoshihara, asesora legislativa y directora de políticas de la Asociación de Abogados Laboralistas de California (California Employment Lawyers Assn), afirma que entre los logros de los legisladores figuran la ampliación de la licencia familiar, la concesión de permisos por duelo y la transparencia salarial.
La pugna legislativa entre los defensores de los trabajadores y las poderosas industrias del estado hizo que varias iniciativas fracasaran el año pasado. Es probable que vuelvan a surgir este año, incluidos los proyectos de ley para ampliar las horas extras, proteger a los empleados de la vigilancia de inteligencia artificial y evitar que las empresas trasladen los centros de llamadas fuera del estado.
La Cámara de Comercio de California celebró la desaparición de 17 de los 19 proyectos de ley que había calificado de “asesinos de empleos”, lo que refleja “una falta de apreciación de las realidades económicas y los desafíos regulatorios a los que se enfrentan los empleadores -y especialmente los empleadores de pequeñas empresas- a medida que continúan emergiendo de los impactos de la pandemia”.
Una de las nuevas leyes más controvertidas, cuyo objetivo es establecer las condiciones salariales y laborales de los restaurantes de comida rápida en todo el sector, está en suspenso, ya que sus detractores pretenden anularla con una propuesta de ley electoral para 2024.
No obstante, en una gran victoria para los trabajadores con salarios bajos más afectados por el alto coste de la vida en el estado, California elevó su salario mínimo a 15,50 dólares el 1 de enero, aplicándolo a todos los empleadores, independientemente de su tamaño. El aumento de medio dólar fue el resultado de una ley de 2016 que obligaba a realizar ajustes relacionados con la inflación.
Se calcula que 3,2 millones de californianos -el 18,9% de la población activa- están recibiendo aumentos de sueldo, según el Instituto de Política Económica, un grupo de expertos con sede en Washington.
El salario mínimo del Estado Dorado para 2023 es el más alto después del del estado de Washington (15,74 $) y Washington D.C. (16,10 $). Pero más de 30 ciudades y condados de California han promulgado mínimos superiores al estatal, incluida la ciudad de Los Ángeles, que elevó su suelo a 16,04 dólares en julio.
Entre las nuevas leyes laborales más significativas:
IGUALDAD SALARIAL
¿Pueden los empresarios pagar menos a las mujeres que a los hombres? ¿Pagar a los trabajadores latinos, negros y asiáticos menos que a sus homólogos blancos?
El proyecto de ley 1162 del Senado, redactado por la senadora demócrata Monique Limón (Santa Bárbara), lo pone más difícil al obligar a los empresarios con 15 o más trabajadores a revelar a los trabajadores los rangos salariales y a incluirlos en las ofertas de empleo. El Comisionado de Trabajo de California puede imponer multas de hasta 10.000 dólares en caso de incumplimiento.
La ley fue promovida por la primera socia Jennifer Siebel Newsom, líder de una campaña para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Fue firmada por el gobernador Gavin Newsom, rodeado de miembros del Caucus Legislativo de Mujeres.
Limón lo calificó como “un gran momento para los trabajadores de California, especialmente las mujeres y las personas de color que durante mucho tiempo se han visto afectadas por las desigualdades sistémicas que les han dejado ganando mucho menos que sus colegas”.
En diciembre, solo el 44% de los empleadores de California incluyeron datos salariales en sus ofertas de empleo, según un análisis del sitio de empleo Indeed.
Washington, Colorado, Connecticut y Nueva York han promulgado leyes de transparencia similares. La nueva medida de California se basa en una ley de 2020 que obliga a las empresas con más de 100 empleados a presentar confidencialmente datos salariales por sexo, raza, etnia y categoría laboral al Departamento de Empleo Justo y Vivienda del estado.
Esta información también se exigirá ahora a los trabajadores contratados a través de agencias de empleo o contratistas.
El proyecto de ley original de Limón habría exigido que el Estado divulgara públicamente los datos salariales que recopila de empresas individuales con 250 empleados o más, y no sólo que emitiera informes generales. La disposición se suprimió tras la furiosa oposición de los grupos empresariales. La Cámara de Comercio de California la calificó de medida “cínica y poco sincera” que daría pie a demandas judiciales.
Limón planea continuar la presión para una mayor divulgación, diciendo: “Esta lucha está lejos de terminar”.
PERMISO FAMILIAR
¿Qué pasaría si usted y otros californianos financiaran el programa estatal de baja familiar a través de las deducciones de su nómina, pero después, tras dar a luz o tener que cuidar a un familiar enfermo, no pudiera permitirse faltar al trabajo?
Durante dos décadas, ese ha sido el caso de millones de trabajadores, porque el programa ofrecía sólo un 55% de sustitución salarial durante un máximo de seis semanas, una dificultad para las personas que apenas llegan a fin de mes en un estado con un alto coste de la vida.
Muchos californianos con salarios bajos, desproporcionadamente latinos, negros y mujeres, han tenido que “seguir trabajando en contra de las órdenes de su médico, trabajar hasta el día del parto, dejar a familiares enfermos sin atención adecuada y volver al trabajo justo después de tener un hijo”, dijo Katherine Wutchiett, abogada de Legal Aid at Work, una organización sin ánimo de lucro de San Francisco.
Los trabajadores con salarios altos y medios, que podrían permitirse un recorte salarial, han recurrido al programa cuatro veces más que los trabajadores peor pagados, según el Centro de Presupuesto y Política de California.
A medida que COVID-19 se afianzaba en 2020, la Legislatura elevó los pagos a entre el 60% y el 70% del salario de un trabajador durante ocho semanas. Pero ese aumento -todavía insuficiente para muchos que viven al día- expiraba este mes.
Ahora, el proyecto de ley 951 del Senado, redactado por la senadora María Elena Durazo (demócrata de Los Ángeles), prorroga dos años el aumento impulsado por el COVID. Y en 2025, se mantendrá en ese nivel para los trabajadores que ganen más de 57.000 dólares al año. Pero los salarios de los empleados que ganen menos se repondrán entre el 70% y el 90%.
Estados Unidos es una de las dos únicas naciones del mundo sin un programa nacional de baja familiar retribuida. Pero California “puede enorgullecerse ahora de que nuestro Estado sea líder en materia de equidad para los trabajadores mal pagados y las familias de color”, dijo Durazo.
La nueva ley suprime una disposición actual que permite a los trabajadores que ganan más de 145.000 dólares al año contribuir menos al fondo. No obstante, un análisis legislativo calcula que la nueva financiación no compensará totalmente los aproximadamente 3.000 a 4.000 millones de dólares en prestaciones ampliadas.
PERMISO POR DUELO
“Ninguna persona debe temer perder su empleo por tomarse tiempo para llorar la muerte de un ser querido”, declaró Evan Low (D-Campbell), autor de una nueva ley que otorga a los californianos el derecho a un permiso por duelo.
Según el proyecto de ley 1949, las empresas californianas con cinco o más trabajadores deben concederles hasta cinco días de permiso no retribuido y protegido por el puesto de trabajo en caso de fallecimiento de un familiar cercano, como cónyuge, hijo, padre, hermano, abuelo, nieto, pareja de hecho o suegro.
Ninguna ley federal exige la baja por duelo, lo que deja en manos de los empresarios la adopción de disposiciones informales que pueden no atender adecuadamente la necesidad de duelo de los trabajadores. Los empleados pueden ser despedidos por faltar al trabajo para asistir a un funeral.
Con la oposición de las empresas en los últimos años, una ley de duelo se hizo más urgente con más de 97.700 muertes en California relacionadas con el virus que causa la COVID-19. Pero más allá de la pandemia, dijo Low, la ley tendrá “un impacto duradero. No podemos esperar que la gente trabaje a pleno rendimiento mientras llora la muerte de un ser querido”.
La ley permite a los empresarios exigir documentación como un certificado de defunción, una esquela publicada o la verificación de una funeraria.
TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Más de 400.000 trabajadores agrícolas recogen anualmente 51.000 millones de dólares en cosechas en los campos de California. Menos del 2% pertenecen a un sindicato, muy por debajo del 16% de la población activa del estado.
Una nueva ley, la Assembly Bill 2183, redactada por el asambleísta Mark Stone (demócrata de Scotts Valley), facilita la sindicalización de estos trabajadores mal pagados. Muchos son inmigrantes indocumentados que hablan poco inglés. Y a menudo desconocen sus derechos o temen represalias, según la Unión de Campesinos, que impulsó la medida.
Según la ley actual, las elecciones sindicales, que suelen celebrarse en las propiedades de los agricultores, son supervisadas por la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas del estado. La nueva medida permite a los trabajadores agrícolas votar por correo o rellenar una papeleta que se entrega en la Junta.
Western Growers, una asociación de agronegocios, dijo que la ley anula “el derecho de los trabajadores agrícolas a una elección de voto secreto supervisada por el estado.” Una disposición que permite a los representantes sindicales ayudar a rellenar las papeletas de los trabajadores dará lugar a “una implacable campaña de presión y acoso sindical”, predice el grupo.
La UFW argumenta que la medida nivela el terreno de juego entre trabajadores y empresarios, especialmente desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó en junio de 2021 que los propietarios tienen derecho a mantener a los organizadores sindicales fuera de su propiedad.
Proyectos de ley similares fueron vetados por los gobernadores Jerry Brown y Arnold Schwarzenegger, y por el gobernador Gavin Newsom el año pasado. Newsom también planeaba vetar la AB 2183 por “carecer de disposiciones críticas para proteger la integridad de las elecciones”.
Pero una conmovedora marcha de 24 días y 335 millas de los trabajadores del campo en agosto desde Delano a Sacramento, imitando la histórica marcha de César Chávez en 1966, aumentó la presión sobre el reticente gobernador. Y el presidente Biden respaldó el proyecto de ley, declarando: “Los trabajadores agrícolas trabajaron incansablemente y con gran riesgo personal para mantener los alimentos en las mesas de Estados Unidos durante la pandemia. ... Lo menos que les debemos es un camino más fácil para hacer una elección libre y justa para organizar un sindicato”.
Newsom firmó el proyecto de ley después de que los legisladores acordaran futuras enmiendas que, no obstante, preservan la disposición clave sobre el control de tarjetas. La ley expira dentro de cinco años.
COMIDA RÁPIDA
Durante más de una década, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, uno de los mayores del país, ha tratado de organizar a los trabajadores de McDonald’s y otras cadenas de comida rápida con su campaña “Lucha por 15 dólares y un sindicato”.
Esta iniciativa contribuyó a aumentar el salario mínimo en California, pero, salvo en algunos locales de Starbucks en los últimos meses, los restaurantes de comida rápida del estado, con 550.000 empleados, se han resistido a la sindicalización.
Una nueva ley, el proyecto de ley 257 de la Asamblea, patrocinada por el SEIU, sentaría un audaz precedente con un Consejo de Comida Rápida de 10 miembros para regular los salarios, horarios y condiciones de trabajo en las cadenas con al menos 100 establecimientos en todo el país. Este organismo, pionero en su género, incluiría delegados de los trabajadores, representantes de la industria y funcionarios estatales.
Pero los gigantes corporativos, entre ellos In-N-Out Burger, Chipotle Mexican Grill y Starbucks, respaldados por la Cámara de California, han recogido un millón de firmas para un referéndum en 2024 para anular la medida y persuadieron a un juez para retrasar su aplicación.
Si la Ley de Responsabilidad y Recuperación de Estándares de la Comida Rápida -conocida como Ley de Recuperación Rápida- sobrevive, el consejo podría aumentar los salarios hasta 22 dólares la hora. Podría promulgar normas de salud, seguridad y discriminación en un sector plagado de denuncias por robo de salarios, acoso sexual y falta de protección de los trabajadores frente al COVID-19.
El planteamiento se asemeja a la negociación sectorial europea, pero supone un marcado alejamiento de la costumbre estadounidense, en la que los sindicatos suelen dirigirse a una sola empresa a la vez.
El preámbulo de la ley afirma que “el sector de la comida rápida ha estado plagado de abusos, bajos salarios, escasas prestaciones y mínima seguridad laboral, y los trabajadores californianos han estado sometidos a elevados índices de infracciones laborales”. Añade que “los mecanismos de aplicación y regulación existentes han demostrado ser inadecuados”.
Aunque los sindicatos sostienen que la ley daría a los trabajadores “voz en el trabajo” en ausencia de negociación colectiva, los grupos industriales sostienen que provocaría un aumento de los precios de los menús y, para los trabajadores, reducción de horas o despidos.
Los grupos de presión empresariales consiguieron acabar con las primeras disposiciones que habrían hecho a las cadenas empresariales responsables conjuntamente con los franquiciados del robo de salarios y otras infracciones, y que habrían permitido al consejo regular la programación de turnos y las bajas por enfermedad.
SALARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN
Los trabajadores de la construcción residencial ganan tradicionalmente menos que los de los proyectos comerciales financiados por el gobierno, que deben pagar los salarios “vigentes”, normalmente a escala sindical. Dos nuevas leyes, la Ley del Senado 6 y la Ley de la Asamblea 2011, exigen esos salarios más altos en los proyectos de viviendas asequibles en corredores previamente zonificados para uso comercial.
USO DE LA MARIHUANA
A partir de 2024, los empleadores ya no pueden penalizar a la mayoría de los empleados para el uso fuera del trabajo de la marihuana gracias a la Asamblea Bill 2188, escrito por el asambleísta Bill Quirk (D-Union City).
ABORTO CUIDADO
Proyecto de ley del Senado 1375, escrito por Toni Atkins (D-San Diego), permite a las enfermeras con experiencia para calificar más fácilmente para realizar abortos independientes de un médico.
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