El evento, que contó con la participación de invitados de Argentina, Brasil y Chile y con una participación de más de cien delegados sindicales de todo el país, no solamente analizó el impacto de las nuevas tecnologías en la producción industrial, sino que estuvo fuertemente influido por el impacto de las políticas neoliberales que se aplican en los países vecino del Cono Sur y que impactan no solamente en la forma de producción, sino en las condiciones de vida de los trabajadores.
Lo que demostró el seminario, de acuerdo a los delegados sindicales presentes, es que las condiciones en las que se produce la aplicación de las nuevas tecnologías impactan en las condiciones en las que se desarrollan las relaciones de trabajo tanto o más que la propia innovación tecnológica.
En definitiva, el impacto de esa innovación depende del tipo de proyecto de desarrollo nacional que esté planteado, o de la ausencia del mismo.
El caso argentino
Un astillero sin barcos y sin gente, eso es lo que produjo el gobierno de Macri, de acuerdo a lo que denunció Diego Seimandi, integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado, CTA (autónoma). Seimandi trabaja desde hace 20 años en el Astillero Río Santiago, ubicado en la provincia de Buenos Aires, aseguró que la falta de una política de desarrollo nacional y de incorporación de tecnologías de punta en la industria naval, provocó que esa área -estratégica para el desarrollo nacional- haya quedado rezagada y su actividad se haya visto mermada hasta su mínima expresión.
El Astillero Río Santiago -cuya propiedad es 100% estatal- es la instalación metalmecánica más grande de la Argentina y una de los cinco más grandes del continente.
Seimandi, quien es también integrante de la Comisión Asesora de la Industria Naval Nacional y asesor de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, rescató la política aplicada durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes apoyaron el trabajo de esta industria, incorporando nuevas tecnologías y logrando capacidades de producción de punta.
En este período, se realizó un acuerdo de producción con Alemania que permitió la fabricación de cinco buques graneleros para ese país, producidos en tiempos récord e incorporando la experiencia para la optimización de los procesos, de forma tal que para el primer buque se necesitaron 48 meses, pero ya el quinto insumió solamente 18 meses.
Del mismo modo, se hizo un acuerdo con Venezuela para la producción de dos buques súper petroleros de más de 250 metros de eslora y de última tecnología. Uno de ellos -bautizado Eva Perón- fue terminado, sin embargo el gobierno de Macri impidió que se le entregara a la estatal Pdvsa (Petróleos de Venezuela, SA). El Ejecutivo paralizó también la construcción de la otra nave -denominada Juana Azurduy- motivado en consideraciones políticas, ya que Macri respalda el bloque impuesto a Venezuela por parte de los Estados Unidos.
El Astillero Río Santiago perdió también el contrato que tenía con la Armada argentina para la construcción de lanchas patrulleras que habían sido desarrolladas con inteligencia nacional y se producían con licencia japonesa, que incorporaban también alta tecnología en la producción. Las embarcaciones de este tipo que se utilizan ahora en Argentina son adquiridas en el extranjero sin ningún componente de trabajo ni de inteligencia nacional.
Este es un caso concreto que revela cómo la aplicación del modelo neoliberal, en este caso a través del alejamiento del Estado de las actividades productivas, genera la desincorporación de innovación en la industria y retraso tecnológico en industrias que no solamente generan mano de obra sino que contribuyen a la soberanía y a la creación de un proyecto de desarrollo nacional.
El caso Brasil
La situación no es igual en Brasil, donde la incorporación de nuevas tecnologías se ha producido de la mano con el retiro del Estado de los procesos de negociación colectiva e incluso de regulación de los contratos de trabajo.
El gobierno de Michel Temer, que surgió a raíz del golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016, eliminó el Ministerio de Trabajo y aprobó una serie de normas que desregulan el “mercado de trabajo” y que incluso habilitan -en pleno siglo XXI- el trabajo en condiciones de esclavitud.
Así lo expresó Maicon Vasconcelos, quien es trabajador metalúrgico desde hace 27 años en la fábrica Mercedes Benz, ubicada en el ABC paulista, y quien desde hace 22 años milita en la Confederación Nacional de Metalúrgicos, integrante de la CUT.
Las leyes aprobadas en materia de negociación permiten la contratación “a cambio de un lugar donde dormir y un plato de comida”. Del mismo modo, se eliminaron las limitaciones a la jornada laboral, de forma que se pueden establecer jornadas que superen las 12, 14 o más horas.
Aunque se supone que esos convenios laborales individuales cuentan con el acuerdo del trabajador, en una relación completamente desigual como es la que se produce entre un trabajador y un obrero, no cuesta trabajo imaginar quién acepta las condiciones de quién, señaló Vasconcelos.
El dirigente sindical brasileño, único latinoamericano en la dirección del sindicato mundial de la Mercedes-Benz, relató también que el aumento de 47% que habían obtenido los trabajadores metalúrgicos como parte de los procesos de negociación colectiva ha ido retrocediendo desde que asumieran los gobiernos neoliberales.
Al no haber contrapeso de la organización de los trabajadores a las intenciones de los patrones, la incorporación de nuevas tecnologías ha ido en desmedro de los puestos de trabajo y del salario de los trabajadores.
En lugar de reducir el esfuerzo físico en el trabajo, o de reducir la jornada, o de incrementar el salario por el aumento de la productividad, los empleadores embolsan la ganancia y el trabajador va a la calle o ve que se le reduce el salario o que le exigen aumentar la jornada de trabajo.
Sin embargo, Vasconcelos -quien es licenciado con posgrado en Economía y Relaciones de Trabajo y tiene una maestría en Economía Política Mundial- explicó que en los países centrales la incorporación de robotización y/o digitalización de procesos ha permitido disminuir los trabajos de riesgo y reducir la carga física del trabajo.
“Los trabajadores pueden estar simulando que sueldan, mientras están en una oficina con aire acondicionado, mientras un brazo robótico es el que está frente al metal, liberando al obrero de la exposición al calor, sustancias cancerígenas, condiciones de riesgo como el trabajo en altura, entre otras”, afirmó.
Vasconcelos destacó que en Alemania -donde por supuesto está la casa matriz de la Mercedes-Benz- el Estado juega un papel protagónico en la incorporación de nuevas tecnologías en la industria y estableciendo mecanismos regulatorios -por ejemplo a través de impuestos y del establecimiento de normas- para que su implementación no solamente no reduzca puestos de trabajo, sino para establecer un proyecto de desarrollo nacional y regional que mejore las condiciones de vida de los trabajadores.
“Y en esto, todo tiene que ver que existan sindicatos fuertes”, expresó.
El caso chileno
Chile es el único caso en el que el neoliberalismo se ha expresado en estado puro. A esto contribuyó la dictadura de Augusto Pinochet que aplicó a sangre y fuego los intereses de los patrones y del imperialismo norteamericano y los sucesivos gobiernos democráticos que han sido muy tibios -cuando no reacios- a establecer normas que permitan regular las condiciones de trabajo en los distintos sectores de la economía. Así lo explicó Miguel Soto, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical de Trabajadores Metalúrgicos de Chile (Constramet), quien destacó que en su país está en pleno proceso de debate una norma que permita la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales, como mecanismo para impedir la pérdida de puestos de trabajo.
Soto explicó que los estudios en la materia muestran que para 2025, la pérdida de plazas laborales en ese país llegaría a casi tres millones y medio de personas, fundamentalmente a raíz de la incorporación de nuevas tecnologías.
La reducción de la jornada laboral, que en este momento es en ese país de 45 horas, permitiría paliar esa pérdida, al tiempo que mejoraría las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores chilenos.
Sin embargo, tanto los empleadores como el gobierno de ese país se han opuesto a la medida, que está en pleno proceso de debate parlamentario y que los trabajadores defienden no solamente como un derecho de los trabajadores a participar de esa manera del aumento de la productividad, sino como mecanismo para lograr que se mantengan los puestos de trabajo decentes y estables.
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