Indemnizaciones:
una
definición clave de la
reforma laboral
Uno
de los principales dilemas es la inclusión de un régimen alternativo a la
indemnización por años de servicio. Un tema sensible para el mundo sindical y
que eleva costo empresarial.
Aunque la decisión final está en manos del Presidente Sebastián Piñera, ya hay ciertas definiciones sobre la estructura del proyecto de ley laboral que se espera ingresar al Congreso en lo que queda del mes de enero.
Altas fuentes de Gobierno comentan que la reforma (que se conocerá como “modernización laboral”) recogería todos los temas analizados por las mesas técnica y sindical convocadas por el Ministerio del Trabajo en materia de derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Además, ya estaría claro que las reformas institucionales diseñadas para la Dirección del Trabajo (DT) y el sistema de capacitación que administra el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se tramitarían en forma separada.
Una materia nueva estará en el proyecto, aunque no fue analizado con los actores técnicos y sindicales. Así lo anunció el miércoles 9 de enero el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, al intervenir en un evento de las Empresas Unidas por la Infancia, donde informó que venía de la reunión de análisis de la reforma laboral con el Jefe de Estado; el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y el jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet.
“Les tengo una buena noticia”, señaló Arab a la audiencia y explicó que en el proyecto se recogerá un conjunto de ajustes a la legislación sobre trabajo infantil. Quienes conocen el tema apuestan a que se modificará el Código del Trabajo para sustituir el término “menores” por el concepto de uso internacional “niños, niñas y adolescentes”, y se disminuirán las horas de trabajo semanales permitidas para este grupo, entre otras medidas.
“Es un tema amable que ayuda a fortalecer el foco de modernización del proyecto, junto con la mayor adaptabilidad de la jornada y protección social para quienes se desempeñan en las plataformas tecnológicas. La idea es que no todo sean correcciones a la reforma laboral del gobierno anterior”, dice un abogado que conoce el tema.
¿Nueva indemnización?
Hay un tema que no es claro si finalmente se incluirá en el proyecto de ley: la indemnización alternativa a todo evento, que sería opcional para el trabajador respecto del régimen existente que sólo beneficia a quienes son despedidos por la causal necesidades de la empresa.
Su creación implicaría establecer una nueva cotización de cargo del empleador, que se acumularía en un fondo que el trabajador retira tras el finiquito y cuyo monto sería inferior al régimen vigente que entrega un mes de remuneración por año trabajado, con tope de 11 años. Este mecanismo ya existe para las trabajadoras de casa particular (quienes no tienen derecho al seguro de cesantía) con una cotización equivalente a 4,11% del salario mensual. Anualmente, acumula medio mes de remuneración.
Aunque la mesa técnica propuso crear este régimen opcional sin eliminar el vigente, tres integrantes de dicha instancia confirmaron a PAUTA que sólo hubo un debate genérico, que no se revisaron datos numéricos ni se definió en detalle cómo operaría dicho instrumento. Se precisó que sería para los nuevos contratos, heredable y con un monto similar al regulado para las trabajadoras de casa particular, pero falta definir importante detalles como cuándo y quién (trabajador o empleador) adopta la opción de ingresar a este nuevo sistema o mantenerse en el vigente.
Con ese marco, en el ministerio del Trabajo afinan fórmulas para que las revise el Presidente, quien durante la campaña electoral -según confidencia un miembro de su ex comando- descartó incluir esta materia en su propuesta laboral al estimar que faltaban más cifras y análisis para empujar cambios.
Una opción que barajan en Trabajo es acortar el plazo que hoy existe para pactar indemnizaciones a todo evento (a partir del septimo año de trabajo), rebajándolo incluso a un lapso menor a los tres años que propuso el economista Joseph Ramos en la mesa técnica.
Por razones de viabilidad política, se estima que debe ser el trabajador quien decida a qué sistema adherir. Sin embargo, si esa decisiòn se adopta al firmar el contrato, la presión que pueda ejercer el empleador puede coartar su libertad de elegir. Así, se estima mejor un ingreso al empleo en que por defecto se mantenga el régimen vigente y que la decisión se adopte luego de cumplir uno o dos años de antigüedad en el empleo.
Un tema complejo
“Aunque son cada vez menos los trabajadores que acceden a la indemnización, porque se firman menos contratos indefinidos y hay una alta rotación laboral, se trata de un tema que tiene una carga simbólica que no se puede desconocer, porque es un derecho. Sin un buen respaldo técnico, podría enturbiar todo el debate”, comenta un abogado laboralista del mundo sindical.
Al analizar el tema, los integrantes de la mesa sindical (en la que no participó la CUT) declararon que no se cerrarían a conversar al respecto, pero advirtieron que se trata “de un tema complejo y difícil de modificar” ya que la indemnización “constituye una garantía de estabilidad en el empleo” que no necesariamente se lograría con un mecanismo a todo evento.
Un abogado relacionado con un gremio empresarial coincide en que “se puede caer en una especie de trampa al intentar legislar sobre un tema sensible sin construir acuerdos previos”. Explica que aunque en general para los empresarios una fórmula de indemnización a todo evento podría reducir los problemas y judicialización al momento del despido, hoy “no hay disposición a avanzar” debido a los mayores costos laborales asociados al alza de cotización para pensiones y la incertidumbre que existe de cómo se resolverá la reforma tributaria.
En el debate público pueden rastrearse dos momentos recientes que reflejan que efectivamente es una materia compleja. En 2015, en el marco del debate de la reforma laboral, la Sofofa tuvo que aclarar que no buscaba eliminar la indemnización vigente. En noviembre pasado, el ministro Nicolás Monckeberg usó su cuenta de twitter para desmentir que el gobierno quisiera terminar con la indemnización, en respuesta a reacciones sobre el tema.
Consultadas sobre el tema, tanto la CPC como Sofofa declinaron comentar. Tampoco fue posible obtener una versión del ministerio del Trabajo, desde donde precisaron que no se referirán a los contenidos de la futura reforma hasta que el proyecto se presente.
A pesar que en 2011 y 2015 la OCDE recomendó reducir las indemnizaciones por despido en Chile, gobiernos de distinto signo optaron por no innovar al respecto, conscientes de los costos políticos asociados. La decisión ahora está en manos del Presidente Sebastián Piñera.
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