El coronavirus destapa el drama del alquiler y las
tensiones del Gobierno
La crisis sanitaria y económica a
causa de la pandemia del coronavirus empuja al Gobierno a tomar medidas
extraordinarias para paliar sus efectos. La economía de los hogares españoles
preocupa, y mucho, pero las tensiones internas del Ejecutivo afloran y
no es fácil ponerse de acuerdo.
Este martes la suerte está echada, y
será el Consejo de Ministros el que decida si se aprueba, o no, una moratoria
en el pago del alquiler, o si tienen un plan mejor.
Tras decretarse el Estado de alarma,
el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una moratoria en el pago de la cuota de la
hipoteca. Pero solo se refirió al sector del alquiler para abogar por un entendimiento
entre casero e inquilino para evitar el impago.
La polémica está servida. Desde Podemos piden que se apruebe
una moratoria en el pago de la cuota del alquiler destinada a
aquellas familias que, tras los efectos del Covid-19, se encuentren en
situación de vulnerabilidad y sean incapaces de afrontar el pago.
Pero esta idea fue muy debatida
por Nadia Calviño, que insiste en que esta medida ahogaría aún más a las
familias, ya que el 96% de las viviendas en alquiler en España están en manos
de propietarios particulares. Por lo que la moratoria supondría el
empobrecimiento para estos arrendadores, que muchos de ellos
cuentan con esta cuota para hacer frente a sus pagos. Por su parte, desde las
filas de Pedro Sánchez barajan otra posibilidad: una línea de crédito avalado
por el Estado sin intereses, o con intereses muy bajos y con un plazo
de retorno de entre tres y seis años.
El plan mezcla las dos propuestas que
estaban sobre la mesa del Consejo de Ministros. Por un lado, lanzará una línea
de microcréditos avalados por el Estado con hasta 100 millones de euros para
los inquilinos de propietarios particulares, y una moratoria de hasta
cuatro meses para arrendatarios de grandes tenedores.
RIESGOS DEL MICROCRÉDITO
En declaraciones a MERCA2,
el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas
de Madrid, Julián Salcedo, explica que, aunque este crédito sea concedido
por el ICO, “si los arrendatarios son muy vulnerables, los créditos no
serán devueltos nunca y acabará siendo el Estado quien asuma el
quebranto”.
Y se muestra a favor de movilizar los
fondos aprobados para el vigente Plan Estatal de Viviendas (VPEV), para
conceder las ayudas a las familias en quiebra, pero “no deja de ser vestir
un santo para desvestir a otro”, y añade que “el Gobierno se olvida de que la
utilización de los fondos del PEV corresponde a las comunidades autónomas”.
Además, Salcedo insiste en que “el
Estado, en colaboración con las CCAA, debe mantener un adecuado equilibrio
en las medidas que apruebe para arrendadores y arrendatarios. A los caseros, lo
importante es darles seguridad, confianza, tranquilidad, y hacerlo ya”.
Entre las medidas más viables, Julián
Salcedo destaca una prórroga, un aplazamiento de la renta, por un período
suficientemente amplio, no menor a tres meses, susceptible de ser prorrogado
por otro plazo igual, dependiendo de la evolución del Covid-19 y de sus
circunstancias personales. “A los arrendadores es a quienes tiene que facilitar
la liquidez suficiente para recibir sus rentas (o la parte más
significativa de ellas) en el plazo que las tenían previstas”, afirma.
EQUILIBRIO ENTRE PROPIETARIO E
INQUILINO
Por su parte, según ha explicado a
este medio el director de estudios de Pisos.com, Ferran
Font, “existe, por un lado, hay la necesidad de proteger a aquellas
familias en situación de vulnerabilidad pero, por otro lado, está la voluntad
de defender los derechos de los propietarios, que en su gran mayoría son
particulares, a cobrar un alquiler que en muchos casos es un complemento
necesario a sus ingresos regulares para seguir con su día a día”.
Hasta la fecha, el Gobierno defendía
la moratoria únicamente en las hipotecas, “por el hecho de que detrás de los
créditos hay una entidad bancaria con la que se puede tratar de manera más o
menos unificada, mientras que resultaría imposible gestionar el impacto
que tendría esta moratoria en los alquileres si se tuviera que gestionar
cada caso individualmente y, menos aún, las graves consecuencias económicas que
tendría en la economía de las familias de los pequeños propietarios”, asegura
Font.
Desde Pisos.com insisten
en que “es cierto que hay que defender a las familias en situación de
vulnerabilidad y éste debe ser un trabajo de todos. Los profesionales tenedores
de vivienda en alquiler han empezado a poner de su parte anunciando moratorias
en el pago del alquiler, mientras el Gobierno ha anunciado la paralización de
los desahucios durante seis meses de las familias en situación de
vulnerabilidad” y apunta que “el Estado debería encontrar la manera de ayudar
a estas familias vía ayudas directas o pagos aplazados, pero sin necesidad
de trasladar el problema de unas familias a otras”.
MEDIDAS RÁPIDAS Y SIN BUROCRACIA
Fuentes próximas a la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA),
se muestran a favor de “rescatar a los inquilinos en situación de
vulnerabilidad”, pero alerta de que se trata de un mercado mayoritariamente
entre particulares “y si se ayuda a arrendatarios, no se puede
desfavorecer arrendadores”.
En este sentido, apuestan por aplicar
la misma medida de forma equitativa “ambos deben recibir la misma ayuda” y
añade que “estas medidas deben ejecutarse con rapidez y sin picaresca”,
por lo que defienden un proceso ágil y sin retrasos burocráticos.
“Lo importante es entender que la
renta no puede quedar en suspensión a la espera de que se conceda el
posible crédito, porque si no el propietario se hunde también. Lo fundamental
es que el Gobierno entienda que el alquiler consta de dos partes y hay que
ayudarles por igual, para que no se desequilibre”.
Por último, desde la Asociación
de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), aplaude el apoyo
directo a inquilinos en forma de microcréditos, pero califican de “injusta”
la discriminación entre tipos de ahorro, imponiendo la obligación solo a los
grandes tenedores de financiar a su cargo estas rentas aplazadas, que les
conducirá “a una bola de deuda con un altísimo volumen de impago”.
Una discriminación que, según Julián
Salcedo, podría ser “incluso inconstitucional, “y será con toda
seguridad objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, admitido a
trámite, pero cuando salga la sentencia el daño ya estará hecho”.
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