Programa que beneficia a inmigrantes que denuncian irregularidades en el trabajo podría estar en riesgo con la llegada de Trump
Durante sus 30 años en Estados Unidos, Alejandro Gamez aceptó cualquier empleo que pudo como trabajador indocumentado: en restaurantes de comida rápida, fábricas, lavado de autos y conduciendo camiones, incluso cuando las condiciones eran malas.
“No tenía estatus”, dijo. “No tenía opciones”.
Pero después de denunciar en 2017 que no le habían pagado los salarios en un lavado de coches de Inglewood, su suerte cambió. Como parte de una investigación estatal sobre las prácticas laborales de ese empleador, Gamez este año pudo acogerse a cuatro años de protección contra la deportación y a un permiso de trabajo temporal que pareció abrirle puertas de la noche a la mañana. El residente de Hawthorne, de 51 años, dijo que puede solicitar empleos mejores y estables que paguen más y proporcionen beneficios. Ahora tiene un puesto representado por un sindicato en la cocina de una universidad y un número de Seguro Social para construir su crédito.
“Me cambió la vida”, dijo. “Me está dando muchas oportunidades laborales, de estar mejor económicamente y de darle una mejor vida a mi familia”.
Sus oportunidades se deben a un reciente programa federal que otorga estatus legal temporal a los trabajadores involucrados en ciertas investigaciones laborales. Con algunas de las leyes laborales más estrictas del país, pero con preocupaciones generalizadas de represalias por parte de los empleadores, California ha emitido más de 200 solicitudes al Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., pidiendo que otorgue estatus legal a los trabajadores que denuncien violaciones.
Pero apenas unos meses después de que Gamez consiguiera su indulto, el programa puede estar al borde de la desaparición: el presidente electo Donald Trump y sus asesores han prometido deportaciones masivas, el regreso a las redadas de inmigración en los lugares de trabajo y la revocación de programas similares de protección temporal.
La abogada de Gamez, Yvonne Medrano, dijo que espera que el programa sea cancelado poco después de que Trump asuma el cargo el 20 de enero. Su firma, Bet Tzedek Legal Services, con sede en Los Ángeles, ya no está buscando nuevos casos bajo el programa después de representar a trabajadores que buscan protección en 15 investigaciones laborales diferentes.
“Quitar esta protección hará que los trabajadores vuelvan a un momento en el que temen ser deportados por pedir el salario mínimo, sus cheques de pago o cualquier otra protección que tengan”, dijo Medrano.
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