DERECHOS LABORALES
Proponen multas de
hasta 182,000 pesos por solicitar firma de renuncia anticipada
La
iniciativa de reforma a la legislación laboral que se analizará en la Cámara de
Diputados busca facultar a los inspectores de trabajo para realizar
visitas extraordinarias a las empresas donde se haya reportado esta
práctica.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados analizará una iniciativa para sancionar a las empresas que le soliciten a los trabajadores una renuncia anticipada o la firma de un documento en blanco al ser contratados, con una multa que va de 12,027 hasta 182,818 pesos, sanción que podría multiplicarse por cada persona trabajadora afectada.
Las renuncias
anticipadas son una práctica recurrente en el
mercado de trabajo en México. Especialistas en Derecho Laboral han
señalado que estos documentos nacieron como una mala respuesta a malas
prácticas legales, generando así un círculo vicioso. Sin embargo, con el paso
de los años su uso se ha intensificado con otras intenciones.
Con la finalidad de eliminar esta práctica, la
propuesta impulsada por la diputada Amalia Dolores García Medina, de Movimiento
Ciudadano (MC), plantea que las renuncias
en blanco sean sancionadas de la misma forma en
que la Ley Federal del Trabajo (LFT) castiga la presentación de documentos y
testigos falsos.
Además de la multa, al sancionar con base en el
artículo 1006 de la LFT esta práctica, los empleadores podrían recibir una pena
de seis meses a cuatro años de prisión.
“Desafortunadamente es una práctica recurrente de los
patrones o de las empresas el obligar a los trabajadores a
firmar documentos en blanco, con el fin de realizar posteriores
despidos injustificados sin indemnizarlos, al grado de llegar a integrar dichos
documentos en el expediente del empleado para usarlo en el momento que así lo
decidan, afectando con ello sus derechos humanos”, señala la legisladora.
Los esfuerzos legislativos para cerrarle la llave a
esta mala práctica no son nuevos. En 1998, por ejemplo, el diputado Alfonso
Méndez Ramírez (PAN) presentó un proyecto para que estos documentos tuvieran
validez únicamente al ser ratificados por las Juntas de Conciliación Arbitraje,
al igual que los convenios o liquidaciones, presentados por escrito con una relación
circunstanciada de los hechos que lo motivaron.
“La forma de esas renuncias se da en algunos casos en
forma ilegal y hasta criminal, ya que no es una verdadera renuncia al trabajo, sino que se obtiene y se hace como condición para
otorgar un empleo, la que es una renuncia en blanco que un patrón mañoso
utilizará cuando quiera o le convenga despedir a un trabajador, sin que éste
realmente renuncie a su trabajo, sino que sólo se vale del documento que le
sacó en blanco al darle el empleo”, expresó en ese momento el legislador.
El Poder Judicial ha emitido diversos criterios para
determinar en qué casos es válida o no una renuncia
presentada en un juicio laboral por parte de los empleadores.
Incluso en el 2020 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia
para que en los documentos donde hay una firma y una huella dactilar, sólo
baste comprobar la falsedad de uno de los dos elementos mediante pruebas de
grafoscopía, dactiloscopia o documentoscopía, para que la carta de renuncia pierda
valor probatorio.
La Ley Federal del Trabajo prevé al menos 15 motivos de despido
justificado, entre los que se encuentran cometer hostigamiento o
asistir en estado de ebridad, entre otros. Pero fuera de estas causales, las
empresas están obligadas a indemnizar a las personas que son separadas de sus
puestos sin una razón justificada.
Amalia Dolores García destaca que cuando se trata de
un despido sin justificación, los trabajadores tienen derecho a recibir tres meses
de sueldo, prima de antigüedad, entre otros conceptos. Sin embargo, la renuncia anticipada puede
ser usada por los empleadores para asegurar que las personas renunciaron por su
propia voluntad y no pagar lo que corresponde.
Nuevo papel de los inspectores
La propuesta de la diputada de MC contempla también
facultar a los inspectores de trabajo para que realicen visitas extraordinarias a las
empresas para inhibir las prácticas de:
·
Alterar un documento firmado por
el trabajador con un fin distinto para
incorporar la renuncia.
·
Exigir la firma de papeles en
blanco en la contratación o en cualquier
momento de la relación laboral.
Ambas acciones serían declaradas en el artículo 48 BIS
de la Ley Federal del Trabajo como improcedentes en un juicio laboral por despido injustificado.
Además de esto, el proyecto también busca que
las inspecciones extraordinarias se realicen en caso de que una persona
trabajadora denuncie esta mala práctica ante la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo (Profedet), o bien ante la propia dirección de inspecciones de la
autoridad laboral federal o local.
Para reforzar esta parte, la diputada Amalia García
propone que la no ejecución de inspecciones extraordinarias ante el
conocimiento de una denuncia por renuncia anticipada o firma de hoja en blanco
sea una causa especial de responsabilidad
para los inspectores, las cuales pueden sancionarse con
amonestaciones, suspensiones de hasta tres meses o la destitución del servidor
público.
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