Gil Lavedra contra los mitos de la “industria del juicio”: “Estigmatizan el rol de los abogados”
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra defendió el rol de los laboralistas y la Justicia del Trabajo ante las críticas sobre la litigiosidad.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, salió al cruce de las afirmaciones sobre la supuesta “industria del juicio” y la “cultura del pleito” en el ámbito laboral.
“El Derecho del Trabajo y el fuero laboral fueron instituidos por el legislador y sus normas son aplicadas por el Poder Judicial conforme a principios constitucionales, precisamente para equilibrar esa disparidad y proteger tanto al trabajador como al empleador dentro del estado de derecho”, afirmó.
De esta manera, Gil Lavedra respondió a un reciente informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que advirtió sobre una litigiosidad en alza. Según el documento, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se registraron 126.700 nuevos juicios, lo que representa un costo estimado superior a 2 billones de pesos o 6.891.653 salarios mínimos. Para este año, estiman un nuevo récord: 130.000 demandas.
“En las últimas semanas se difundieron nuevamente afirmaciones que le atribuyen a la Justicia del Trabajo y a los abogados y abogadas laboralistas la responsabilidad por la falta de empleo, la caída de la inversión o dificultades productivas”, aseguró y remarcó que esas expresiones “están basadas en datos parciales o falsos, que estigmatizan el rol de los abogados y abogadas laboralistas y desvían la atención de las carencias estructurales que presenta el mundo del trabajo”.
El Colegio porteño también subrayó que “los y las laboralistas facilitan el acceso a la justicia, defienden derechos reconocidos por la ley y contribuyen a la preservación de la legalidad y la paz social en el ámbito laboral; sin ser quienes redactan ni sancionan las leyes, sino quienes las aplican en defensa de los derechos que ellas reconocen”.
En ese sentido, Gil Lavedra compartió datos precisos sobre la actividad judicial laboral: “Entre 2014 y 2023, se dictaron en la Justicia Nacional del Trabajo (que concentra el mayor volumen de causas laborales, con competencia en la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires) unas 257.000 sentencias definitivas (25.700 por año)”, y agregó: “Si se compara este número con la población ocupada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), estimada en alrededor de 5 millones de personas, la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5 por ciento anual de la fuerza laboral”.
También señaló que “la mayoría de los conflictos laborales no llegan a juicio” y que “la litigiosidad se mantiene en rangos constantes, aún en contextos difíciles, con marcada caída de empleo, aumento del subempleo y clandestinidad laboral, o deterioro de la calidad del empleo, como los que experimentamos en la última década”.
Sobre el funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo, aclaró que “casi la totalidad de los reclamos judiciales por infortunios laborales se dirigen contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) –es decir, contra las compañías de seguros creadas para cubrir siniestros– y no contra los empleadores directamente” y explicó: “Esto significa que, ante un accidente, la empresa empleadora no enfrenta por sí sola el peso indemnizatorio del juicio, ya que para eso existe el seguro”.
Finalmente, se refirió al problema de los tiempos judiciales: “La demora en los juicios laborales resulta excesiva y es otra de las razones que distorsiona el cálculo de la reparación en un país con inestabilidad económica” y remarcó que “no es responsabilidad ni de los abogados y abogadas ni de los jueces y juezas, sino de las autoridades políticas que tienen las potestades de dictar las normas necesarias para un procedimiento más ágil y accesible, y de cubrir las vacantes que hay en la Justicia del Trabajo”.
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