El Interés Superior de la Niñez debe ser eje de las políticas públicas para erradicar la explotación laboral infantil
Si niños, niñas y personas adolescentes (NNyA) tuvieran acceso a la educación, salud y vivir con las condiciones mínimas, no estarían trabajando en escenarios precarios e invisibles en los que lo hacen.
Así lo destacó la especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Mónica González Contró, al participar en el 15 aniversario de la Mesa Social Contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en México.
La ex Consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) advirtió sobre el riesgo de precarizar aún más el trabajo infantil y ponerles en una mayor situación de vulnerabilidad, discriminación y desigualdad social, al ignorar el principio del Interés Superior de la Niñez (ISN) en el diseño de las reformas legales y la implementación de las políticas públicas que les afectan.
En la sesión 2 “Alcances de las definiciones y conceptos actuales” del Espacio de Diálogo Del Trabajo Infantil a la Trata de Personas, dijo que para el Estado mexicano el ISN no es una prioridad en el cumplimiento de su responsabilidad para erradicar la explotación laboral de las NNyA.
Apuntó que el ISN debe ser el eje rector de las políticas públicas en relación con la meta para erradicar su explotación laboral, de la misma forma en que debe aplicarse en la resolución de casos individuales e interpretado a la luz de otros principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En la aplicación del ISN se debe garantizar el Derecho de NNyA a la Participación, dado que su objetivo primordial es garantizar el disfrute pleno de todos sus derechos y para su desarrollo holístico.
En razón de su triple concepto -como derecho sustantivo, principio jurídico y norma de procedimiento-, el ISN precisa los criterios para su aplicación, por parte de los poderes públicos relacionados con las personas menores de 18 años, medidas legislativas, políticas públicas y de mecanismos de denuncia.
Asimismo, de la asignación de recursos específicos, la capacitación de los agentes de Estados encargados de su cumplimiento, de brindar información adecuada a las NNyA y, necesariamente de la generación de acciones para un cambio cultural, insistió.
Al referirse a la reciente reforma a la Ley General del Trabajo, que al eliminar la actividad agrícola de la lista de trabajos peligrosos deja en la indefensión a las NNyA jornaleros, a pesar de que en el respectivo dictamen se reconocen las precarias condiciones en que desempeñan sus labores, éstas no van a dejar de ocurrir ante la situación económica familiar.
El horizonte sobre la situación deseable debió haberse enfocado, insistió, en generar mejorar las condiciones, a través de políticas públicas y de la asignación de recursos.
En tanto, la consultora independiente Norma del Río Lugo, llamó a reflexionar sobre los conceptos Labor, Trabajo y Acción, relacionados con los derechos de NNyA a la Participación y la Protección, de manera que no son excluyentes entre sí.
“No podemos proteger sin que los niños participen”, advirtió, al mencionar que los derechos son un poder de disponer y de actuar, ajeno a la fuerza, sino fundado en el reconocimiento activo de las NNyA dentro de su comunidad: “Tengo que contar con los demás para disfrutar de mis derechos”.
Mientras que el trabajo significa la producción de un mundo artificial de las cosas que da sentido de permanencia y durabilidad, y trasciende a la vida individual, explicó del Río Lugo, el concepto de labor implica las actividades ligadas a la supervivencia y satisfacción de necesidades vitales, individuales y como especie. En ese contexto, agregó, la acción es la condición de ‘vivir y estar entre los hombres’.
La profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Rosaura Galeana Cisneros, realizó la presentación de las participantes y fungió como moderadora de la sesión.
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