Reflotan proyecto para “destercerizar” la actividad laboral
Diputado Luis Puig (FA)
Fenómeno involucra a 250 mil trabajadores. Uruguay está entre los de peor condición en la region, con diferencias salariales de hasta 70%.
El Frente Amplio puso nuevamente en la agenda parlamentaria un proyecto de ley que promueve “destercerizar” la actividad laboral, basado en el principio de que, a tareas permanentes, trabajadores permanentes.Se trata de una iniciativa presentada en 2016 que, directamente, prohíbe los procesos de tercerización, por lo que no podrán celebrarse subcontrataciones a los efectos de transferir la realización de obras, servicios o actividades que tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo de la empresa o entidad productiva, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento.
La normativa regiría tanto para empresas públicas como privadas.
“Los procesos de tercerización son una estrategia empresarial que se desarrolla en lo privado, pero también y desde hace mucho tiempo en el ámbito del Estado”, advirtió el diputado Luis Puig (PVP).
Procesos que, dijo, precarizan la situación del trabajador no solo en las diferencias salariales en algunos casos abismales, sino en condiciones de trabajo y Salud laboral.
La iniciativa implica que no podrán utilizarse las modalidades contractuales de suministro de mano de obra ni de servicios, así como cualquier forma de intermediación laboral.
Además de prohibir la utilización de cualquier forma jurídica que tienda a encubrir la existencia de una relación de dependencia bajo apariencia empresarial, la normativa habilitaría que se declarase nulo todo caso de tercerización, debiendo los trabajadores reincorporados a través de la declaración de nulidad serán considerados pertenecientes a la contratante de pleno derecho, debiendo ser integrados a la estructura de su organización de manera inmediata.
“Muchas veces se discute la cantidad de funcionarios públicos y hay quienes plantean que hay que reducir su número”, sostuvo Puig. “Ahora, las tareas que realiza el Estado para la población, ¿se pueden suprimir? Yo creo que no.”
El legislador dudó en ese sentido que las tercerizaciones hayan redundado en un beneficio económico para el Estado.
“Me cuesta ver aspectos positivos”, afirmó. “Así como los criticamos en la empresa privada, por una cuestión de coherencia lo critico con la misma fuerza cuando se trata del Estado, de mi gobierno”, apuntó.
Su conclusión fue concreta. Los procesos de tercerización laboral deben terminar.
Datos del PIT-CNT indican que Uruguay es uno de los países que tiene las peores condiciones regionales con respecto a los procesos de tercerización, con trabajadores que realizan las mismas tareas, en las mismas secciones y con los mismos cargos, pero tienen una diferencia salarial del 70%.
El fenómeno, según la misma fuente, involucra a unos 250 mil trabajadores en todo el país.
La decisión surgió a raíz del planteo que, ante la Comisión de Legislación del Trabajo, hizo un grupo de 70 trabajadores que se desempeñan para OSE desde hace más de una década como toma consumos en forma tercerizada.
El ente abrió una nueva licitación para esa tarea lo que implicará, afirman, un cambio en el tipo de contratación, pondrá en riesgo su fuente laboral y el mantenimiento de los beneficios.
Según explicó el dirigente Richard Ferreira, OSE pretende que la tarea de toma consumo deje de ser un suministro y pase a ser un servicio. Eso implicará, afirmó, que a la empresa ganadora se le de el “paquetito completo”.
Hasta ahora solo debía aportar la mano de obra, pero el nuevo llamado incluye además la locación, locomoción, instrumentos y un nuevo software, que deberá presupuestar.
El cambio, denunció, implicará además para los trabajadores un cambio en su categoría ante los Consejos de Salarios, con laudos más bajos. Por otra parte, cada nueva licitación supone para muchos funcionarios “arrancar de cero”, ya que no se les toma en cuenta la antigüedad.
Según los trabajadores, la única empresa que se ha presentado a licitación es en la que hoy ellos se desempeñan, que desde hace ocho años y con distintos nombres viene ganando todos los llamados.
En el nuevo pliego, a su vez, OSE deja en claro que no mantiene ningún tipo de vínculo con los toma consumo, que deberán negociar salario y condiciones con la empresa.
Según los trabajadores la última licitación, por nueve meses, fue por poco más de 32 millones de pesos.
Lo cierto es que OSE sigue realizando este servicio en el interior con funcionarios propios. Si los presupuestaran por nueve meses, los tercerizados afirman que el ente solo debería invertir 19 millones.
Así, hicieron notar, el ente público paga por ese servicio una diferencia de 380 mil dólares por los contratos de 70 personas que “van a parar a los bolsillos de alguien”.
Por cada trabajador tercerizado OSE paga 90 mil pesos, pero ellos afirman ganar un salario de 30 mil nominales, por lo que la empresa se lleva 60 mil por cada uno.
En total, en OSE hay 1000 personas que trabajan en diversas tareas en forma tercerizada.
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