Reforma laboral: las preocupaciones de los empresarios y trabajadores porque se podrían perder empleos
Incremento salarial con el IPC a partir de dos salarios mínimos, extensión de la licencia de paternidad e indemnizaciones más onerosas por despidos son algunas de las medidas propuestas en la reforma laboral.
Aunque para el Gobierno la reforma laboral radicada en el Congreso de la República es la estrategia para reparar lo que había sido averiado en materia de derechos de los trabajadores, entre los empresarios reina la preocupación.
Muchas de las propuestas inscritas en los 76 artículos del proyecto de ley le cargarán un mayor peso al costo de la nómina, lo que para los empleadores sería un desestímulo a la contratación, según varios de los gremios que han tomado la vocería para expresar su inconformidad.
Por el contrario, para la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, “la reforma debe permitir que el salario real pueda crecer para que Colombia se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial”.
Desde la perspectiva de los trabajadores suena bien tener más derechos. No obstante, son varios los problemas que quedan entre el tintero. Por un lado, los efectos recaen sobre un reducido número de trabajadores (los que ya tienen empleo formal), puesto que la reforma no ataca las debilidades estructurales del mercado laboral, como son el desempleo y la informalidad. Es más, hay quienes temen que los pueda empeorar.
Desde la academia, Iván Camilo Jiménez, director del semillero de derecho laboral de la Universidad Javeriana, ve la reforma como “una revancha política frente a las reformas del uribismo de los años 1993 y 2002. El enfoque no está en la creación del moderno Estatuto del Trabajo que prometió el Gobierno”.
A juicio del investigador, sólo se reforman artículos del Código Sustantivo del Trabajo para volverlo a poner como era antes, cuando nació, en 1950. No obstante, señala que, en lo que sí hay un cambio estructural es en materia sindical, el cual “está orientado a fortalecer a estas organizaciones, que hoy solo cubren al 10 % de la población con contrato de trabajo y al 5 % de los trabajadores del país”.
Es decir, la reforma es para unos pocos. “La formalización que se plantea parte de la base de que las dinámicas productivas se van a ir al contrato de trabajo del modelo industrial de 1959, y hoy las dinámicas productivas no trabajan así.
En consecuencia, las cooperativas agrarias y los colectivos de artistas, por ejemplo, son organizaciones más horizontales, en las que no aplican el contrato de trabajo. A los vendedores ambulantes no les están dando respuesta, ni a los trabajadores sexuales, que son personas en alta vulnerabilidad, con muchas dificultades”.
Aunque para el Gobierno la reforma laboral radicada en el Congreso de la República es la estrategia para reparar lo que había sido averiado en materia de derechos de los trabajadores, entre los empresarios reina la preocupación.
Muchas de las propuestas inscritas en los 76 artículos del proyecto de ley le cargarán un mayor peso al costo de la nómina, lo que para los empleadores sería un desestímulo a la contratación, según varios de los gremios que han tomado la vocería para expresar su inconformidad.
Por el contrario, para la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, “la reforma debe permitir que el salario real pueda crecer para que Colombia se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial”.
Desde la perspectiva de los trabajadores suena bien tener más derechos. No obstante, son varios los problemas que quedan entre el tintero. Por un lado, los efectos recaen sobre un reducido número de trabajadores (los que ya tienen empleo formal), puesto que la reforma no ataca las debilidades estructurales del mercado laboral, como son el desempleo y la informalidad. Es más, hay quienes temen que los pueda empeorar.
Desde la academia, Iván Camilo Jiménez, director del semillero de derecho laboral de la Universidad Javeriana, ve la reforma como “una revancha política frente a las reformas del uribismo de los años 1993 y 2002. El enfoque no está en la creación del moderno Estatuto del Trabajo que prometió el Gobierno”.
A juicio del investigador, sólo se reforman artículos del Código Sustantivo del Trabajo para volverlo a poner como era antes, cuando nació, en 1950. No obstante, señala que, en lo que sí hay un cambio estructural es en materia sindical, el cual “está orientado a fortalecer a estas organizaciones, que hoy solo cubren al 10 % de la población con contrato de trabajo y al 5 % de los trabajadores del país”.
Es decir, la reforma es para unos pocos. “La formalización que se plantea parte de la base de que las dinámicas productivas se van a ir al contrato de trabajo del modelo industrial de 1959, y hoy las dinámicas productivas no trabajan así.
En consecuencia, las cooperativas agrarias y los colectivos de artistas, por ejemplo, son organizaciones más horizontales, en las que no aplican el contrato de trabajo. A los vendedores ambulantes no les están dando respuesta, ni a los trabajadores sexuales, que son personas en alta vulnerabilidad, con muchas dificultades”.
Medidas incluidas
En la reforma laboral, que, según señala el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, no ha tenido la concertación tripartita de la que se ha hablado, se plantea un incremento salarial para el trabajador que devengue hasta dos salarios mínimos, que deberá ser igual al IPC (Índice de Precios al Consumidor) causado al 31 de diciembre del año anterior.
La mayor parte de las medidas incluidas en la reforma laboral implican mayores costos a la hora de contratar trabajadores. Pero para Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las micro y pequeñas empresas, “los cambios más costosos serán los referentes al pago de indemnizaciones, el contrato de aprendizaje y los recargos, tanto el nocturno como el de horas extras”.
Las indemnizaciones se volverán más onerosas y, de hecho, serían las más generosas en la historia del país. En el pasado, el pago más alto había sido establecido en la Ley 50 de 1990, cuando se determinó que un empleado despedido sin justa causa recibía 45 días por el primer año de haber permanecido en el empleo y 40 días de sueldo por los siguientes (si llevaba más de diez años en la compañía), ahora se pagarán 45 días de sueldo por el primer año laborado (si el empleado lleva solo un año) y 45 días por los subsiguientes.
Desde la perspectiva del Gobierno, la idea es desestimular los despidos, en línea con la idea de promover el contrato indefinido y el empleo estable. “Se mantiene el contrato por hora labor y el que se hace a término fijo para las labores que así lo requieran. Y se introduce el contrato a tiempo parcial, pero con pago de prestaciones sociales, que está dirigido principalmente a los trabajadores agropecuarios”, sostuvo la ministra de Trabajo.
Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, es crítico de la reforma, pues considera que no se atacan los problemas fundamentales del mercado laboral. “El Gobierno desea mejorar el ingreso, aumentar el tiempo libre y dignificar el empleo, objetivos válidos y deseables. Pero aumentan el costo laboral. Me pregunto si no sería mejor aumentar la productividad y el empleo primero, no al revés”, dijo el economista.
En la reforma laboral, que, según señala el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, no ha tenido la concertación tripartita de la que se ha hablado, se plantea un incremento salarial para el trabajador que devengue hasta dos salarios mínimos, que deberá ser igual al IPC (Índice de Precios al Consumidor) causado al 31 de diciembre del año anterior.
La mayor parte de las medidas incluidas en la reforma laboral implican mayores costos a la hora de contratar trabajadores. Pero para Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las micro y pequeñas empresas, “los cambios más costosos serán los referentes al pago de indemnizaciones, el contrato de aprendizaje y los recargos, tanto el nocturno como el de horas extras”.
Las indemnizaciones se volverán más onerosas y, de hecho, serían las más generosas en la historia del país. En el pasado, el pago más alto había sido establecido en la Ley 50 de 1990, cuando se determinó que un empleado despedido sin justa causa recibía 45 días por el primer año de haber permanecido en el empleo y 40 días de sueldo por los siguientes (si llevaba más de diez años en la compañía), ahora se pagarán 45 días de sueldo por el primer año laborado (si el empleado lleva solo un año) y 45 días por los subsiguientes.
Desde la perspectiva del Gobierno, la idea es desestimular los despidos, en línea con la idea de promover el contrato indefinido y el empleo estable. “Se mantiene el contrato por hora labor y el que se hace a término fijo para las labores que así lo requieran. Y se introduce el contrato a tiempo parcial, pero con pago de prestaciones sociales, que está dirigido principalmente a los trabajadores agropecuarios”, sostuvo la ministra de Trabajo.
Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, es crítico de la reforma, pues considera que no se atacan los problemas fundamentales del mercado laboral. “El Gobierno desea mejorar el ingreso, aumentar el tiempo libre y dignificar el empleo, objetivos válidos y deseables. Pero aumentan el costo laboral. Me pregunto si no sería mejor aumentar la productividad y el empleo primero, no al revés”, dijo el economista.
Más ingresos
El Gobierno parte de la premisa de que a nadie le conviene más que el trabajador tenga plata en el bolsillo que al empresario, pues así tendrá para consumir lo que él produce, pero lo habitual en Colombia ha sido la teoría de que, a mayor costo de la nómina, menor generación de empleo. La nueva manera de pagar las horas extras, el recargo nocturno y el pago de dominicales también preocupa a los empleadores.
En la Ley 789 de 2002, se eliminó el pago de recargo nocturno entre las seis y las diez de la noche. Posteriormente, en 2017, fue introducida una modificación para que se pague un adicional después de las nueve de la noche, lo que, según se expresa en el proyecto de ley, “implicó una recuperación de apenas una hora de recargo nocturno por parte de los trabajadores”.
“Es un modo de compensar las alteraciones personales, físicas, psíquicas, familiares y sociales que experimentan quienes laboran en la noche o en días destinados socialmente al descanso”, se argumenta en el proyecto.
Voces como la de Mauricio Montealegre, de la firma de abogados Gómez Pinzón, expresan que “adoptar la reforma laboral representará un incremento en el costo de los empleadores formales, lo cual, sumado a la reforma tributaria, configura el caldo de cultivo para la disminución de personal, de condiciones laborales y, en algunos casos, el cierre de empresas o emprendimientos con alto potencial”.
La reforma laboral, según explicaciones de Iván Camilo Jiménez, mantiene la gradualidad en la reducción de la jornada de trabajo semanal, que, de acuerdo con una ley anterior, bajará de 48 horas en la actualidad a 42 en 2026. También introducen el aumento de la licencia de paternidad de manera progresiva, hasta llegar a 12 semanas en 2025. “Las licencias, para madre y padre, siguen a cargo de las EPS, lo curioso es que la reforma a la salud las querían acabar”, expresa Jiménez.
Y los trabajadores pagarían una cuota por beneficio convencional, aun sin ser sindicalizados, lo que podría terminar siendo violatorio del derecho individual a la asociación. El mensaje final del académico de la Javeriana es que las personas que hoy están desempleadas y en la informalidad no tienen ninguna respuesta con la reforma. Por ello, la lupa del Congreso de la República será clave.
El Gobierno parte de la premisa de que a nadie le conviene más que el trabajador tenga plata en el bolsillo que al empresario, pues así tendrá para consumir lo que él produce, pero lo habitual en Colombia ha sido la teoría de que, a mayor costo de la nómina, menor generación de empleo. La nueva manera de pagar las horas extras, el recargo nocturno y el pago de dominicales también preocupa a los empleadores.
En la Ley 789 de 2002, se eliminó el pago de recargo nocturno entre las seis y las diez de la noche. Posteriormente, en 2017, fue introducida una modificación para que se pague un adicional después de las nueve de la noche, lo que, según se expresa en el proyecto de ley, “implicó una recuperación de apenas una hora de recargo nocturno por parte de los trabajadores”.
“Es un modo de compensar las alteraciones personales, físicas, psíquicas, familiares y sociales que experimentan quienes laboran en la noche o en días destinados socialmente al descanso”, se argumenta en el proyecto.
Voces como la de Mauricio Montealegre, de la firma de abogados Gómez Pinzón, expresan que “adoptar la reforma laboral representará un incremento en el costo de los empleadores formales, lo cual, sumado a la reforma tributaria, configura el caldo de cultivo para la disminución de personal, de condiciones laborales y, en algunos casos, el cierre de empresas o emprendimientos con alto potencial”.
La reforma laboral, según explicaciones de Iván Camilo Jiménez, mantiene la gradualidad en la reducción de la jornada de trabajo semanal, que, de acuerdo con una ley anterior, bajará de 48 horas en la actualidad a 42 en 2026. También introducen el aumento de la licencia de paternidad de manera progresiva, hasta llegar a 12 semanas en 2025. “Las licencias, para madre y padre, siguen a cargo de las EPS, lo curioso es que la reforma a la salud las querían acabar”, expresa Jiménez.
Y los trabajadores pagarían una cuota por beneficio convencional, aun sin ser sindicalizados, lo que podría terminar siendo violatorio del derecho individual a la asociación. El mensaje final del académico de la Javeriana es que las personas que hoy están desempleadas y en la informalidad no tienen ninguna respuesta con la reforma. Por ello, la lupa del Congreso de la República será clave.
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