Coronavirus / AGENCIA UNOEl gobierno debe hacer una política laboral pensada mucho más allá de la que en definitiva llegue a ser su fecha de término, por lo cual, subsidios y bonos por despido son medidas cortoplacistas que nos dejarán con una crisis explotada a la vuelta de la esquina. Se requiere un acuerdo político para evitar que los puestos de trabajo se destruyan y eso, en los países que se encuentran en fases posteriores a la que hoy experimentamos en Chile, ha significado activar grandes negociaciones acerca de las condiciones para que las empresas que lo requieran puedan suspender la actividad si es necesario, y los trabajadores y trabajadoras puedan recibir salarios o alguna forma de reemplazo mientras estemos en crisis.
El desafío que impone la crisis sanitaria global por el coronavirus y que trae consigo una crisis económica de las mismas dimensiones, implica lograr al máximo dos cuestiones centrales: resguardar la vida de las personas y evitar la destrucción de los puestos de trabajo.
Eso significa que nada de lo que estamos discutiendo resuelve lo antes expuesto. Un trabajador puede negarse a trabajar si sus condiciones de higiene y seguridad no están garantizadas, tanto por su derecho fundamental de huelga como por el art. 184 bis del Código del Trabajo, pero finalmente, en Chile, puede ser despedido de forma indemnizada. Podría aprobarse la propuesta del Frente Amplio y que se excluya la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor como causal de despido, pero es difícil negar que sea procedente la causal necesidades de la empresa ante la baja de productividad que se va a verificar.
Asimismo, se puede aprobar o no la ley de teletrabajo pero lo complejo es lograr que se aplique de inmediato porque no es fácil reorganizar la actividad con la celeridad que el contexto exige sin la existencia de una cultura negociadora con la organización de los trabajadores y trabajadoras, cuya ausencia se nota cada vez que este país vive una catástrofe, que los es por la gravedad de los eventos y no por su infrecuencia.
La crisis de hoy significa no solo que quien pueda trabajar a distancia lo haga, sino que trabajen solo aquellos cuya seguridad está garantizada, y eso actualmente es muy difícil, considérese las distancias físicas que deben darse entre trabajadores como una de las cuestiones básicas que impide la propagación del virus. Esas garantías son un deber del empleador y no meras decisiones económicas de un empresario.
El gobierno debe hacer una política laboral pensada mucho más allá de la que en definitiva llegue a ser su fecha de término, por lo cual, subsidios y bonos por despido son medidas cortoplacistas que nos dejarán con una crisis explotada a la vuelta de la esquina. Se requiere un acuerdo político para evitar que los puestos de trabajo se destruyan y eso, en los países que se encuentran en fases posteriores a la que hoy experimentamos en Chile, ha significado activar grandes negociaciones acerca de las condiciones para que las empresas que lo requieran puedan suspender la actividad si es necesario, y los trabajadores y trabajadoras puedan recibir salarios o alguna forma de reemplazo mientras estemos en crisis.
Cómo exactamente se logra eso, es lo que debiera resolverse en una negociación colectiva de nivel nacional que dé lugar a una política legal y que evidentemente representará un esfuerzo económico, privado y público serio, en que participen todas las partes sociales que tienen intereses en juego: empresarios, trabajadores y gobierno. Todo esto es necesario y posible siempre que el objetivo de resguardar la salud y de evitar la destrucción del empleo sean fines realmente compartidos. Siempre y cuando exista consciencia que, ante una crisis sanitaria seguida de una crisis económica de las dimensiones como las que se anuncian, el neoliberalismo que ha afectado a nuestro sistema de salud y que constituye a nuestras leyes laborales nos deje con particulares y profundas condiciones de vulnerabilidad que solo pueden ser ya no resueltas, pero al menos suficientemente mitigadas con buena política.
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