El polémico Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier
Milei continúa generando repercusiones por los profundos cambios que
intenta instalar el gobierno nacional, que para la mayoría de especialistas en
derecho, es “anticonstitucional”.
En ese marco, la reforma laboral,
que por normativa comenzaría a regir en los próximos días, de no mediar
la intervención del
Congreso o de la Justicia, implica una modificación en extensión
del período de prueba, llevándolo de 3 a 8 meses, la reducción
de la indemnización por despido, entre otros puntos.
El DNU además pone en discusión
una cuestión legal fundamental: que la ley tenga un efecto retroactivo, es
decir que pueda tener validez sobre el pasado, que afectaría no solo a los
nuevos contratos laborales sino a los anteriormente firmados.
"Yendo a la cuestión de fondo, el DNU
avanza sobre las normas relativas al derecho individual del trabajo y las
relaciones de cualquier trabajador con el empleador y el colectivo, el derecho
de los trabajadores a organizarse en sindicatos", afirmó el abogado
laboralista Daniel Lanza. Y remarcó que "el DNU es
anticonstitucional”, ya que rompe con el principio que para realizar ese
decreto, “no hay un hecho grave e inminente, como una pandemia, guerra
o desastre natural” por lo que resulta, analizó, “de extrema gravedad
institucional”.
En declaraciones a 0223, el
especialista en derecho constitucional, puso en contexto histórico al período
de prueba, “que hasta los 90´no existían en el mundo y desde ese momento
comenzaron a surgir en todos lados y en la Argentina con el neoliberalismo.
Ahí comenzó a desmantelarse el `Estado de Bienestar´ y
con una ofensiva permanente del capital sobre el mundo del trabajo”,
reflexionó.
En ese punto, el también docente en
Derecho Político de la Unmdp, consideró que extender el período de prueba en el
país, “no tiene sentido común”, debido a que 8 meses es un tiempo excesivo
para que un empleador determine si el trabajador es apto o no y eso “es inadmisible”.
“Esto quiere abaratar tanto el ingreso
como la salida del trabajador. No tiene derecho ni indemnización. Y con esta
normativa y en la época económica en
que estamos viviendo, es difícil
que las relaciones laborales sean de larga data”, evaluó.
El DNU de Milei establece que cada gremio
pueda negociar con el sector empresario que le corresponda, el reemplazo del
actual sistema de indemnizaciones por despidos sin causa por un
régimen similar al que rige para la Uocra, donde cada empleador debe depositar
dinero en un fondo de desempleo. Para Lanza, esto no sería
aplicable para el resto de las actividades económicas. “En ese rubro
tiene sentido y es particular porque cuando se termina una obra, se tiene que
indemnizar”, razonó.
Ante la consulta de 0223,
acerca si las indemnizaciones, con la reforma laboral afecta a todos los
trabajadores en actividad, Lanza mostró su preocupación. “Eso será una
discusión en Tribunales. Qué pasa con los contratos de trabajo que se hicieron
antes del DNU. Si la indemnización por despido sin causa es con la
normativa vigente cuando se celebró el contrato o la normativa vigente en
momento en que se extinguió ese contrato. No hay ninguna garantía que
te ampare por la legislación”.
“Como conclusión, es falaz el argumento
que esgrime el gobierno, que facilitaría la contratación de trabajadores. En
Argentina ahora hay un 6,3% de desocupación, la tasa más baja desde 1991. El
problema ahora es la depreciación de los salarios por la inflación pero no el
empleo. Y por otro lado, va a fomentar. lo que algunos denominan como la
industria del Juicio, esto si se convalida esto".
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