Flexibilidad
o derechos laborales, Nueva York estudia cómo regular el trabajo “gig”
La protección de
los trabajadores llega al Senado de Nueva York
“Existe
la idea equivocada de que el trabajo gig (o por tareas) es diferente al resto
del trabajo”. Así sentó el tono de su intervención en el Senado de nueva York,
Rocío Ávila, director de la National Domestic Alliance.
Frente a ella, la senadora Diane Savino que convino una
audiencia para oír voces sobre una cuestión fundamental en materia laboral y
crucial para el futuro social, la regulación de la llamada gig economy, o más
concretamente del trabajo por labores.
Es una cuestión que debido al auge de plataformas como
Postmates, Uber, Lyft, Dash Door está ganando en controversia porque se está
clasificando a quienes hacen “tareas” como contratistas (trabajo sin garantías
o derechos laborales que incluyen la paga por desempleo, los días de
enfermedad, horas extra, horarios…) a trabajadores que no están en plantilla
pero tienen que seguir las normas de una empresa en cuanto a lo que ganan, la
marca que tiene su servicio o cómo han de hacer el trabajo.
Los empleados, si tienen derechos laborales reconocidos por contratos
colectivos, en caso de tener representación sindical, o por ley.
En California acaba de entrar una ley, conocida como la AB5, que
clarifica la clasificación de los trabajadores y Savino considera que sacar
adelante una normativa en este sentido es “la cuestión decisiva del periodo de
sesiones”, según dijo a El Diario.
La senadora quiso oír a todas las voces en el debate y en la
sesión mantenida el miércoles se tuvo ocasión también de escuchar a empresarios
que abogan por este tipo de trabajos como Rahim Ali, cofundador del restaurante
Chelsea Papaya en la ciudad de Nueva York.
Ali, explicaba que si no fuera por la capacidad que le da el
servicio de entregas de comida Postmates, tendría muchos problemas en su
negocio que compite directamente con un Taco Bell y su comida barata en la
misma calle.
Ali dijo que pese a la competencia su negocio ha mejorado un 30%, está
contratando a más gente y apoyando a más personas.
“Ahora estoy preocupado porque se cuestione la flexibilidad que
permiten este tipo de plataformas”, explicaba en referencia a Postmates en una
audiencia en la que no faltaron referencias a la ley de California que pone en
entredicho la continuidad de la mano de obra gig en estas plataformas.
En la misma línea, Julie Samuels, directora ejecutiva de
Tech:NYC, una organización que aglutina a 750 empresas de tecnología hizo
llegar su opinión de que la gig economy proporciona a los neoyorquinos “un
amplio rango de beneficios como flexibilidad y oportunidades de ingresos además
de la conveniencia de los ahorros de costos”.
Samuels dice que uno de los retos ahora es lidiar con leyes laborales
“diseñadas hace un siglo”. “Tratar de resolver esos retos con una
reclasificación de trabajadores no es la respuesta”, explicaba.
A razonamientos como este, Bhairavi Desai, directora ejecutiva
de New York Taxi Alliance, se preguntaba “¿Qué ha cambiado para que un trabajo
no sea reconocido como tal?”.
Entre una posición y otra, Larry Goldbetter, de la National
Writers Union, que representa a trabajadores independientes tradicionales, como
escritores, creativos, fotógrafos y periodistas entre otros, explicaba que los
sectores en los que trabajan sus miembros son muy conscientes y han sufrido la
mala clasificación laboral pero que la regulación gig debe tener en cuenta que
hay quienes prefieren mantener su estatus independiente y controlar los
derechos sobre sus creaciones.
El Independent Riders Guild, la asociación que representa a los
conductores de plataformas como Uber y Lyft pedían que la nueva ley incluyera un
derecho a la formación sindical y negociación de contrato colectivo, algo que
la diferenciaría de la de California y que Savino considera “imprescindible”.
“La ley
de California tiene propuestas interesantes pero no requiere negociación
colectiva, para nosotros esto es importante”, dijo la senadora antes de
explicar que hay segmentos “en nuestra economía, como en los medios, las artes,
que no queremos perjudicar afectando a sus derechos de autor pero es claro que
hay muchas personas que están siendo perjudicadas en la base de la economía”.
Por lo que se refiere a la flexibilidad, trabajar conciliando
con la vida familiar o cuando se pueda o quiera, Savino explicaba que todos los
trabajadores la quieren y la realidad es que independientemente del estatus de
cada uno se avanza en este terreno.
Savino dice que la experiencia en la cámara le impide decir
cuándo estará la ley lista pero afirmó que se va a trabajar en ella en este
periodo de sesiones.
El examen ABC
La ley de California y las propuestas que se hacen en NY tienen
como piedra angular un test con el que determinar la clasificación del
trabajador. Es el ABC test y consiste en saber
1) Si el trabajador está libre del control o la dirección del
empleador a la hora de hacer la labor.
2) El trabajo no es forma parte habitual del negocio de la
empresa.
3) Normalmente el trabajador tiene un oficio, ocupación, profesión o negocio
independiente.
Las manicuristas, un caso aparte
Sonia Morales no pudo testificar el miércoles en la comisión del
Senado porque tuvo que trabajar. Esta manicurista mandó su declaración sobre
los efectos de la gig economy en un trabajo en el que lleva 20 años y en el que
en muchas ocasiones ha cobrado por comisión en vez del salario que le
corresponda.
“Trabajamos 10 u 11 horas sin descanso, dividimos el costo del servicio con el
dueño, si no hay clientes no ganamos dinero”, explicaba. El precio y el horario
lo fijan los dueños del salón y no tiene días por enfermedad. “Necesitamos un
sistema claro que nos garantice una clasificación adecuada con derechos básicos
laborales”, pedía.
María Hernández, otra manicurista mandó también su queja por las
condiciones que también se viven en las plataformas en la web en la que se
ofrecen los servicios. Ella trabajó para una y dijo que se gastaba lo que
ganaba en el quiropráctico por los problemas de salud que tenía por carecer del
equipamiento necesario para trabajar a domicilio”.
“En la web la empresa fija precios, asigna citas y asegura los
pagos”, describía Hernández.
La senadora Savino, al conocer que estas empleadas– porque mayoritariamente son
mujeres además de inmigrantes– cobraban en muchos casos a comisión no pudo
contener su frustración. “Esto es ridículo”, dijo no lo suficientemente lejos
del micrófono visiblemente enfadada.
“Lo que pasa con estas trabajadoras es ilegal. Totalmente
ilegal. Lo que describen es ilegal”, dijo sin descanso.
Savino recordó que se habían aprobado leyes hace tres años
precisamente para proteger a estas trabajadoras pero lamentó que no hubiera
seguridad de su cumplimento. “Estoy asombrada ante la falta de aplicación de la
ley”, dijo.
Savino dijo estar muy preocupada y se preguntó en voz alta si
los dueños de los salones no están entendiendo la ley o la ignoran. “Voy a preguntar
al departamento de Labor qué están haciendo ante esta situación”, dijo.
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