Milei avanza con su reforma laboral: entre la «modernización» y el temor a más precarización
Javier Milei anunció que su gestión avanzará con una reforma integral del régimen laboral. El proyecto prevé, entre otros puntos, la renegociación de convenios colectivos, la digitalización de registros laborales, la posibilidad de acordar salarios en moneda extranjera, y la creación de un “banco de horas” para flexibilizar las jornadas de trabajo. Por otra parte, la reforma laboral tendría entre sus puntos quitar el sistema de paritarias, limitar los juicios laborales e incorporar los “salarios dinámicos”.
Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual es “rígido y anacrónico” y que las leyes laborales vigentes fueron en muchos casos heredadas del modelo peronista de mediados del siglo XX. El discurso oficial se apoya en la idea de que la reforma generará “mayor competitividad, formalización del empleo y reducción de litigios». Según el Ejecutivo, el actual marco legal “desalienta la contratación formal” y “castiga a quien quiere dar trabajo”.
¿En qué consiste la reforma laboral?
Entre los puntos más relevantes que el Ejecutivo pretende modificar, se destacan:
- Banco de horas y extensión de la jornada: permitiría acumular horas trabajadas para compensarlas con días de descanso en lugar de pagarlas como horas extras. En la práctica, esto implicaría una reorganización de horarios que podría derivar en jornadas de hasta 12 horas en ciertos sectores, reduciendo el costo laboral para las empresas y el ingreso extra de los trabajadores.
- “Salarios dinámicos” y negociación por empresa: habilita que los salarios se pacten a nivel individual o empresarial, vinculando a la productividad o a bonos por rendimiento, lo que debilitaría la negociación colectiva y las paritarias por rama.
- Limitación de demandas laborales: propone acotar la litigiosidad judicial estableciendo topes a las indemnizaciones o nuevos requisitos procesales, con el objetivo de reducir los costos judiciales de las empresas.
- Indemnizaciones y fondos de cese: plantea reemplazar el sistema actual por mecanismos alternativos, como fondos de cese laboral o pagos en cuotas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
- Digitalización y formalidad: introduce nuevas modalidades de registro y control digital de las relaciones laborales, redefiniendo criterios de formalidad y facturación.
- Vacaciones, licencias y pagos en especie: prevé la posibilidad de fraccionar vacaciones, flexibilizar licencias y abonar parte del salario en bonos o beneficios no contributivos.
¿Cómo puede impactar en los laburantes?
En diálogo con El Grito del Sur, la abogada laboralista Natalia Salvo explicó las posibles consecuencias de esta iniciativa: “Las consecuencias que traen este tipo de reformas para los trabajadores que se encuentran en la economía formal es que no puedan reclamar esos derechos, o que para hacerlo tengan que concurrir al Poder Judicial, que incluso está siendo vaciado por este gobierno. «Al no tener esos derechos o bien no poder reclamarlos, el trabajador formal se fragiliza, y eso repercute directamente en el mercado informal, porque el parámetro que se toma es el del trabajador formalizado. Por lo tanto, esto es ir de mal en peor: si el trabajador formal no tiene derechos, estará mucho más debilitado, y el informal lo estará aún más», expresó Salvo.
Sobre los puntos más controvertidos de la propuesta que busca impulsar el gobierno nacional, Salvo opinó lo siguiente: “En sintonía con los aspectos que considero más controvertidos o regresivos de la reforma laboral propuesta, diría que prácticamente todos lo son. Si tomamos en cuenta un contrato de trabajo, lo que hacen es convertir el acceso al mercado laboral formal y a los derechos que otorga la Ley de Contrato de Trabajo en un verdadero privilegio. ¿Cómo lo hacen? Ya lo han ampliado con la Ley Bases, mediante la extensión del período de prueba, durante el cual el despido sin causa es posible evitando el pago de una indemnización cuantiosa. Es decir, se debilita el acceso a los derechos y a la estabilidad en el empleo». Y agregó: «También, por ejemplo, a través de la creación de figuras laborales que no son reconocidas como relaciones de dependencia: la propia Ley Bases habilita al empleador a tomar hasta tres trabajadores que no son considerados formalmente en relación de dependencia”.
Consultada sobre qué tipo de reformas podrían aplicarse en la Argentina sin afectar los derechos laborales, la abogada señaló que «hay reformas posibles que respetan el principio de prioridad, progresividad y adquisición del derecho que reconoce la Constitución Nacional. Una de ellas es la reducción de la jornada laboral, que trae tres efectos palpables: más productividad, menos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y menos ausentismo. Esto se probó en muchos lugares del mundo después de la pandemia. Hace poco tiempo, Países Bajos redujo la jornada laboral semanal a cuatro días de trabajo y tres de descanso, con un total de 32 horas semanales. Si se quiere modernizar el derecho laboral, se puede empezar por ahí: actualizar una ley que data de 1929. También se debe mantener el salario mínimo y evitar los pagos por productividad o el llamado “salario emocional», porque eso pone en riesgo una conquista histórica». «Los salarios pueden ajustarse por inflación u otros mecanismos de actualización en contextos inflacionarios, para no perder poder adquisitivo. Por último, sería clave avanzar en mecanismos de participación en las ganancias que no dependan solo de los convenios colectivos, e incorporar por ley a los trabajadores de plataformas, como ya lo hizo España”, concluyó Salvo.
Para amplios sectores del ámbito jurídico, la propuesta de reforma laboral representa un riesgo real de precarización y pérdida de derechos. Más allá del discurso de modernización, lo que está en juego es el equilibrio entre la libertad empresarial y la protección del trabajador, un principio que históricamente definió al derecho laboral argentino.
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