Trabajo. Democratizar. Desmercantilizar. Descontaminar
¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres
humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El personal
médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto, de caja… todas
esas personas que nos han permitido sobrevivir durante este periodo de
confinamiento son la viva muestra de ello. Esta pandemia ha revelado
también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera “mercancía”. Los
servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son
actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no hacerlo,
correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las
personas más débiles y necesitadas. ¿Qué hacer para evitar semejante escenario?
Hay que permitir a los y las trabajadoras participar en las decisiones, es
decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar
el trabajo, es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a
todas y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo
tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos
transformaciones estratégicas nos permitirían no solo garantizar la dignidad de
cada persona, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el
planeta.
Democratizar. Mientras
quienes podemos, permanecemos confinadas, los (y especialmente, las) que forman
parte del personal esencial, en particular las personas racializadas, migrantes
y que trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar
servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y de la
ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave que el
capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en meros
“recursos”, intenta siempre invisibilizar: y es que, sin personas dispuestas a
invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que valga.
Por otra parte, los confinados
(y, en especial, las confinadas) están movilizando todo lo que está en su mano
para lograr, desde sus domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones,
demostrando así de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de
un empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de confianza
para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada día, los y las
trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada” cualquiera de la
empresa: son SU parte constitutiva. Sin embargo, se les niega aún con demasiada
frecuencia el derecho a participar en el gobierno empresarial, monopolizado por
quienes aportan capital.
Si nos preguntamos seriamente
cómo podrían las empresas y la sociedad en su conjunto expresar su
reconocimiento hacia los y las trabajadoras, parece evidente que tendría que
aplanarse la curva para las remuneraciones más altas e iniciarse ésta desde un
nivel más alto para el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del
mismo modo en que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho
de voto a las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de
guerra, hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las
inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la empresa. Se
trata de una transformación absolutamente necesaria.
En Europa, la representación de
quienes invierten su trabajo en la empresa comenzó a establecerse a través de
comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “Cámaras” de
representación de los y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles,
dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el
accionariado. Estas Cámaras han sido incapaces de bloquear la dinámica propia
del capital, que busca acumular para sí mismo, mientras destruye el planeta.
Estas Cámaras de representación de los y las trabajadoras deberían en lo
sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los consejos de
administración, con el fin de someter el gobierno empresarial (es decir, la
dirección al más alto nivel) a un sistema de doble mayoría.
En Alemania, Países Bajos y los
países escandinavos, las diferentes formas de cogestión o codecisión
(Mitbestimmung) que se pusieron progresivamente en marcha después de la Segunda
Guerra Mundial representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar
una verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el
derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy voces
que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir
representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los
consejos de administración. Nombrar al Director (o, mejor aún, a la directora)
General, decidir sobre la estrategia empresarial, o sobre cómo se reparten los
beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado importantes como para ser
dejadas exclusivamente en manos de la representación accionarial. Quienes
invierten en la empresa su trabajo, su salud, y, en definitiva, su propia vida,
deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.
Desmercantilizar. Esta
crisis ilustra también hasta qué punto el trabajo no debería tratarse como
mercancía. La crisis demuestra que no podemos dejar decisiones colectivas tan
importantes en manos de los mecanismos del mercado. La creación de puestos de
trabajo en los sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento
de material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la
rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño. Nuestras decenas
de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades colectivas
estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la mercantilización. Quienes
aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos ponen a todos en grave peligro.
La lógica de la rentabilidad no puede decidirlo todo. Al igual que ciertos
sectores han de protegerse de las leyes del mercado no regulado, también ha de
poder garantizarse a cada cual un trabajo digno.
Una forma de alcanzar ese
objetivo es a través de una Garantía de empleo, que ofrezca la posibilidad a
cada ciudadano y ciudadana de tener un empleo. El artículo 23 de la Declaración
Universal de los derechos humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo
libremente elegido, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una
protección contra el desempleo. En este sentido, la Garantía de empleo
permitiría no solo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también
que, colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a
las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos
enfrentamos. Una Garantía de Empleo puesta a disposición de las comunidades y
administraciones locales permitiría, en concreto, contribuir a evitar el
colapso climático, y al mismo tiempo garantizar un futuro digno a todas las
personas. La Unión Europea debería poner los medios necesarios para impulsar
semejante proyecto en el marco de su Green Deal. Si revisara la misión de su
Banco Central, para que éste pudiera financiar tal programa, necesario para
nuestra supervivencia, la UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Ofreciendo una solución
anticíclica al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE
demostraría su compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de
nuestras sociedades democráticas.
Descontaminar. No
repitamos los errores de 2008: aquella crisis se saldó con el rescate
incondicional del sector financiero, profundizando la deuda pública. Si
nuestros estados vuelven hoy a intervenir la economía, es importante que al
menos pueda exigirse a las empresas beneficiarias su adecuación al marco
general de la democracia. El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la
cual sirve y que lo constituye, y en nombre también de su responsabilidad para
velar por nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su
intervención a cambios en la orientación estratégica de las empresas
intervenidas. Más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales,
debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las
empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición
ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con gobiernos democráticos;
aquellas en las que tanto inversoras de capital como de trabajo puedan hacer
oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. Esto
no debe sorprender: bajo el régimen actual, el compromiso
capital/trabajo/planeta resulta siempre desfavorable al trabajo y al planeta.
Como han demostrado los ingenieros de la Universidad de Cambridge Cullen,
Allwood y Borgstein (Envir. Sc. Tech. 2011 45, 1711–1718), si se establecieran
“modificaciones realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse un
73% del consumo mundial de energía. Pero estos cambios implicarían más mano de
obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las empresas
sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes aportan capital,
¿de qué lado creen ustedes que se decantará la decisión, en un momento en que
el coste de la energía es irrisorio?
A pesar de los desafíos que
tales cambios implican, algunas cooperativas o empresas de la economía social y
solidaria, proponiéndose objetivos híbridos (financieros a la par que sociales
y medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos, han
demostrado ya que ésta es una vía creíble.
No nos hagamos ilusiones.
Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan capital no se
preocuparán ni de la dignidad de las personas que invierten su trabajo, ni de
la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho
más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y
desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta.
*La lista completa de los firmantes del
manifiesto, en la que destacan reconocidos nombres como Thomas Piketty, James
K, Galbraith, Benjamin Sachs, se puede consultar a través del siguiente enlace: https://democratizingwork.org/
[Este artículo se publica junto
a otros 34 medios, entre los cuales Le Monde, Die Zeit, Boston Globe, Le Soir,
De Morgen y The
Guardian ]
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