La normativa laboral de Bolivia, un desafío para el nuevo gobierno
La normativa laboral en Bolivia se rige, esencialmente, por la Ley General del Trabajo, promulgada en 1942, y su Decreto Reglamentario de 1943. Aunque esta norma representó un avance histórico en la protección de los derechos de los trabajadores de la época, hoy, más de ochenta años después, responde a un contexto social y económico claramente diferente.
Posteriormente, la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009 introdujo una serie de principios laborales de amplio alcance, reforzando la tutela estatal del trabajador. El artículo 48 establece que los derechos laborales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, lo que marca una diferencia estructural con el modelo anterior, donde la prescripción laboral era un mecanismo de cierre jurídico (con dos años de duración) que otorgaba certeza a las relaciones laborales pasadas.
Este nuevo enfoque constitucional, aunque legítimo en su intención protectora, ha generado un efecto de inseguridad jurídica para los empleadores, ya que la imprescriptibilidad impide delimitar temporalmente las obligaciones laborales y deja abiertas potenciales reclamaciones indefinidas, incluso sobre relaciones laborales concluidas hace décadas.
En la práctica, la interpretación amplia de la imprescriptibilidad ha creado una tensión permanente entre justicia social y previsibilidad jurídica. Si bien protege al trabajador frente a la inacción estatal o la precarización laboral, también desincentiva la inversión y la formalización, pues las empresas no pueden calcular de manera razonable sus riesgos futuros.
Por consiguiente, el marco normativo actual se ha vuelto inflexible, anacrónico y poco compatible con las dinámicas del mercado moderno internacional, caracterizado por la globalización, la digitalización del trabajo y la diversificación de formas de empleo. Esta desactualización genera inseguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores y constituye uno de los grandes desafíos que el nuevo gobierno deberá enfrentar si desea impulsar inversión, formalidad y empleo digno.
La hiperprotección normativa y sus efectos
Bolivia cuenta hoy con un marco legal que, si bien protege con firmeza los derechos de los trabajadores, no diferencia adecuadamente entre la protección necesaria y la rigidez desproporcionada. La normativa vigente, reforzada por la interpretación constitucional, ha consolidado un sistema donde:
- La presunción de la relación laboral se aplica en casi todo tipo de relación, incluso civil o comercial.
- Las reincorporaciones laborales son ordenadas por vía administrativa, sin proceso judicial pleno.
- Las sanciones por incumplimiento y las inspecciones de las instituciones sociales resultan excesivas en relación con el daño real.
Esta hiperprotección, concebida bajo una lógica paternalista, termina afectando la creación de empleo formal. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan un alto costo de cumplimiento y un riesgo jurídico permanente, lo que impulsa la informalidad y reduce la competitividad del país frente a sus pares regionales.
Los desafíos del nuevo gobierno
El nuevo gobierno tiene la oportunidad y la obligación de replantear el marco laboral boliviano con una visión equilibrada entre protección social y desarrollo económico. No se trata de debilitar derechos, sino de actualizarlos para que sean sostenibles y justos.
La agenda mínima de reforma debería incluir:
- Codificación y simplificación normativa, unificando la dispersión de decretos y reglamentos.
- Regulación clara de nuevas formas de empleo, especialmente el teletrabajo y las modalidades híbridas, correctamente reguladas.
- Incorporación de mecanismos de mediación y arbitraje laboral, para resolver conflictos de manera ágil y técnica.
- Revisión del principio de imprescriptibilidad, estableciendo límites razonables que permitan equilibrio entre tutela y seguridad jurídica.
Una reforma de este tipo no implica desproteger al trabajador, sino modernizar la protección laboral en función de la realidad económica actual y asegurar que la ley sea viable, cumplible y previsible para todos los actores.
Hacia un nuevo pacto social y laboral
La norma laboral no puede permanecer congelada en el tiempo, debe evolucionar junto con la sociedad que busca regular.
Un marco laboral moderno no solo protege al trabajador, sino que fomenta la competitividad empresarial, promueve empleo formal y fortalece la seguridad social.
La rigidez extrema no garantiza justicia; al contrario, la inseguridad jurídica desalienta la formalización y termina perjudicando a quienes pretende proteger.
Bolivia necesita un nuevo pacto laboral, que reconozca al trabajo como un valor social y a la empresa como motor del desarrollo. Un modelo donde la ley no sea un obstáculo, sino un instrumento de equilibrio y progreso.
El Derecho laboral boliviano requiere una revisión integral que trascienda coyunturas políticas y se construya con diálogo entre Estado, empleadores y trabajadores. La Constitución de 2009 estableció un marco protector esencial, pero su desarrollo legislativo ha sido parcial y desequilibrado.
El desafío del nuevo gobierno es grande: equilibrar los principios de justicia social con las exigencias de un mercado moderno, sin perder el sentido humano del trabajo. Solo así el derecho laboral recuperará su verdadero propósito.
*Ximena Pereira Nava es socia de Orienta Legal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario