Reforma laboral en México
Domingo 05 de mayo de 2019, 19:32h
Coordinadora Maestría en Relaciones Internacionales Instituto Ortega y Gasset México
Esta semana en México se aprobó la reforma laboral del gobierno de la “Cuarta Transformación”. Esta reforma es muy importante, ya que en México, con 57 millones de población económicamente activa, alrededor del 57% lo hace de forma irregular, y una parte de ellos, en torno a 3.5 millones de personas, lo hacen de forma autónoma, aunque no siempre es así. Es decir, hay muchas personas que trabajan sin recibir ningún tipo de prestación laboral como seguridad social o ahorro para la pensión de retiro.
En el país existen básicamente dos formas de trabajar formalmente: como asalariado o por ‘servicios profesionales’, más conocida como honorarios. La traducción española de la segunda forma sería ‘autónomos’ y los servicios que se prestan serían por ‘obra y servicio’. Ahora bien, entre ambos hay una gran diferencia y es que, mientras en España el autónomo debe cubrir sus cuotas a la seguridad social de forma obligatoria, en México el servidor profesional puede escoger hacerlo o no, elección que suele ser ‘No’ debido a la masificación de la seguridad social y a la completa insuficiencia del sistema de pensiones, privatizado desde 1997.
La naturaleza del régimen de servicios profesionales respondía a todas aquellas profesiones que, de forma generalizada o común, se pudieran realizar fuera de una empresa del sector público o privado, tal es el caso de médicos, dentistas, abogados, arquitectos, ingenieros, publicistas o contadores —estos últimos fundamentales para dar servicio a todos los que operan en este régimen, ya que, créanme, es prácticamente imposible que uno cumpla con sus obligaciones ante el fisco sin su ayuda—.
No obstante, la realidad mexicana es que muchas empresas de los más diversos giros, como la educación superior o la comunicación, emplean este sistema para contratar a sus ‘colaboradores habituales’ de lunes a viernes —es decir, a sus trabajadores— para ahorrarse los costos sociales de tener un asalariado.
Las consecuencias de esta forma de contratación son innumerables y todas ellas perjudican al trabajador, ya que no se genera antigüedad, no se pagan vacaciones ni aguinaldos, no se contemplan las bajas por enfermedad, no tienen que indemnizar por despido, entre otras, pero también perjudica al conjunto del Estado, ya que la empresa no aporta a la seguridad social, ni a la pensión para el retiro. Es decir, es un régimen en el que muchos trabajadores están completamente desprotegidos, tanto en su vida actual como en la vejez, y para la que la actual reforma laboral ha dado una solución parcial.
Las cifras nos dicen que la mitad de esos tres millones y medio de trabajadores son mayores de 35 años con educación superior y que la otra mitad (42.6%) son trabajadores agrícolas. Lo que no nos dicen las cifras es cuántas de esas personas realmente trabajan como subordinadas —es decir, bajo las ordenes de un jefe y con un horario laboral— y cuántas realmente son autónomas.
La reforma laboral actual atiende situaciones tal vez más perentorias, como la temporalidad de los trabajadores del campo o la precariedad de las trabajadoras del hogar, pero el problema sigue siendo mismo, ya que en el primer caso la reforma obliga a los empresarios a reconocer la antigüedad de los campesinos, y en el segundo se obliga a los empleadores a dar seguro social a las personas que limpian sus casas o cuidan de alguna persona en el hogar. Caso este último en el que se van a afrontar situaciones complejas, tales como inspecciones de trabajo a domicilios privados, así como trabajadoras que tengan más de cinco empleadores para cubrir su cuota a la seguridad social.
Pero, reitero, el caso es el mismo, todos son trabajadores a los que sus empleadores no les están cubriendo los derechos que por ley tienen que tener: seguro social, vivienda (ahorro para comprar una), aguinaldo (paga extra de navidad), pensión, vacaciones y utilidades de la empresa.
Por último, mencionaré algo fundamental de la reforma: la democratización de los sindicatos, a quienes se obligará ahora a realizar elecciones para elegir a sus representantes y necesitar un 30% de apoyo de los trabajadores para convocar a huelga. La reforma atiende a una enquistada y atroz realidad en la que la mayoría de los sindicatos no respondían a su naturaleza de protección a los trabajadores, sino que actuaban como poderes fácticos al interior de las empresas —particularmente en las empresas públicas—, ya que la afiliación de los trabajadores no era voluntaria, sino obligatoria; es más, llegan a funcionar como el departamento de recursos humanos, ya que ellos eran los encargados de “contratar”, previo pago de la plaza laboral y no vía curriculum/meritocracia —caso particular de los profesores de primaria y secundaria—.
En conclusión, la reforma laboral es un paso para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en México, pero considero que el país aún tiene un largo camino por andar para construir un verdadero Estado del bienestar, en el que la calidad del trabajo sea el debate. Por el momento, por acá seguimos en el reto de convencer a empresarios/empleadores que el trabajo formal es un derecho de los trabajadores, que construye sociedades más justas y humanas y no un lujo de unos pocos —por el momento, menos de la mitad de la población activa del país—.
No hay comentarios:
Publicar un comentario