Escenarios poscovid: reactivación del capital sin reproducción del trabajo
La coacción y coerción antisindical en medio de controvertidas medidas económicas, están forzando la abolición de los derechos laborales, a través de mecanismos legales que abandonan y dejan en la indefensión a miles de trabajadores.
La aparición de la
enfermedad infecciosa covid-19 y su rápida propagación por el territorio
nacional dejó al descubierto las profundas grietas que hay entre el crecimiento
y la distribución de las riquezas.
Escenarios sociolaborales
Panamá tiene el
cuarto PIB per cápita ($15,707.4) más alto de América Latina y el cuarenta y
cuatro más alto a nivel mundial, pero al mismo tiempo es un país con una alta
desigualdad. El 20% más pobre solo alcanza ingresos por un poco más del 3% del
ingreso total, mientras que el 20% más rico logra ingresos por más del 50%
total. Esta situación queda en evidencia en el “Informe de movilidad social
global”, donde Panamá se ubica entre los 20 países con menos oportunidades para
el avance social de sus ciudadanos.
De igual forma ha
confirmado la vulnerabilidad ante los riesgos sanitarios, la exposición a
factores exógenos y la dependencia externa de la economía panameña,
principalmente en aquellos sectores, y actividades, económicas considerados
como los más dinámicos: comercio, construcción, banca, finanzas, logística,
inmobiliarias.
“Las
medidas para la protección del empleo, por omisión o por extensión, afectan los
derechos de los trabajadores y conllevan la pérdida de conquistas y derechos
humanos y laborales”
Dinámica productiva
El modelo
productivo, el empleo y las garantías para el derecho al trabajo se acercan
rápidamente al colapso, entre más se extienden las medidas de “confinamiento y
distanciamiento físico” adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del
“estado de emergencia nacional”.
El sistema de
relaciones laborales tripartito, según sus indicadores relevantes, deja en
evidencia su poca capacidad para enfrentar una secuencia de sacudidas externas:
- 92% del tejido
empresarial está integrado por las pymes,
- 72% de la
población ocupada labora en actividades con baja productividad,
- 44,9% de la
población en edad productiva realiza actividades informales.
Los efectos de la
cuarentena dibujan difícilmente el espectro del impacto por llegar. Unas 82,100
empresas han suspendido aproximadamente 275,000 contratos de trabajo
(marzo-junio). De ese total, solo el 4,87% fue reactivado durante la apertura
de los bloques 1 y 2. Lo que se traduce en un incremento del desempleo abierto,
hasta cerca del 35% (2020).
Derechos restringidos
La coacción y
coerción antisindical en medio de controvertidas medidas económicas, están
forzando la abolición de los derechos laborales (salarios, jornadas de trabajo,
convenios colectivos, derechos adquiridos), a través de mecanismos legales
(disponibilidad laboral, teletrabajo, trabajo a distancia) que abandonan y
dejan en la indefensión a miles de trabajadores cuyos reclamos y quejas nunca
fueron acogidos y/o atendidas por el cierre de las entidades públicas.
El “distanciamiento
físico, confinamiento poblacional, cuarentena, toque de queda y cercos
sanitarios” constituyen los aliados perfectos para alterar el Código de Trabajo
y acabar con las conquistas y los derechos laborales a fin de profundizar la
precarización de las relaciones laborales y generar un modelo productivo de
excepción.
Las medidas para
la protección del empleo, por omisión o por extensión, afectan los derechos de
los trabajadores y conllevan la pérdida de conquistas y derechos humanos y
laborales, hasta profundizar las previsiones contenidas en la “Declaración de
Derechos Fundamentales” (OIT, 1999), en la que se alerta sobre las formas de
flexibilización del trabajo que profundizan la desregulación laboral y
organizacional.
El escenario
sociolaboral emergente, desde la perspectiva de la patronal, supone la
supresión tanto del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación (OIT, C087, 1948), como del Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva (OIT, C098, 1949). Y con ello el
desconocimiento de las libertades y tipos de organización de los trabajadores.
Reactivación del capital
Con el “Día
Internacional de los Trabajadores” como telón de fondo, el gobierno convocó la
mesa de “Diálogo tripartita para la reactivación económica y el desarrollo
laboral”, bajo la premisa de alcanzar un acuerdo “para la vuelta a la
normalidad dentro de la nueva realidad” y de paso consensuar las medidas
adoptadas a partir del 10 de marzo: cierre de las empresas, suspensión de los contratos
de trabajo y la modificación a la jornada laboral.
Los decretos 71
(jornada de trabajo), 81 (suspensión de contratos), 472 y 500 (cierre de
empresas), en conjunto con algunas directivas para prevenir el contagio en los
centros de trabajo, reduciendo los puestos de trabajo, pero recargando las
labores en las líneas de producción, redefinen las relaciones laborales y el
sistema que las sostiene. Es decir, una alteración completa a las disposiciones
laborales.
Unos 60 días
después de la instalación de la mesa tripartita, la representación sindical,
integrada por ocho centrales sindicales, bajo la moderación de una institución
de educación superior con poca práctica en la dinámica de la negociación de las
relaciones laborales, alcanzó 23 acuerdos entre los que no se observa ningún
señalamiento sobre las reformas directas o indirectas al Código de Trabajo.
Queda claro que la
solidaridad y el sacrificio durante la crisis sanitaria recae, únicamente,
sobre los trabajadores. Hasta el momento los programas orientados hacia la
reactivación económica solo garantizan incentivos fiscales y apoyos financieros
a los sectores y actividades económicos. Hacia los trabajadores, los esfuerzos
son pocos y limitados, por lo que escasamente permiten la reproducción de la
fuerza de trabajo.
Reproducción del trabajo
El proyecto para
la “generación de empleos y reactivación del mercado laboral”, esbozado por el
gobierno (julio, 2019), retomado en la propuesta para la “reactivación
económica poscovid-19” (julio 2020) y que busca cimentarse en los acuerdos de
la mesa tripartita, no tiene el consenso suficiente para convertirse por extensión
en una vía expedita para reformar la legislación laboral y garantizar la
reproducción de la fuerza de trabajo.
Las garantías
exigen cumplimiento. Las prioridades en materia de reactivación económica y
desarrollo laboral demandan:
- ingresos que satisfagan
las necesidades alimentarias y calóricas básicas para una salud integral,
- educación en
igualdad de condiciones del sector público y privado,
- seguridad social
de calidad,
- transporte
organizado y seguro.
Una reactivación
sin garantías es insistir de nuevo en un modelo productivo en abierta
desintegración y descomposición.
El autor es profesor universitario y dirigente
sindical
MISIÓN Y VISIÓN
Pensamiento Social
(Pesoc) está formado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales
que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el
conocimiento de estas disciplinas.
Su propósito es
presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que
la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.
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