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Senado aprueba nueva ley de trabajo a distancia desde Puerto Rico
El Senado de Puerto Rico aprobó en sesión ordinaria del 30 de octubre, la nueva Ley para Facilitar la implementación del trabajo a distancia en la empresa privada.
El Proyecto de la Cámara 1745, de la autoría del presidente Rafael Hernández Montañez y el representante Domingo J. Torres, propone aclarar la aplicabilidad de las disposiciones estatutarias en materia de legislación protectora del trabajo para los empleados, tanto domiciliados como no domiciliados, que trabajan a distancia desde Puerto Rico.
La medida dispone la política pública sobre el trabajo a distancia en contexto de los cambios laborales ocurridos durante y después de la pandemia del COVID-19. De igual forma, la legislación plantea que el trabajo a distancia amplía las oportunidades de que puertorriqueños consigan empleos a distancia de industrias sin presencia en Puerto Rico.
Por lo cual, esta ley tiene como fin incentivar que los patronos sin presencia ni negocios locales estén dispuestos a reclutar personas que sean domiciliadas en Puerto Rico y permitir que estas personas trabajen a distancia desde aquí. A tales fines, esta ley establece claramente las disposiciones jurídicas de naturaleza laboral que serán aplicables a estos empleados y patronos y establece como política pública el fomentar que empleados y patronos consideren a Puerto Rico como el lugar ideal para trabajar a distancia, ya sea temporal o permanentemente.
De otra parte, la medida establece los criterios a cumplir sobre la aplicabilidad del derecho de empleo o legislación laboral y del trabajo a empleados y patronos. Además, se establece que el tratamiento contributivo de cualquier empleado rindiendo servicios a patronos estará determinado por la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de 2011, o su ley sucesora, y por la demás legislación tributaria vigente en Puerto Rico.
El proyecto legislativo fue aprobado con un informe positivo de la Comisión de Gobierno con enmiendas que deben ser consideradas por la Cámara de Representantes antes de que la medida pase a la aprobación o veto del gobernador Pedro Pierluisi.
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