Madurez laboral
Actualmente, existen varios proyectos normativos en materia de derecho laboral que influyen sobre distintos actores sociales involucrados en los cambios propuestos. Avances que un país con vocación de desarrollo no puede obviar, pero que tiene que atender sin perder de vista el papel que desempeñan en el universo de las relaciones laborales los actores políticos, y los grupos de presión.
Con la singular particularidad que al principal grupo de presión no le separa una frontera delimitada del primer actor político del país.
Esto marca un matiz fundamental en unas relaciones laborales cruzadas por un trasfondo ideológico que no deja de considerar a las mismas como una lucha donde se encuentran posiciones a conquistar, o por lo menos a no perder. Relato que ha permeado en diversos actores sociales, y también en parte de la academia. Asumir como propio el discurso del adversario es quizá otro de los males del mundo de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación.
Con este lastre ideológico como marco es que hay que lidiar con la tarea de modernizar el derecho del trabajo en Uruguay, en un contexto fundamentalmente adverso al cambio, y por ende de características monolíticas. Todo lo contrario, a progresista.
Al punto que derechos y obligaciones se entremezclan con pretensiones de índole no jurídica provocando un entorno convulso de asimetrías dispares, donde en lo colectivo suele predominar el elemento obrero -con consignas muchas veces lejanas al puro derecho, y estrictamente políticas- por contrario al escenario individual donde el cerno de las diferencias sí son derechos en pugna.
Así enfrentamos un escenario de relaciones laborales marcado fundamentalmente por la inflexibilidad. Y a veces apartado del sentido común que debería primar: eficiencia, productividad, rentabilidad.
El movimiento sindical se embandera ahora con la reducción de la jornada de trabajo, siendo obvia su estrategia declarada en el acto del último 1° de mayo en cuanto propone ya entrar en el análisis de una disminución de la jornada laboral que nunca estuvo en la agenda del Poder Ejecutivo. Por eso hay que leer la propuesta en términos pragmáticos, o políticos, además de jurídicos.
Ya que esto no es más que una vía oblicua para obtener un salto cuantitativo en materia de salario real.
La reducción de la jornada no puede analizarse sin discutir productividad, y para eso necesariamente se deben estudiar métricas. Métricas que suponen ni más ni menos que la empresa revele a su contraparte información fundamental del negocio, situación inconveniente a todas luces, más allá que el sindicato posea o no personería jurídica. Para ser sujeto receptor de información de la empresa a los efectos de la discusión de reducción de la jornada, se necesita algo más que personería jurídica, se necesita solvencia económica para responder por los daños ocasionados, y sobre todo madurez sindical.
Madurez que refleje negociar por pretensiones vinculadas a las relaciones de trabajo, y no arraigadas en ideologías decimonónicas.
Es decir. Relaciones laborales adultas, donde la responsabilidad y el conocimiento sean motor de evolución, no de conquistas.
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