Juez argentino abrió debate al prohibir, entre otras, a Rappi
La decisión es la medida para exigir que se garanticen derechos laborales a los mensajeros.
El juez porteño Roberto Gallardo ordenó prohibir “de forma inmediata” el funcionamiento de las empresas de domicilios y mensajería en bicicleta y moto que actúan dentro de Buenos Aires (Argentina), hasta que se adecúen judicialmente a los requisitos estipulados por las normativas de tránsito vigentes de esa ciudad.
La medida estableció que los repartidores podrán volver a circular cuando las compañías para las que trabajan estén inscritas en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o ciclorrodados, cuando garanticen el uso del casco y las debidas señalizaciones luminosas, que la caja portaobjetos esté anclada al vehículo y no que se sostenga en la espalda del conductor. Además, exige que los repartidores deben poseer seguro de vida y accidentes, así como seguro social.
La medida estableció que los repartidores podrán volver a circular cuando las compañías para las que trabajan estén inscritas en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o ciclorrodados, cuando garanticen el uso del casco y las debidas señalizaciones luminosas, que la caja portaobjetos esté anclada al vehículo y no que se sostenga en la espalda del conductor. Además, exige que los repartidores deben poseer seguro de vida y accidentes, así como seguro social.
Entre las compañías afectadas por la medida se encuentra Rappi, la aplicación de origen colombiano que, inclusive, ha sido reconocida como el emprendimiento tecnológico más importante de Colombia, con siete millones de usuarios en más de 50 ciudades de siete países, y que está valorizada por 1.000 millones de dólares.
Sobre la decisión, la aplicación se pronunció diciendo: “Expresamos nuestra preocupación por esta situación, inédita a nivel mundial, e informamos que apelaremos dicha decisión. Asimismo, seguiremos en contacto con las autoridades para contribuir en la búsqueda de soluciones que protejan a todas las partes de nuestra comunidad, fomenten la innovación y permitan el normal desarrollo de la economía digital”.
Las ordenanzas del juez afectarían a cerca de 5.000 trabajadores. De ahí que él le exigió al Gobierno porteño que diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de estos trabajadores, hasta que se les normalice su situación laboral.
Entre las demandas está que en el último mes, los hospitales públicos de Buenos Aires atendieron a 25 trabajadores de estos servicios por accidentes de tránsito que, además, no contaban con la seguridad social que cubriera sus gastos.
La decisión del juez desató una fuerte polémica que se extendió a otros países donde están estas aplicaciones, incluido, por supuesto, Colombia, pues las problemáticas que denuncia son comunes. El punto central de la discusión es sobre cómo se debe entrar a regular este tipo de aplicaciones, específicamente desde el punto de vista del derecho laboral.
Sobre la decisión, la aplicación se pronunció diciendo: “Expresamos nuestra preocupación por esta situación, inédita a nivel mundial, e informamos que apelaremos dicha decisión. Asimismo, seguiremos en contacto con las autoridades para contribuir en la búsqueda de soluciones que protejan a todas las partes de nuestra comunidad, fomenten la innovación y permitan el normal desarrollo de la economía digital”.
Las ordenanzas del juez afectarían a cerca de 5.000 trabajadores. De ahí que él le exigió al Gobierno porteño que diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de estos trabajadores, hasta que se les normalice su situación laboral.
Entre las demandas está que en el último mes, los hospitales públicos de Buenos Aires atendieron a 25 trabajadores de estos servicios por accidentes de tránsito que, además, no contaban con la seguridad social que cubriera sus gastos.
La decisión del juez desató una fuerte polémica que se extendió a otros países donde están estas aplicaciones, incluido, por supuesto, Colombia, pues las problemáticas que denuncia son comunes. El punto central de la discusión es sobre cómo se debe entrar a regular este tipo de aplicaciones, específicamente desde el punto de vista del derecho laboral.
En Colombia se está discutiendo al respecto en el Congreso de la República. El senador Rodrigo Lara Restrepo presentó el proyecto de ley 082, por medio del cual busca regular el trabajo digital. Y es que, según explica el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, quien, además, ha participado en el debate sobre el tema, “el trabajo en plataformas digitales es muy difícil enmarcarlo en la ley. Es una zona gris. ¿Hoy en día dónde están estos trabajadores? En la informalidad, sin derechos de libertad sindical, sin seguridad social”.
Al respecto, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, quien ha demostrado su inconformidad con el servicio de Rappi en Twitter, está convencido de que todos los emprendimientos y empresas formales deben ser apoyadas y rodeadas y, por lo tanto, el Estado puede contribuir a una regulación adecuada que no restrinja ni limite la competencia ni el desarrollo, pero que proteja y rodee al consumidor.
“Creo que llegará el momento de la regulación y, a veces, esta puede ser mejor construida por las autoridades y empresarios”, señala el funcionario. En cuanto a las quejas que reciben en la SIC sobre este tipo de aplicaciones, son por violación de la ley de protección de datos o, incluso, las fallas de seguridad, como que se pierdan datos o se filtren.
Jaramillo, del Rosario, concluye que “el debate está en que el trabajo cambió; la robotización, las aplicaciones cambiaron los esquemas laborales, y el derecho al trabajo no se puede quedar atrás”.
SIMÓN GRANJA MATIAS
Redacción Domingo
Al respecto, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, quien ha demostrado su inconformidad con el servicio de Rappi en Twitter, está convencido de que todos los emprendimientos y empresas formales deben ser apoyadas y rodeadas y, por lo tanto, el Estado puede contribuir a una regulación adecuada que no restrinja ni limite la competencia ni el desarrollo, pero que proteja y rodee al consumidor.
“Creo que llegará el momento de la regulación y, a veces, esta puede ser mejor construida por las autoridades y empresarios”, señala el funcionario. En cuanto a las quejas que reciben en la SIC sobre este tipo de aplicaciones, son por violación de la ley de protección de datos o, incluso, las fallas de seguridad, como que se pierdan datos o se filtren.
Jaramillo, del Rosario, concluye que “el debate está en que el trabajo cambió; la robotización, las aplicaciones cambiaron los esquemas laborales, y el derecho al trabajo no se puede quedar atrás”.
SIMÓN GRANJA MATIAS
Redacción Domingo
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