La Justicia lo aclara: despedir a un trabajador condenado por violencia de género por no poder cumplir una orden de alejamiento puede ser improcedente
La Justicia lo aclara: despedir a un trabajador condenado por violencia de género por no poder cumplir una orden de alejamiento puede ser improcedente
Un debate legal que ha circulado en redes sociales tiene una respuesta clara en los tribunales laborales españoles: no siempre es procedente despedir a un trabajador condenado por violencia de género si no puede acudir a su puesto por una orden de alejamiento. La clave está en si la empresa puede o no adoptar otras medidas antes de recurrir al despido.
En algunas sentencias analizadas por tribunales laborales, la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo se produce porque la orden judicial prohíbe al agresor acercarse a la víctima, que puede trabajar en el mismo centro o en un lugar cercano. En estos casos, la empresa suele alegar que el trabajador no puede cumplir con su jornada y procede a despedirlo. Sin embargo, los tribunales han recordado que eso no siempre justifica automáticamente el despido disciplinario.
Cuando la orden de alejamiento afecta al trabajo
Una orden de alejamiento impide al condenado acercarse a la víctima a una distancia determinada y cualquier incumplimiento puede constituir un delito de quebrantamiento de condena.
Si víctima y agresor comparten centro de trabajo o espacios cercanos, el trabajador puede quedar en una situación complicada: acudir al puesto supondría incumplir la orden judicial, pero no acudir podría considerarse ausencia laboral.
Al analizar estos casos, algunos tribunales han concluido que la empresa debe valorar alternativas antes de despedir, como cambios de turno, traslado a otro centro o reubicación en tareas diferentes. Si no se estudian estas opciones y se opta directamente por el despido, este puede ser calificado como improcedente, lo que obliga a la empresa a readmitir al trabajador o pagar una indemnización.
Un conflicto entre derecho penal y derecho laboral
Los especialistas en derecho laboral explican que este tipo de situaciones generan un choque entre dos ámbitos jurídicos distintos: el penal, que impone la orden de alejamiento para proteger a la víctima, y el laboral, que regula las causas válidas para extinguir un contrato de trabajo.
Por eso, los tribunales analizan cada caso de forma individual. El despido sólo se considera procedente cuando la empresa demuestra que no existe ninguna alternativa razonable para mantener la relación laboral sin poner en riesgo a la víctima.
En definitiva, la jurisprudencia está dejando claro que una condena o una orden de alejamiento no implican automáticamente la pérdida del empleo. Antes de despedir, la empresa debe justificar que realmente no tiene otra solución compatible con la seguridad de la víctima y el funcionamiento del trabajo.
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