Expertos laboralistas advierten: “Las indemnizaciones variables por despido generarán inseguridad jurídica a las empresas”
“La mayoría de los países de nuestro entorno tienen indemnizaciones tasadas. La pérdida de empleo tiene una previsión legal que se compensa económicamente con esa indemnización"
Este último fin de semana de octubre, cerca de cuatrocientos laboralistas de toda España se dieron cita en Valencia, convocados por ASNALA, entidad que celebraba su 25 aniversario para pasar revista a los temas claves del derecho del trabajo, asuntos de importancia ante la recesión que se avecina en nuestro país.
En este contexto la presencia de destacados ponentes como María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Social del Supremo; Francisco de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional; y Maria José Ruiz, abogada del Estado en la Sub. Gral. de Asuntos de la UE y agente de nuestro país ante el TJUE sirvió para abordar la problemática del incremento de demandas sobre derechos fundamentales.
Junto a esta cuestión y otras como el papel de la inspección de trabajo y seguridad social en la actual reforma laboral o el análisis de la última jurisprudencia de la Sala Social del Supremo que analizó el magistrado de este órgano judicial Ángel Blasco, uno de los temas que Economist & Jurist pudo comprobar que se debatía en los corrillos de este evento fue el de cuestionar la idea de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz de diseñar un sistema de indemnizaciones modulable, mas cercano de los 45 días por año trabajado que los actuales 33 por día tras la reforma del 2021.
En el Ateneo Mercantil de Valencia, los laboralistas debatieron de distintos temas, entre ellos el despido variable que plantea Yolanda Díaz (Foto: E&J)
Como ya hiciera el pasado mes de junio, Díaz, sin por el momento ningún documento que se conozca, vuelve a la carga con sus tesis de modificar el régimen de indemnizaciones del despido existente, a once meses de esta última reforma laboral. Así plantea que esas cuantías sean diferentes ante la situación personal de ese trabajador. Es el despido restaurativo o reparativo al que los laboralistas de ASNALA ven muchos problemas de implantación.
Ignacio Esteban, socio del área laboral de Garrigues, explica que “con el marco indemnizatorio definido que tenemos no parece que sea necesario que además se puede complementar por otra indemnización por derecho fundamentales. La necesidad de esta reforma no está clara. Puede generar más incertidumbre e inseguridad jurídica en un entorno como el actual, donde los operadores jurídicos necesitan más certeza”.
Para este jurista, “no podemos olvidar que acaba de aprobarse una reforma laboral que ha sido fruto del consenso. Una reforma moderada en su momento para lo que esperábamos. Una medida de este tipo requeriría que se plantease en la mesa del diálogo social donde empresarios y sindicatos tienen mucho que decir. Es una reforma de calado que necesitaría de una modificación sustancial del actual Estatuto de los Trabajadores”.
Desde su punto de vista, frente a las tesis de UGT y CCOO que convocan el próximo 3 de noviembre una manifestación en distintas ciudades españoles para reivindicar salarios mayores, de acuerdo con la inflación, que defiendan que despedir es barato en España, Esteban opina lo contrario: “Tenemos un marco indemnizatorio que es de los más elevados a nivel europeo. No creo que sea el momento de implementar un cambio de estas características”.
Despedir es barato en España, dice UGT
Por su parte, Fernando Lujan, secretario confederal de UGT, comparte las tesis de la ministra Díaz sobre el despido modulable y cree que la actual reforma laboral está funcionando: “Nosotros hemos liderado la iniciativa a través de una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) donde constatamos que tras la reforma laboral del 2012, despedir en España es muy fácil y demasiado barato”.
Fernando Lujan cree que es bueno elevar las indemnizaciones por despido: “En España se despide fácil y muy barato” (Foto: E&J)
En esa reclamación, de la que habrá «una sentencia a final del año que viene sobre el fondo del asunto, cuestionamos la legislación española frente al despido desde la Carta Social Europea. Con arreglo a ese análisis vemos que nuestro país no cumple el articulo 24 de dicha Carta y ese es el fundamento de nuestra reclamación. Somos optimistas porque resoluciones en Italia en el 2019 y otra en Francia acaba de tener resolución favorable”.
Sobre dicha petición que hace UGT al CEDS, Luján señala que “además de una indemnización tasada, los tribunales puedan dictaminar si una decisión antijuridica origina unos perjuicios mayores, como pasa con el resto del ordenamiento jurídico y en segundo lugar que sea lo suficientemente disuasoria para que conductas ilegales no se repitan. Hay que buscar una formula mixta para computar dicha indemnización que tenga en cuenta el daño causado y genera un efecto disuasorio”.
Indemnizaciones iguales para todos
Ignacio Sampere: «El anuncio de la Ministra Díaz no es el más adecuado en un momento como el actual» (Foto: BDO)
Ignacio Sampere, of counsel de BDO Abogados, cree que este anuncio de la Ministra Díaz no es el más adecuado en un momento como el actual en el que no es fácil alcanzar en las empresas un pacto de rentas: “También ha adelantado que previsiblemente la inspección de trabajo y seguridad social, como ya se hiciera antes de la reforma laboral del 2012, vuelva a controlar la gestión de los ERES que las empresas hagan. No es una buena noticia que entren en el fondo de este tipo de asuntos”.
Respecto a las indemnizaciones modulables este experto recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre este tema en su día “cuando se publicó el Estatuto de los Trabajadores había dos tipos de indemnización, para empresas de menos de 25 trabajadores y otra para otras compañías de mayor tamaño. Las de menos tenían que pagar una indemnización menor y ahí el Tribunal Constitucional señaló que por el principio de igualdad todas las indemnizaciones tendrían que mantener los mismos criterios”.
Nuestro interlocutor vislumbra que estas indemnizaciones que Díaz quiere poner en marcha podrían resucitar el despido de 45 días por año trabajado “puede ser una opción que hay sobre la mesa, pero realmente el debate no está ahí en estos momentos. Cuando hay un despido colectivo, en función de los trabajadores afectados, se negocia entre las partes las prioridades y algún tipo de indemnización adicional para situaciones especiales”.
Para Román Gil, socio de Sagardoy Abogados “con este globo sonda que ha lanzado la ministra Díaz sobre la cuantía de los despidos se ha abierto un debate importante en nuestro país. Esta cuestión de los despidos con indemnizaciones variable no es algo novedoso. Lo hemos visto en España antes del Estatuto de los Trabajadores. Es una propuesta que puede generar problemas, tanto a nivel de generar inseguridad jurídica, incertidumbre y algunas disfunciones en cuanto a la contratación de ciertos colectivos”.
Román Gil, socio de Sagardoy Abogados, recuerda que esta medida ya se utilizó antes de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores “pero no ha funcionado“ (Foto: Archivo)
A juicio de este experto, “desde el punto de vista práctico en los temas de reestructuración y despido colectivo alguna vez he llevado este tipo de propuestas a la mesa de negociación y la experiencia es que los trabajadores lo suelen rechazar y les parece que los criterios de antigüedad y salario son los más objetivos a la hora de fijar dichas indemnizaciones”.
Asevera que “en un momento en el que muchas empresas están luchando por mantener su negocio, no es oportuno abrir este debate sobre la cuantía del despido. Tampoco creemos que pueda salir en esta legislatura de la que queda algo más de un año. La experiencia práctica en nuestro país del despido con indemnización variable no ha sido buena en nuestro entorno, de hecho el Estatuto de los Trabajadores de 1980 no lo incluyó al final”.
No será fácil de implementar
Otro asistente a este evento de ASNALA es Antonio Pedrajas, socio director de Abdon Pedrajas Littler, quien en este debate subraya que “la ministra Díaz plantea un cambio de paradigma por completo. Algunos elementos pueden tener interés, pero fundamentalmente había que buscar en estos momentos seguridad jurídica. Este es un melón complicado de abrir con demasiada discrecionalidad que podría tener un efecto perverso en su puesta en marcha”.
Para este jurista, “hay que medir muy bien la implantación de este tipo de medidas en la práctica. Lo lógico seria que se debatiera en la mesa del diálogo social en la que ya se han resuelto otros temas, como la última reforma laboral que fue consensuada entre empresarios y sindicatos. Al mismo tiempo seria bueno oír a otros expertos. Se trata de desarrollar herramientas si la medida va adelante para que ésta tenga la seguridad jurídica que reclaman las empresas”.
En su opinión, “las indemnizaciones que están objetivadas, al final son justas porque crean esa seguridad jurídica de la que estamos hablando. Aquellas otras que pivotan sobre lo discrecional al final pueden tener el efecto que puedas llegar, en determinados casos, a algunos importes por debajo de las que son objetivas. Hay que tener mucho cuidado ahora. Esta medida nunca hubiera sido posible de aprobar con la actual reforma laboral como línea roja que era en su momento”.
Por su parte, Jesús Lahera, catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, indica que “la mayoría de los países de nuestro entorno tienen indemnizaciones tasadas. La pérdida de empleo tiene una previsión legal que se compensa económicamente con esa indemnización. A partir de ahí, lo que las partes pueden es pedir indemnizaciones adicionales, cosa que también sucede en España, que pueden ser superiores a la indemnización legal”.
Respecto a esa indemnización adicional, el experto destaca que “dicha indemnización puede ser por daños causados, por vulneración de derechos fundamentales u otras circunstancias. Esto hace que esta indemnización restaurativa ya se encuentre en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno y en el español. Plantear abrir estas indemnizaciones tasadas crearía falta de previsibilidad en las empresas e incertidumbre. No es la tendencia en nuestro entorno en estos momentos”.
Al mismo tiempo ,advierte que “en este tipo de situación habría que hacer una reforma legal para implementar este cambio en las cuantías de las indemnizaciones. Se podría plantear en la mesa del diálogo social en la que empresarios y sindicatos han sacado otros temas, pero a priori, creo que sería muy difícil un acuerdo en esta materia. La reforma laboral que cumplirá en diciembre su primer año no abordó nada esta problemática, quizás porque no era sencillo llegar a un consenso sobre este asunto”.
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