Reforma laboral haría que los empleados cuesten más a sus empresas
Sin conocerse el articulado definitivo. algunos sectores ya empiezan a preocuparse por los cambios que representaría un importante capital para las compañías
Falta casi un mes para que el Ministerio del Trabajo presente ante el Congreso la reforma laboral (y la pensional). El Gobierno, empresas y sindicatos siguen conversando y debatiendo sobre el articulado que se presentará, pero al parecer, ya habría unas decisiones que tienen haciendo números a las compañías. Aunque ven con buenos ojos algunas de las propuestas, las mejorar les representarían más gastos, como lo que se plantea con las horas extras y jornadas dominicales.
Ese incremento es representativo para las empresas. Recordemos su postura frente al incremento salarial, que, aunque aceptaron el aumento por la cifra de la inflación, aseguraron que un mayor aumento imposibilitaba crear o mantener ciertos puestos de trabajo.
La intención del Ministerio de Trabajo es tumbar algunas disposiciones de la normativa actual, que rige desde el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto lo han dicho funcionarios propios de la cartera laboral, como por ejemplo el viceministro Edwin Palma, quien en diálogo con Blu Radio hace unos días aseguró que se derogará la Ley 789:
“Fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Nuestra iniciativa es derogar la reforma de la Ley 789 del primer año de gobierno de Uribe: devolver el recargo dominical al 100%, devolver la jornada de trabajo nocturno desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, aumentar de indemnización por despido injusto y laboralizar el contrato de aprendizaje para aprendices del Sena (...) En distintos países del mundo se ha abordado esta iniciativa de ampliar los derechos de los trabajadores, incluso en países capitalistas como Estados Unidos. La fórmula que ha demostrado que sí ha fracasado es reducir los derechos laborales de los trabajadores”.
Precisamente ese tema de las horas extras es lo que tiene haciendo números a más de un empresario. Con la normativa actual, las prestaciones sociales y parafiscales exigen que actualmente se reconozca: salario mínimo, auxilio de transporte, salud, pensión, ARL, prima, cesantías (y sus intereses que se deben entregar a principio de año), vacaciones, dotaciones (si lo requiere) y los impuestos propios por tener empleados.
Pues lo que le cuesta esto a las compañías, tendrían asumir, más o menos, un 35% más si se tiene en cuenta la jornada laboral, que cada año se le restará una hora hasta llegar a los 42 semanales, recargos extra y dominicales, que la propuesta del Gobierno es que dicho recargo sea del 100%; cabe resaltar que actualmente se reconoce el 75 por ciento.
Cambios son una reivindicación laboral aseguran sindicatos, mientras gremios están preocupados por los costos
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguran que la reforma por fin mejoraría las condiciones de los empleados. Dicha reforma sería apoyada por este y otros sindicatos el 14 de febrero en una manifestación social, que ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro.
“En la laboral las centrales pretendemos, recuperar los contratos con estabilidad en el empleo, eliminando la tercerización laboral. Derogatoria de la Ley 789 de 2002 para recuperar los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, el contrato laboral de los aprendices y la tabla indemnizatoria por despido sin justa causa. Eliminación de pactos colectivos y contratos sindicales, negociación colectiva multinivel y plenas garantías para el derecho de la huelga”, agregan desde la CUT.
Si bien las empresas respaldan algunos puntos, hay otros que consideran necesarios y que no deberían modificarse como la tercerización o externalización de servicios, según ellos, es una forma de asegurar una mayor productividad, con esto se podría generar más empleo y formalizar a aquellos que no tienen prestaciones sociales.
En este sentido les preocupa que las nuevas disposiciones impidan el desarrollo y dinamismo en materia laboral:
“La inclusión de nuevas definiciones en la ley limita la aplicación de los principios a los casos concretos por parte de la rama judicial, congelando en el tiempo interpretaciones y evitando la evolución y la flexibilidad requeridas para proteger los derechos de las personas en busca de empleo y de los trabajadores formales e informales”, aseguran desde Fenalco.
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